Los cinco procesados por el crimen de la joven embarazada de ocho meses no aceptaron los cargos, aún así fueron enviado a la cárcel.
La indignación por el feminicidio de María Camila Potosí Gómez, la joven de 21 años asesinada en Cali cuando tenía ocho meses de embarazo, aumentó tras conocerse el comportamiento que asumieron los cinco capturados durante la audiencia de imputación de cargos. Según quedó registrado en la diligencia judicial, algunos de los procesados sonrieron, intercambiaron comentarios y realizaron gestos que fueron interpretados por los asistentes como una actitud de burla frente a la gravedad de los hechos que se les atribuyen.
El comportamiento de los investigados provocó rechazo en redes sociales y entre distintos sectores de la opinión pública, que cuestionaron la aparente falta de arrepentimiento de los implicados en uno de los crímenes más estremecedores registrados en Colombia durante este año.
La Fiscalía General de la Nación imputó a Juliet Cecilia Angulo Escobar, señalada como la presunta autora intelectual del crimen, además de Nidson Steven Mondragón Cuero, Edwin García Zuluaga, Kevin Alexis López Orozco y Juan José Narváez Rodríguez, quienes, de acuerdo con la investigación, habrían participado en la planeación, ejecución y posterior ocultamiento de pruebas. Ninguno aceptó los cargos formulados por el ente acusador.
Durante la audiencia, el fiscal del caso presentó una reconstrucción detallada de los hechos y sostuvo que el asesinato fue planeado durante varias semanas. La hipótesis de la investigación indica que Juliet Angulo fingió estar embarazada para ganarse la confianza de María Camila, a quien conoció a través de un programa dirigido a mujeres gestantes del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
Según la Fiscalía, la procesada habría desarrollado un plan para apropiarse de la bebé que esperaba la víctima y hacerla pasar como hija propia, luego de no haber logrado un embarazo. Para ello, habría contactado a los demás implicados semanas antes del crimen y coordinado cada una de las acciones que terminaron con el asesinato de la joven. Entre las pruebas expuestas figuran conversaciones de WhatsApp en las que la mujer preguntaba cuánto costaba aprender a manejar un arma y si conocían personas que hicieran «cositas malas».
La investigación señala que el 16 de julio de 2026 Angulo pasó por María Camila hasta su vivienda con el supuesto propósito de acompañarla a una cita médica. Cámaras de seguridad registraron a ambas movilizándose en una motocicleta, siendo esa la última vez que la víctima fue vista con vida. Horas después, habría sido llevada a una vivienda en el sector de Alto Polvorines, donde, según la Fiscalía, fue sometida a una cesárea mientras aún estaba con vida para extraerle a su bebé. Posteriormente fue asesinada y su cuerpo abandonado cerca del río Meléndez.
Las autoridades también expusieron que el crimen habría tenido un costo cercano a los cuatro millones de pesos, dinero que, presuntamente, fue repartido entre los participantes de acuerdo con el papel desempeñado por cada uno dentro del plan criminal.
Días después del hallazgo del cuerpo de María Camila, investigadores del CTI y de la Policía encontraron restos humanos que corresponderían a Aleiah, la bebé que esperaba la joven, aunque Medicina Legal continúa adelantando los análisis científicos para confirmar plenamente su identidad.
Tras valorar el abundante material probatorio presentado por la Fiscalía, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad contra los cinco procesados mientras avanza la investigación por los delitos de feminicidio agravado, secuestro, desaparición forzada, ocultamiento y alteración de material probatorio, entre otros cargos relacionados con este caso que ha conmocionado al país.
