Así fue confirmado por la Fiscalía. Según el ente acusador, el exfuncionario habría recurrido a un grupo delincuencial para intimidar a dos contratistas y exigirles una millonaria suma de dinero.
El exmandatario es investigado por presuntos delitos de extorsión y secuestro extorsivo. Su caso reabre el debate sobre la inestabilidad institucional en el archipiélago y revive un antecedente de defensa jurídica a cargo de la firma del hoy precandidato presidencial Abelardo de la Espriella, un hecho distinto que no implica conexión con la actual captura.
La captura de Everth Hawkins Sjogreen, exgobernador del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, investigado por la Fiscalía General de la Nación por presuntos delitos de extorsión y secuestro extorsivo, volvió a poner en el centro de la atención nacional el complejo panorama judicial y político que enfrenta el departamento insular desde hace más de una década.
De acuerdo con la información preliminar conocida en las últimas horas, la diligencia fue adelantada por autoridades judiciales en el marco de una investigación en curso. Hasta el momento, el ente acusador no ha revelado en detalle los hechos, las víctimas ni el material probatorio que sustentaría la imputación. Como corresponde en esta etapa procesal, Hawkins goza de la presunción de inocencia y su situación jurídica deberá definirse en audiencias de legalización de captura, imputación de cargos y medida de aseguramiento, con todas las garantías del debido proceso.
El silencio oficial sobre el expediente ha dado lugar a múltiples interpretaciones y ha elevado la expectativa pública, en un departamento donde los escándalos de corrupción y las caídas de mandatarios se han vuelto recurrentes.
Everth Hawkins, político raizal y administrador de profesión, fue elegido gobernador de San Andrés para el periodo 2020-2023 con el aval de partidos tradicionales. Diputado del departamento en periodos anteriores y con una amplia base electoral en la comunidad isleña, llegó al cargo con la promesa de atender la crisis social, sanitaria y de infraestructura del archipiélago.
Su administración, sin embargo, estuvo marcada desde muy temprano por investigaciones disciplinarias, fiscales y penales. En 2020, en plena pandemia de covid-19, la Procuraduría General y la Contraloría abrieron indagaciones por presuntas irregularidades en contratación, entre ellas millonarios contratos para ayudas humanitarias y elementos de bioseguridad que habrían presentado sobrecostos.
A ello se sumó una demanda de nulidad electoral ante el Consejo de Estado por presunta doble militancia, que puso en riesgo su permanencia en el cargo. Aunque Hawkins logró mantenerse como gobernador y culminar su periodo en medio de suspensiones temporales y controversias, su nombre quedó asociado al largo listado de mandatarios del archipiélago cuestionados por la justicia.
No es un antecedente aislado. En los últimos 15 años, San Andrés ha visto como varios de sus gobernadores terminaron procesados o condenados: Aury Guerrero Bowie, condenada por corrupción relacionada con desfalcos a la salud y la educación; Ronald Housni Jaller, condenado por irregularidades en contratación; y otros mandatarios encargados investigados por corrupción y nexos con redes ilegales. Analistas coinciden en que la combinación de aislamiento geográfico, economías ilegales vinculadas al narcotráfico, debilidad institucional y alta rotación política ha creado un entorno de vulnerabilidad para la gobernabilidad.
En ese contexto se inscribe la actual captura de Hawkins, que de confirmarse los cargos más graves de extorsión y secuestro extorsivo, marcaría un giro respecto a los procesos anteriores, hasta ahora centrados en delitos contra la administración pública, y no en delitos contra la libertad personal.
Tras conocerse la detención, volvió a circular un antecedente relevante: la firma De la Espriella Lawyers informó públicamente, en su momento, que había ejercido la defensa jurídica de Everth Hawkins en un proceso anterior y distinto al que hoy motiva su captura.
Según los registros públicos y las comunicaciones difundidas por la propia firma en redes sociales y medios en 2021 y 2022, el equipo jurídico liderado por el abogado Abelardo de la Espriella asumió la representación de Hawkins frente a acciones de nulidad electoral y procesos disciplinarios relacionados con su elección y su gestión. En esas publicaciones, la firma presentó el caso como parte de su ejercicio profesional en derecho electoral y disciplinario.
Ese hecho es verificable y forma parte del historial judicial del exgobernador. Sin embargo, hasta ahora no existe ningún pronunciamiento oficial de la Fiscalía ni de ninguna autoridad judicial que vincule a la firma de abogados, ni a su socio principal, con los hechos que hoy se investigan por extorsión y secuestro extorsivo
La coincidencia temporal entre la captura y el antecedente de la defensa ha generado interrogantes en redes sociales y en el debate político, especialmente porque Abelardo de la Espriella es hoy una figura pública de alto perfil, precandidato presidencial para 2026 y líder del movimiento Defensores de la Patria, con una activa exposición mediática.
Desde el punto de vista jurídico y periodístico, es fundamental hacer una distinción clara: la representación legal previa no implica responsabilidad penal en los hechos investigados, no demuestra participación en los mismos y no establece una conexión entre la captura actual y las actuaciones públicas o políticas posteriores de De la Espriella.
En el sistema judicial colombiano, los abogados pueden asumir la defensa técnica de cualquier ciudadano sin que ello suponga adhesión a su conducta ni corresponsabilidad por procesos futuros. El deber de la defensa es garantizar el derecho al debido proceso, independientemente de la persona representada.
Atribuir, insinuar o sugerir una relación causal entre haber sido defensor en un caso electoral o disciplinario de hace varios años y una investigación actual por delitos completamente diferentes, sin pruebas judiciales que lo sustenten, vulneraría la presunción de inocencia y las normas sobre buen nombre y honra.
Por ahora, el proceso contra Hawkins se encuentra en etapa preliminar. La Fiscalía deberá presentar ante un juez de control de garantías los elementos materiales probatorios, definir si imputa cargos y solicitar, si lo considera necesario, una medida de aseguramiento. La defensa del exgobernador tendrá el espacio para controvertir las pruebas, pedir la libertad y ejercer todos los recursos legales.
Mientras tanto, el caso deja dos lecturas paralelas. La primera, sobre la necesidad de que la justicia actúe con celeridad, transparencia y garantías, en un territorio donde la percepción de impunidad golpea la confianza ciudadana. La segunda, sobre la responsabilidad del debate público de no mezclar procesos judiciales distintos ni convertir antecedentes de representación legal en juicios políticos anticipados.
