Autoridades reportan homicidios, secuestros y un uso creciente de drones con explosivos contra la población civil en Norte de Santander.
La región del Catatumbo atraviesa una nueva escalada de violencia que ha desencadenado una grave crisis humanitaria en el municipio de El Tarra, Norte de Santander. La intensificación de los combates entre el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y las disidencias de las FARC ha obligado a cientos de familias campesinas e indígenas a abandonar sus territorios para proteger sus vidas, en medio de bombardeos y ataques que han convertido la zona rural del municipio en un escenario de terror.
La Defensoría del Pueblo confirmó que al menos 293 familias, equivalentes a 784 personas, han tenido que huir de sus hogares en los últimos días debido al recrudecimiento del conflicto. Los afectados provienen de las veredas Km 84, Km 92, El Mirador, Cañahuate, La Torcoroma, El Salado, Llano Alto y Brisas del Catatumbo, todas ubicadas en el área rural de El Tarra, donde las hostilidades entre los dos grupos armados dejaron a comunidades enteras atrapadas en medio del fuego cruzado.
«Expresamos nuestra profunda preocupación por la agudización de la situación humanitaria en la región del Catatumbo, donde continúan registrándose hechos de violencia que están generando nuevos desplazamientos masivos y aumentando los riesgos para la población civil», advirtió la Defensoría en un comunicado oficial.
A la crisis por desplazamiento se suman denuncias sobre homicidios, secuestros y ataques con drones cargados con explosivos, práctica que ha multiplicado el terror entre los habitantes de la región. Líderes sociales y defensores de derechos humanos reportaron que un grupo armado asesinó a dos personas y retuvo a varios ciudadanos cuyo paradero sigue siendo desconocido. Uno de los episodios más graves fue la detonación de un dron explosivo en zona rural de El Tarra, que causó la muerte de un adulto mayor y dejó varias personas heridas. Las dificultades de acceso y comunicación en el territorio han impedido establecer con precisión el alcance total de la emergencia humanitaria.
De acuerdo con las versiones de organizaciones no gubernamentales, la violencia también afecta a sectores como Filogringo y municipios como Tibú. Estas entidades han documentado más de 70 ataques contra la población y la fuerza pública, con un saldo superior a 20 personas fallecidas.
Frente a este panorama, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado urgente a los grupos armados para que respeten a la población civil y acaten las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH). Asimismo, solicitó a las autoridades nacionales, departamentales y municipales brindar atención inmediata a las familias desplazadas.
“Hacemos un llamado urgente a las autoridades nacionales, departamentales y municipales para garantizar atención humanitaria integral e inmediata a las familias desplazadas, así como para fortalecer las acciones de prevención y protección en el territorio. Además, instamos a que se activen los espacios de articulación y coordinación del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas”, puntualizó la entidad.
A esta solicitud se han sumado organizaciones sociales y autoridades locales del Catatumbo, que exigen un cese de hostilidades y el respeto estricto al DIH, con el fin de evitar que más familias resulten afectadas por una crisis que continúa profundizándose.
