Las denuncias reactivaron una investigación judicial que expone posibles fallas institucionales, luego de que el médico continuara ejerciendo pese a sanciones previas y múltiples señalamientos.
Las denuncias por presunto abuso sexual contra el urólogo Alberto Posada han reactivado una investigación judicial en la ciudad de Medellín, luego de que cerca de 50 mujeres decidieran relatar experiencias similares ocurridas durante consultas médicas. El caso, que se remonta a casi tres décadas, vuelve a encender las alarmas sobre la vigilancia a los profesionales de la salud y las posibles fallas institucionales que habrían permitido que el médico continuara ejerciendo pese a antecedentes disciplinarios.
De acuerdo con información revelada por Blu Radio, la única sanción formal contra Posada fue impuesta por el Tribunal de Ética Médica de Antioquia, que ordenó una suspensión de seis meses en el ejercicio profesional. Sin embargo, según explicó la presidenta de ese organismo, Clara Cossio, dicha sanción no se habría cumplido. Incluso, en 2017, la Clínica Las Vegas notificó a las autoridades que el urólogo seguía atendiendo pacientes a pesar de estar inhabilitado.
Los testimonios conocidos hasta ahora coinciden en describir patrones de comportamiento que, según las denunciantes, sobrepasaban los límites éticos y médicos. Una de las voces que ha tomado relevancia es la de Marcela Sierra, quien compartió su experiencia en el pódcast Vos Podes. Allí relató que acudió a consulta confiando en la reputación del médico, pero terminó enfrentando una situación que, asegura, dejó profundas secuelas emocionales.
“Yo llegué confiando en que era el médico de mi papá. Y resultó que fue el que me terminó generando un rayón gigante en mi autoestima y en mis relaciones”, afirmó Sierra. Según su testimonio, durante la consulta el especialista realizó procedimientos que no guardaban relación con el motivo clínico de su visita. La mujer aseguró que el médico inició un examen invasivo sin justificación médica, acompañado de comentarios y solicitudes inapropiadas que incrementaron su incomodidad.
De acuerdo con su relato, la situación se prolongó durante varios minutos, en los que intentó resistirse mientras el profesional insistía en continuar con el procedimiento. Posteriormente, el urólogo le habría indicado que debía agendar una nueva cita para realizar un examen “más profundo”, lo que aumentó sus sospechas sobre la conducta irregular.
Este caso ha impulsado a otras mujeres, de distintas épocas, a hacer públicas sus experiencias, lo que ha permitido identificar un posible patrón de comportamiento sostenido en el tiempo. Las denuncias también apuntan a que el médico habría construido una imagen de autoridad y confianza frente a sus pacientes, incluso atribuyéndose supuestos “poderes sanadores”, lo que, según las víctimas, facilitaba la manipulación y el silencio.
La reactivación de la investigación judicial no solo busca esclarecer las responsabilidades individuales, sino también determinar si existieron omisiones por parte de las instituciones encargadas de vigilar el ejercicio médico. El caso pone nuevamente en debate la efectividad de los mecanismos de control y la necesidad de fortalecer las rutas de denuncia para evitar que situaciones similares se repitan.
Mientras avanzan las indagaciones, las víctimas insisten en la importancia de visibilizar estos hechos como una forma de prevención y de respaldo para otras mujeres que puedan haber pasado por experiencias similares, en un contexto donde la confianza en el sistema de salud resulta fundamental y no debería ser vulnerada.
