Miles de personas se movilizaron en varias ciudades y municipios de Colombia contra el gobierno de extrema derecha de De la Espriella, quien respondió con amenazas de francotiradores y represión policial en ciudades como Medellín y Bogotá.
Miles de colombianos participaron el miércoles 14 de octubre en una jornada nacional de movilización convocada por sectores sindicales, organizaciones sociales, estudiantes, comunidades indígenas y fuerzas de oposición para expresar su inconformidad con las primeras decisiones del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, quien asumió el poder en agosto pasado.
Las manifestaciones se desarrollaron en Bogotá, Medellín, Cali, Popayán, Bucaramanga, Pereira, Manizales, Barranquilla, Cartagena, Ibagué, Santa Marta y otras ciudades, además de municipios como Saravena, Tame, Fortul, Ocaña, Yopal y Sogamoso, de acuerdo con reportes difundidos durante la jornada.
La convocatoria reunió diferentes reclamos relacionados con las políticas económicas, los derechos laborales, la educación pública, la situación de las comunidades indígenas y la defensa de los derechos humanos. También hubo expresiones de rechazo a la cercanía diplomática del Gobierno colombiano con Estados Unidos e Israel, que algunos manifestantes consideran contraria a la soberanía nacional.
Aunque numerosas concentraciones se desarrollaron sin incidentes graves, en algunas ciudades se presentaron enfrentamientos entre grupos de manifestantes y miembros de la Fuerza Pública.
En Popayán, la jornada tuvo momentos de tensión en el centro histórico, donde un grupo de encapuchados protagonizó disturbios y lanzó artefactos explosivos improvisados contra los uniformados. La Policía intervino con unidades de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), tanquetas y gases lacrimógenos. También se reportaron daños en las fachadas de la Gobernación del Cauca y la Alcaldía municipal.
La situación derivó en gestiones humanitarias para facilitar la salida de un grupo de personas que permanecía en la Facultad de Humanidades de la Universidad del Cauca, luego de los enfrentamientos. En el proceso participaron representantes de organismos de protección de derechos humanos y autoridades locales y departamentales.
En Medellín, las movilizaciones tuvieron un desarrollo mayoritariamente pacífico durante buena parte del día, pero posteriormente se registraron enfrentamientos entre encapuchados y policías en inmediaciones de la Universidad de Antioquia. Según reportes de prensa, hubo lanzamiento de artefactos explosivos improvisados, respuesta policial con gases lacrimógenos y conducción de al menos una persona a un centro de traslado por protección.
En Ibagué también se informó sobre intervenciones policiales y uso de gases lacrimógenos. Entretanto, organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron posibles excesos durante los procedimientos y solicitaron esclarecer las circunstancias de las detenciones, así como las presuntas agresiones contra periodistas y personas que cumplían labores humanitarias.
Estas denuncias deberán ser contrastadas con los informes oficiales y las evidencias disponibles para establecer si hubo actuaciones irregulares, lesiones o vulneraciones de derechos fundamentales.
La jornada de protesta estuvo precedida por la expedición del Decreto 1525 del 13 de octubre de 2026, mediante el cual el Gobierno modificó el protocolo de actuación de la Policía durante las manifestaciones públicas.
Según la explicación oficial, la norma establece nuevas reglas para el diálogo, la mediación y el uso de la fuerza, además de coordinar la intervención de las autoridades frente a hechos violentos y bloqueos viales. Uno de sus cambios permite intervenir contra quienes incurran en actos violentos sin esperar necesariamente a que termine el diálogo con el conjunto de los manifestantes
La modificación generó cuestionamientos de sectores de oposición y organizaciones defensoras de derechos humanos, que expresaron preocupación por el alcance de las facultades policiales y el riesgo de que se afecte el derecho a la protesta pacífica. El Gobierno, por su parte, sostiene que los cambios buscan proteger a la ciudadanía y garantizar el ejercicio de la movilización dentro de los límites establecidos por la ley.
Cabe recordar que el antiguo Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) fue reemplazado institucionalmente por la UNDMO, unidad encargada de intervenir en situaciones que alteren la convivencia y requieran acciones de diálogo y mantenimiento del orden.
Al entregar un balance de la jornada, el presidente Abelardo de la Espriella afirmó que el 98 % de las movilizaciones transcurrió pacíficamente y reportó seis capturas relacionadas con actos de vandalismo. Estas cifras corresponden al balance divulgado por el Ejecutivo y deberán contrastarse con los reportes consolidados de las autoridades locales y los organismos de control.
En Bogotá, además de las concentraciones y marchas, se reportaron afectaciones en estaciones, paraderos y vehículos de TransMilenio, así como cierres temporales que impactaron la movilidad de cientos de miles de usuarios. Las autoridades de transporte adelantaron labores para restablecer el servicio y recuperar la normalidad en los corredores afectados.
Por otra parte, las inquietudes expresadas por congresistas y organizaciones sociales sobre la presencia de personas armadas en edificios cercanos a algunos puntos de concentración requieren aclaraciones oficiales. Las versiones que las identifican como francotiradores no han sido confirmadas de manera independiente y no deben darse por establecidas sin información verificable.
La jornada dejó sobre la mesa el debate nacional sobre el derecho a la protesta, la respuesta de la Fuerza Pública y las garantías para periodistas, manifestantes y defensores de derechos humanos. Las denuncias sobre presuntas agresiones, detenciones irregulares y posibles vulneraciones deberán ser investigadas por las entidades competentes.
Mientras se conocen balances definitivos, las organizaciones convocantes mantienen sus críticas a las políticas gubernamentales y reclaman garantías para la movilización social. La respuesta institucional y el esclarecimiento de los hechos registrados en las distintas ciudades serán determinantes para establecer las responsabilidades correspondientes y garantizar el respeto por los derechos fundamentales.
