Por solicitud de las autoridades de Justicia y Paz, la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Justicia presentaron al Gobierno de los Estados Unidos el requerimiento formal para la extradición del sangriento exjefe de las AUC, Salvatore Mancuso Gómez quien paga una condena de 15 años en el país del norte.


El pedido de extradición fue elevado por la autoridad judicial competente y presentado por la vía diplomática al Gobierno de los Estados Unidos el pasado 15 de abril del presente año.

La Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Justicia y del Derecho trabajan articuladamente, y han prestado la colaboración requerida por la autoridad judicial para que el exparamilitar  Mancuso comparezca ante la jurisdicción colombiana, con el fin de garantizar la consecución de la verdad, reparación y no repetición que merecen las víctimas de los delitos que se le atribuyen.

El pasado 15 de febrero, en audiencia llevada a cabo en la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, se dictó medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario en contra del postulado Salvatore Mancuso Gómez, por los delitos de homicidio en persona protegida, desplazamiento forzado, desaparición forzada y otros.

Seguidamente, el magistrado negó la solicitud de sustitución de la medida impuesta al postulado por no haber demostrado buena conducta y sometimiento a programas de resocialización y por tener una imputación en justicia permanente por delitos cometidos luego de haberse desmovilizado en 2006.

En enero pasado, la Corte Suprema de Justicia negó la libertad del exparamilitar, luego de resolver un recurso de apelación que presentó la defensa de Mancuso contra la decisión del mismo magistrado de la Sala de Justicia y Paz de Barranquilla.

Así las cosas, el magistrado negó la sustitución de la medida de aseguramiento el 24 de octubre de 2019, porque sobre Mancuso pesa una investigación por los delitos de concierto para delinquir agravado en concurso con lavado de activos, atribuyéndole la conformación de una organización dedicada a dar apariencia de legalidad a dinero producto de actividades del narcotráfico.

El exjefe paramilitar, que ha reconocido su participación en por lo menos 300 asesinatos, entre ellos la masacre de El Salado, en Bolívar, ocurrida en febrero de 2000, en la que fueron asesinadas al menos 60 personas, cumple desde hace 12 años una condena en EE.UU. por narcotráfico.

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