La solicitud está relacionada con la investigación por las masacres de El Aro y La Granja y el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo.
La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes solicitó a la Fiscalía General de la Nación el traslado del expediente que involucra al expresidente Álvaro Uribe Vélez por hechos relacionados con las masacres de El Aro y La Granja y el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo.
La petición fue presentada pocos días antes de la indagatoria que la Fiscalía tiene prevista para el próximo 4 de septiembre contra el exmandatario, quien actualmente es presidente del partido Centro Democrático. La diligencia está relacionada con hechos ocurridos durante la década de los noventa.
El presidente de la Comisión de Acusación, Carlos Cuenca, del partido Cambio Radical, remitió un oficio a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, en el que solicitó revisar cuál de las dos instituciones tiene competencia para continuar con el proceso.
Según explicó Cuenca, el pasado 19 de agosto la Comisión aprobó por unanimidad la existencia de una posible colisión de competencias con la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Por esa razón, el organismo considera que debería asumir el conocimiento del expediente, en su condición de autoridad competente para investigar a quienes hayan ocupado la Presidencia de la República.
La investigación contempla, entre otras hipótesis, la presunta participación de Uribe en el delito de concierto para delinquir agravado. Esta línea estaría relacionada con el grupo paramilitar que operaba en la Hacienda Guacharacas y que posteriormente fue identificado como el Bloque Metro.
En el documento enviado a la Fiscalía, la Comisión señaló que los hechos investigados tendrían relación con una posible facilitación o promoción del accionar de dicha organización. También argumentó que, al tratarse presuntamente de un delito de carácter permanente y cuya consumación se habría extendido hasta 2003, parte de los hechos habría ocurrido durante el periodo en el que Uribe ejerció como presidente, entre el 7 de agosto de 2002 y el 7 de agosto de 2010.
Con base en ese argumento, Cuenca sostuvo que existiría una razón objetiva para que la Comisión de Investigación y Acusación asumiera el caso como juez natural de los hechos que eventualmente se hubieran registrado durante el periodo presidencial de Uribe Vélez.
La solicitud no implica una decisión sobre la responsabilidad penal del expresidente, sino un reclamo institucional relacionado con la autoridad que debe adelantar la investigación. La Fiscalía deberá pronunciarse sobre la petición y definir si acepta remitir el expediente a la Cámara.
En caso de que la Fiscalía no acoja la solicitud, la Comisión pidió que el proceso sea enviado a la Sala Plena de la Corte Constitucional para que dirima la posible colisión de competencias. La petición se fundamenta en el artículo 95 de la Ley 600 de 2000 y en el artículo 241, numeral 11, de la Constitución Política.
Mientras se define la competencia, se mantiene prevista la indagatoria de Álvaro Uribe ante la Fiscalía General de la Nación. El proceso continúa bajo reserva de las autoridades y será objeto de nuevas decisiones conforme avance la investigación.
