La reacción de las comunidades indígenas y campesinas del norte del Cauca permitió que Alex Giovanni Herrera Aguirre recuperara su libertad, luego de ser interceptado y llevado por hombres armados cuando se movilizaba en una camioneta oficial por el casco urbano de Caloto.
La movilización de las comunidades indígenas y campesinas terminó siendo clave para recuperar la libertad de Alex Giovanni Herrera Aguirre, funcionario de la Unidad Nacional de Protección, UNP, y exintegrante de la Policía Nacional, quien fue retenido por hombres armados durante una incursión registrada en el municipio de Caloto, en el norte del Cauca.
El episodio de inseguridad se presentó durante la noche del miércoles 11 de noviembre, cuando la víctima se desplazaba en una camioneta oficial junto a otro integrante de su esquema de seguridad, un uniformado de la Policía.
Según la reconstrucción preliminar de los hechos, varios sujetos armados interceptaron el vehículo en el barrio La Palma y comenzaron a disparar contra sus ocupantes. La situación provocó que el conductor perdiera el control del automotor y terminara chocando contra una vivienda.
En medio de la confusión, los agresores aprovecharon para sacar de la camioneta a uno de los funcionarios y llevárselo por la fuerza hacia una zona rural de Caloto. El otro ocupante logró escapar y posteriormente se conoció la situación de riesgo en la que había quedado su compañero.
La noticia de la retención provocó una inmediata reacción de las organizaciones sociales y comunitarias, que activaron sus canales de comunicación para alertar a las autoridades ancestrales, campesinas y a los habitantes de diferentes sectores del municipio.
La respuesta no se limitó a la denuncia del caso. Las comunidades decidieron movilizarse hacia el territorio donde presuntamente permanecía el funcionario, con el propósito de ejercer presión humanitaria sobre los responsables y conseguir su liberación.
Líderes sociales de Caloto, quienes pidieron reservar sus identidades por razones de seguridad, explicaron que la presencia de indígenas y campesinos terminó obligando a los hombres armados a dejar en libertad al trabajador de la UNP.
«Cuando se confirmó la retención del señor, se emitió de manera inmediata una alerta entre las comunidades, las cuales salieron a esta parte del territorio para ejercer una presión humanitaria contra las personas que tenían en su poder al funcionario de la UNP. Por eso, al verse rodeados por indígenas y campesinos, este último fue dejado en libertad», relataron los voceros.
Una vez recuperó su libertad, el funcionario recibió acompañamiento de integrantes de la Junta de Acción Comunal del corregimiento de El Palo, quienes facilitaron su traslado hacia el casco urbano de Caloto para garantizar su atención y seguridad.
De acuerdo con los líderes comunitarios, el hombre se encontraba fuera de peligro y recibió asistencia médica después de regresar al municipio.
Sin embargo, la situación también dejó pérdidas materiales. La víctima informó que los responsables se apoderaron de una pistola Córdoba calibre 9 milímetros, además de otras pertenencias que llevaba consigo.
«Al señor se le prestó la debida atención para garantizar su seguridad y, cuando esto pasó, él mismo reportó que los sujetos armados le robaron una pistola Córdoba 9 milímetros y otras pertenencias. Pero bueno, gracias a Dios esta persona está bien», manifestaron los representantes comunitarios.
La seguridad del norte del Cauca vuelve a quedar en entredicho
Lo sucedido constituye otro episodio que refleja los riesgos que enfrentan quienes trabajan en labores de protección y acompañamiento a personas amenazadas en el norte del Cauca.
En municipios como Caloto, Corinto, Miranda, Toribío y Santander de Quilichao, la presencia de organizaciones armadas ilegales, las disputas territoriales y las acciones violentas contra la población civil mantienen en permanente preocupación a las comunidades.
Los funcionarios de la UNP tampoco han sido ajenos a esta realidad. En agosto de 2025 se conoció la retención de un integrante de un esquema de protección en Caloto, mientras que en ese mismo periodo se reportó el asalto a una lideresa social y a sus acompañantes en el corregimiento de El Palo, donde los responsables se llevaron una camioneta asignada por la entidad.
En este nuevo caso, la actuación de las comunidades permitió evitar que la retención se prolongara y que el funcionario continuara en poder de los hombres armados.
Los líderes sociales destacaron que la organización territorial y los mecanismos de autoprotección comunitaria fueron fundamentales para conseguir este resultado. No obstante, insistieron en que la población no puede seguir asumiendo por cuenta propia la responsabilidad de enfrentar las consecuencias de la violencia.
Mientras se espera un pronunciamiento oficial que permita esclarecer las circunstancias de esta incursión armada e identificar a los responsables, en Caloto queda nuevamente en evidencia la preocupación por la seguridad de quienes transitan por sus zonas urbanas y rurales.
