Congreso asciende a tres generales vinculados a casos de falsos positivos.
Ministro de Defensa defendió a los militares cuestionados y señaló que cuestionamientos corresponde a una campaña de deslegitimación de las instituciones
Este martes 24 de noviembre, la Comisión segunda del senado aprobó el ascenso de 46 generales, sin embargo según varios senadores de la oposición , dos de estos oficiales están vinculados en investigaciones por ejecuciones extrajudiciales o ‘falsos positivos’ y uno por presunta corrupción.
El senador, Iván Cepeda indicó que existe evidencia de que de los 46 generales que están en la lista de ascenso, dos de estos tienen por lo menos 63 investigaciones y denuncias por casos de ejecuciones extrajudiciales, cuando eran comandantes de batallones del Ejército en Antioquia, Huila y Norte de Santander.
“Según la organización internacional Human Right Watch, los brigadieres generales, Marcos Evangelista Pinto Lizarazo y Edgar Alberto Rodríguez Sánchez, podrían tener la responsabilidad por la muerte de civiles presentados falsamente cómo muertes en combate de guerrilleros.
El 11 de diciembre del 2015 la Fiscalía interrogó al general Pinto Lizarazo sobre su presunta participación en estos hechos”, agregó el senador Cepeda.
Cepeda agregó que en mayo de este año, junto con los senadores Gustavo Bolívar y Antonio Sanguino, habían denunciado a nueve generales por presuntos casos de corrupción, dentro de los cuales está el caso del brigadier general, Mauricio Moreno quien habría presionado a oficiales en Bucaramanga para someterse a pruebas de polígrafo, las cuales serían utilizadas para que le fuera informado a qué medios de comunicación se le estaban entregando pruebas sobre presuntas irregularidades en el Ejército.
Tanto el senador Cepeda como el senador Antonio Sanguino se retiraron de la votación de ascensos militares y dejaron constancia ante la Comisión Segunda del Senado en la que señalan que el Ministerio de Defensa insiste en promocionar a miembros de la Fuerza Pública denunciados e investigados por presuntos hechos de corrupción y graves violaciones a los derechos humanos y hechos de corrupción.
Los tres oficiales cuestionados son los brigadieres generales Marcos Evangelista Pinto Lizarazo, Edgar Alberto Rodríguez Sánchez y Mauricio Moreno.
Los legisladores al momento de retirarse dejaron constancia de que en la Comisión Segunda del Senado se optó por negar la posibilidad a las víctimas y a las organizaciones de derechos humanos de presentar sus observaciones sobre estas postulaciones en audiencia pública.
“Habíamos solicitado una audiencia para que la Comisión escuchara la voz de las organizaciones de derechos humanos y de víctimas, pero esa proposición ha sido rechazada. Por lo tanto, el Congreso seguirá siendo el escenario de la impunidad y también de negar acciones que pudieran honrar a la Fuerza Pública”, señaló Cepeda.
Los generales Pinto y Rodríguez podrían tener responsabilidad en la muerte de civiles presentados como guerrilleros muertos en combate, es decir, en los llamados ‘falsos positivos’.
El general Pinto es investigado por la Fiscalía por su presunta responsabilidad en 41 ‘falsos positivos’ ocurridos cuando comandó batallones en Antioquia y Huila. El 11 de diciembre de 2015, la Fiscalía interrogó al general Pinto sobre su presunta participación en estos hechos.
En enero de este año llegó a comandar la Segunda División del Ejército. Desde entonces, cuatro civiles -tres campesinos y un indígena– han muerto a manos de tropas bajo su mando en Norte de Santander.
Por su parte, el general Marcos Evangelista no solo no ha tomado las acciones debidas para evitar que estos hechos se repitan, sino que ha promovido la estigmatización de las organizaciones campesinas del Catatumbo, señalaron los congresistas de la oposición.
Asimismo, entre julio de 2006 y diciembre de 2007, el brigadier general Edgar Alberto Rodríguez Sánchez estuvo al mando del Batallón Magdalena de la Novena Brigada y está vinculado a investigaciones en por lo menos 22 casos de ejecuciones extrajudiciales que integrantes de ese Batallón cometieron bajo su comandancia.
De otro lado, el general Mauricio Moreno está vinculado con los escándalos de interceptaciones ilegales del Ejército y tiene varias denuncias que lo relacionan con supuestos casos de corrupción, desde el presunto desvío de recursos hasta la complicidad con organizaciones criminales.
Siendo comandante de la Segunda División del Ejército aceptó que miembros de contrainteligencia fueran a Bucaramanga, en donde varios oficiales fueron sometidos a procedimientos irregulares y pruebas de polígrafo no autorizadas para identificar las fuentes que entregaban información a medios de comunicación, según confirmó la Procuraduría.
Por su parte el Ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo salió en defensa de los militares , asegurando que todo se debe a una campaña de deslegitimización de los oficiales y del Ejército.
Ahora será en la Plenaria del Senado que se debe ratificar el ascenso de los uniformados
