Corte mantiene condena, por desplazamiento de familias campesinas, contra exparamilitar y administrador de hacienda Las Pavas
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia mantuvo la condena contra Gustavo de Jesús Sierra Mayo y Mario Mármol Montero por el desplazamiento en 2003 de varias familias campesinas que ocupaban la hacienda Las Pavas, ubicada en la jurisdicción de los municipios de El Peñón y San Martín de Loba, en Bolívar, la cual había sido abandonada años atrás por su propietario, Jesús Emilio Escobar Fernández, principal testaferro de su hermano, el narcotraficante del cartel de Medellín Gustavo Escobar Fernández. Así lo relato el paramilitar Carlos Castaño en el el libro «Mi confesión» de Mario Aranguren Molina, publicado en el 2001.
Tras precisar naturaleza y alcances del delito de #DesplazamientoForzado, @CorteSupremaJ mantiene condena contra exparamilitar y administrador de la Hacienda #LasPavas por el desplazamiento de familias campesinas en 2003. Ver: https://t.co/e0v0gDWBms
— Corte Suprema de Justicia (@CorteSupremaJ) March 23, 2023
Al resolver la impugnación especial presentada por la defensa , la Corte confirmó parcialmente la sentencia emitida en febrero de 2022 por el Tribunal Superior de Cartagena, manteniendo la condena de 10 años de prisión contra el exintegrante de las AUC Mario Mármol Montero por concierto para delinquir con fines de desplazamiento y desplazamiento forzado.
De igual forma el Alto Tribunal modificó la sanción impuesta contra Gustavo de Jesús Sierra Mayo, quien en la época representaba al dueño de la propiedad como administrador de la hacienda, dejando su pena en 7 años y medio de prisión únicamente como responsable del delito de desplazamiento forzado, pues la Sala determinó que el delito de concierto para delinquir en su caso ya estaba prescrito.
La Corte valoró los argumentos de la defensa de los acusados, quienes señalaron que desplazamiento forzado no se configuró porque el predio no era un baldío, sino que tenía un propietario, y por lo tanto la ocupación que las familias campesinas ejercían sobre esa tierra era ilegítima.
Así, los defensores expusieron que la conducta cometida por los acusados sería más bien la de constreñimiento ilegal o la contravencional de ejercicio arbitrario de las propias razones, pero no un desplazamiento forzado. También señalaron que, tras dejar la finca, los campesinos de todas formas siguieron viviendo en el corregimiento de Buenos Aires.
Por el contrario, la Corte precisó que la comprensión que la defensa tiene sobre el delito de desplazamiento forzado es equivocada, pues “la configuración típica no exige que la población o una parte de ella obligada mediante la violencia, amenaza o intimidación a cambiar su lugar de residencia, deba hallarse en un baldío u ocupándolo legalmente”.
La sentencia deja en claro que en este asunto no se está discutiendo la naturaleza del bien inmueble ni la titularidad que los campesinos tenían sobre esas tierras. “Si su propietario buscaba restablecer la situación de hecho al estado anterior a la pérdida de la posesión sobre la finca, debió solicitar el amparo policivo para restablecer el statu quo y promover las acciones reivindicatorias y no acudir, como lo hizo Sierra Mayo, a grupos armados ilegales para su restitución”.
El delito de desplazamiento forzado, precisa la Sala, ocurre no solo cuando una persona es expulsada mediante coacción y violencia de su vivienda o el lugar donde duerme, sino también cuando se ve obligada a dejar su “lugar de residencia”, entendido como el espacio físico o territorio en el cual tiene un proyecto de vida y adelanta sus actividades de subsistencia y relación social. “Es el sitio, en consecuencia, donde además de vivir, la víctima busca cumplir sus metas y propósitos trazados a partir de su proyección personal”.
El contexto de Las Pavas
En la sentencia, el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria destacó el contexto geopolítico sobre la hacienda las Pavas. Recordó que este terreno, que inicialmente era integrado por las fincas Peñaloza, Las Pavas y Si Dios Quiere, fue adquirido en 1983 por Jesús Emilio Escobar Fernández, quien abandonó esas tierras en los años 90’s.
Estando el terreno desocupado en 1993 ,123 familias del corregimiento Buenos Aires comenzaron a ocupar la hacienda y a realizar su explotación agrícola con cultivos de maíz, yuca, caña, frijol, arroz y plátano, conformando en 1998 la Asociación de Campesinos de Buenos Aires (ASOCAB) para comercializar sus productos.
Fue así como el 26 de octubre del 2003, con la intervención de Gustavo de Jesús Sierra como administrador de la propiedad, paramilitares del Bloque Central Bolívar de las AUC, entre ellos Mario Mármol Montero, reunieron en un establecimiento educativo a las familias ocupantes de Las Pavas, les advirtieron que no podían trabajar más en la finca porque tenía dueño, y las amenazaron para forzarlas a dejar sus cultivos y desalojar los terrenos.
En 2006, tras la desmovilización de los paramilitares varias familias retornaron a la finca, ante lo cual Jesús Emilio Escobar Fernández, acompañado de hombres armados, volvió a desplazarlas forzosamente bajo amenazas.
Es precisamente este hombre, Jesús Emilio Escobar, quien figuraba como propietario de la hacienda Las Pavas hasta su venta en el 2007 al Consorcio El Labrador, compuesto por las empresas C.I Tequendama, de propiedad de José Ernesto Macías y Aportes San Isidro S.A. de propiedad de la Familia Dávila Abondano (grupo Daabon), implicados en el grave caso de corrupción del programa gubernamental de subsidios agrícolas Agro Ingreso Seguro.
En 2011, Aportes San Isidro compró la totalidad de la finca de 3 mil hectáreas. Ese mismo año, los medios locales de la zona alertaron el rearme de grupos paramilitares con la presencia de ‘Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia’, que controlaban las rutas del narcotráfico y la minería ilegal en el sur del Bolívar.
Entre 2012 y 2013, el Incoder decretó la extinción de dominio sobre los tres predios que conforman la hacienda: Peñaloza, Las Pavas y Si Dios Quiere, que suman 1.300 hectáreas y son el corazón de la finca. Estos terrenos se adjudicaran y titularan a los campesinos que han luchado por ellos.
Es de recordar que Juan Carlos Dávila Abondano, miembro del grupo empresarial Daabon del Magdalena, fue condenado por el escándalo de Agro Ingreso Seguro y ahora desea aspirar a la gobernación de ese departamento.
En 2018, Juan Carlos Dávila Abondano y otros seis implicados llegaron a un preacuerdo con la Fiscalía, aceptaron el delito de peculado por apropiación y por ello fueron condenados a 24 meses.
En 2020 el Tribunal Superior de Bogotá, al resolver un recurso de apelación interpuesto por su defensa, revocó la inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas y confirmó la sentencia de primera instancia en los demás aspectos.
El viernes 27 de enero de 2023 en el teatro Cajamag de la ciudad de Santa Marta, en el marco de la ceremonia Los Personajes del Año 2022 que entregó el Hoy Diario del Magdalena, el dirigente empresarial, Manuel Julián Dávila Abondano, Presidente del Grupo Daabon,el mismo grupo invoucrado en el caso de la Hacienda Las Pavas recibió la distinción como Personaje del Año.
Tampoco se puede olvidar que este grupo empresarial es el principal aliado del partido Centro Democrático en el Magdalena.
Recientemente Juan Carlos Dávila ha vuelto a sonar por organizar la oposición al gobierno alternativo de Carlos Caicedo desde la Asamblea del Magdalena donde tienen al diputado Jair Mejía, empresa donde coincide con los polémicos senadores Eduardo Pulgar, Honorio Henríquez y Fabián Castillo.
