La reciente denuncia del asesinato de Keiner Banguera, líder social, en Nariño, se suma a una cadena de casos que evidencian un patrón sistemático de ejecuciones extrajudiciales.
La muerte de Keiner Banguera Mancilla, un joven de 19 años vinculado a procesos organizativos de comunidades afrodescendientes en El Charco, Nariño, volvió a poner sobre la mesa las denuncias relacionadas con posibles ejecuciones extrajudiciales y abusos de la fuerza pública en diferentes regiones del país. Organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos pidieron esclarecer las circunstancias en las que perdió la vida el joven.
Banguera Mancilla pertenecía al Consejo Comunitario del Río Tapaje y desarrollaba labores como líder social en su territorio. De acuerdo con las denuncias conocidas, el joven murió el pasado 2 de octubre luego de recibir impactos de arma de fuego durante un procedimiento militar. Sus familiares y habitantes de la zona sostienen que no estaba participando en un enfrentamiento y que regresaba hacia su vivienda cuando fue atacado.
La versión entregada por las autoridades militares es diferente. Según las Fuerzas Militares, Banguera Mancilla hacía parte de una estructura de las disidencias y murió durante combates registrados en el marco de una operación adelantada por unidades de la Armada y el Ejército. Esta explicación es rechazada por familiares y testigos, quienes aseguran que el joven se movilizaba en una embarcación de su propiedad cuando fue interceptado por integrantes de la Brigada de Infantería de Marina N.° 4.
De acuerdo con el Consejo Comunitario Pro Defensa del Río Tapaje y la Red de Derechos Humanos del Suroccidente (Reddhh-fic), después de recibir los disparos, el cuerpo del joven habría sido trasladado hasta el casco urbano de El Charco. Las organizaciones solicitaron que se establezca con precisión qué ocurrió y que se determine si existió o no un enfrentamiento, así como las circunstancias en las que murió Banguera.
La Defensoría del Pueblo también pidió que se garantice el desarrollo de las investigaciones y que las autoridades militares entreguen la información necesaria para establecer responsabilidades. Por su parte, Indepaz identificó a Keiner como líder afrodescendiente, defensor de derechos humanos e integrante del Consejo Comunitario Río Tapaje, del consejo menor del Consejo Comunitario Pro Defensa Río Tapaje y del Movimiento Étnico y Social del Pacífico (MESPA).
Según las cifras difundidas por Indepaz, durante 2026 han sido asesinados 121 líderes y lideresas sociales en Colombia, mientras que el número de masacres registradas en el país llegó a 92. Los datos reflejan un escenario de violencia que continúa afectando especialmente a comunidades ubicadas en zonas rurales y con presencia de estructuras armadas.
El Charco y otros municipios de la costa nariñense permanecen bajo presión de diferentes actores armados. En esta zona tienen presencia unidades vinculadas a la Tercera División del Ejército, estructuras de la Armada, disidencias del Frente 30, organizaciones delincuenciales locales y el ELN, escenario que ha generado constantes alertas por afectaciones contra la población civil.
Las denuncias sobre posibles actuaciones ilegales de integrantes de la fuerza pública también se han extendido a otras regiones. En La Macarena, Meta, la Junta de Acción Comunal de la vereda Guaduales Nueva Esperanza denunció la muerte del campesino Luis Carlos Mojica Guzmán, ocurrida el pasado 22 de septiembre, en medio de un procedimiento militar que, según los testimonios conocidos, involucró a una familia campesina de la zona.
De acuerdo con esa denuncia, tropas del Ejército llegaron a la vivienda de una pareja que residía allí con sus dos hijos menores. Los habitantes señalaron que la campesina Yuli Andrea Motta Tovar habría sido retenida, golpeada y sometida a actos degradantes durante un interrogatorio. También denunciaron la retención de Luis Carlos Guerrero y de los dos menores de edad.
En medio de estos hechos habría muerto Mojica Guzmán, quien, según los testimonios recogidos por la comunidad, se encontraba desarmado cuando recibió los disparos. Las circunstancias exactas de su muerte deberán ser determinadas por las autoridades competentes mediante las investigaciones correspondientes.
Otro caso bajo cuestionamiento es el de Ricardo Andrés Rodríguez Martínez, joven que murió el 21 de septiembre durante un operativo militar contra las autodenominadas ACSN en Santa Marta, Magdalena. Sus familiares sostienen que era un civil y niegan que tuviera vínculos con la estructura armada contra la cual se desarrolló la operación.
Las organizaciones defensoras de derechos humanos han insistido en que estos casos deben ser esclarecidos por las autoridades judiciales y que las investigaciones deben establecer si las personas fallecidas tenían realmente vínculos con organizaciones armadas o si fueron presentadas de manera irregular como integrantes de estos grupos.
Hasta ahora, según las denuncias conocidas, no se han divulgado resultados definitivos de las investigaciones relacionadas con estos hechos. Los cuestionamientos también han generado críticas frente al manejo comunicacional de las operaciones militares y a la difusión de imágenes de personas muertas en procedimientos contra grupos armados.
El esclarecimiento judicial de cada caso será determinante para establecer responsabilidades individuales y evitar que las versiones enfrentadas entre las autoridades y las comunidades terminen dejando sin respuesta las circunstancias en las que murieron estos civiles y líderes sociales.
