Emiliano Andrade falleció mientras permanecía detenido en una instalación migratoria de Laredo, Texas. Su familia sospecha que no recibió la atención médica que necesitaba.
La muerte de Emiliano Andrade Covarrubias, un mexicano de 56 años que permanecía bajo custodia de las autoridades migratorias de Estados Unidos, volvió a encender las alarmas sobre las condiciones de los centros de detención administrados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El caso provocó indignación entre familiares de migrantes y usuarios de redes sociales, quienes denunciaron presuntas fallas en la atención médica dentro de una instalación operada por la compañía GEO Group, en Laredo, Texas.
Días antes de que se conociera oficialmente el fallecimiento, comenzaron a circular mensajes en grupos de Facebook en los que familiares y allegados advertían sobre el delicado estado de salud de varias personas recluidas en el centro de detención Río Grande. Algunos aseguraban que sus seres queridos llevaban semanas enfermos sin recibir asistencia adecuada. Entre las publicaciones también se mencionaba a Andrade Covarrubias, cuya muerte fue confirmada posteriormente, lo que llevó a las autoridades mexicanas a anunciar una denuncia por lo ocurrido.
Andrade era originario del estado de Hidalgo, en el centro de México, pero llevaba décadas viviendo en Dallas, donde había construido una vida junto a su familia. Sus tres hijos nacieron en Estados Unidos y él trabajaba como pintor. De acuerdo con el testimonio de su hija Stefani Andrade, publicado por el medio Texas Tribune, el hombre tenía planes de regresar a su país de origen en el futuro y estaba construyendo una vivienda en México. Sin embargo, durante un viaje en autobús de regreso a Estados Unidos, en junio, fue detenido en la frontera y quedó bajo custodia migratoria.
La situación generó cuestionamientos adicionales debido a que, según información entregada por el ICE al diario EL PAÍS, Andrade tenía residencia permanente legal en Estados Unidos. La agencia sostuvo que el hombre habría obtenido ese estatus mediante procedimientos fraudulentos, al no declarar una detención previa durante el proceso de revisión. Por ese motivo, fue trasladado a custodia migratoria mientras avanzaba un procedimiento de expulsión ante un juez de inmigración. Las autoridades estadounidenses aseguraron que el caso se tramitaba conforme al debido proceso.
No obstante, la familia sostiene que el deterioro de su salud era evidente durante las videollamadas que mantenían con él. Sus allegados notaron que había perdido peso y temen que no recibiera la asistencia médica que requería. Tras conocerse su fallecimiento, Stefani inició una campaña de recaudación de fondos para cubrir los gastos funerarios y expresó el dolor que atraviesa su familia, al considerar que su padre merecía un trato digno y una atención adecuada durante su permanencia bajo custodia.
La muerte también reavivó las denuncias sobre las condiciones de reclusión en instalaciones migratorias estadounidenses. Familiares de detenidos han señalado presuntas deficiencias en el suministro de medicamentos, la alimentación, la higiene y la protección frente a las bajas temperaturas, además de posibles episodios de maltrato. Estas preocupaciones han aumentado desde que el Gobierno del presidente Donald Trump intensificó las operaciones de detención y deportación de migrantes.
El Gobierno mexicano, por su parte, ha recurrido a mecanismos judiciales para exigir explicaciones por las muertes de sus ciudadanos. Según los datos divulgados por sus autoridades, se habían presentado 20 denuncias penales ante fiscalías de los estados estadounidenses donde ocurrieron los fallecimientos. Sin embargo, el canciller Roberto Velasco había señalado en agosto que únicamente cuatro de esos casos habían recibido respuesta. Hasta la información citada en los reportes, no se había divulgado una actualización general sobre el avance de las investigaciones.
Las preocupaciones también quedaron reflejadas en el informe Muerte bajo detención, elaborado por Human Rights Watch y Physicians for Human Rights. El documento examinó 52 fallecimientos de personas detenidas en instalaciones del ICE durante el periodo analizado, hasta junio, y advirtió sobre deficiencias en la atención médica, condiciones insalubres y falta de rendición de cuentas. Sus conclusiones señalaron un incremento de las muertes bajo custodia durante la actual presidencia y una tasa de mortalidad que alcanzó su nivel más alto en una década.
Otro de los aspectos que ha causado indignación en el caso de Andrade es la manera en que su familia se enteró de su fallecimiento. Según el relato de sus allegados, la notificación no llegó directamente del ICE, sino del servicio encargado de las autopsias. Este lunes, sus familiares tenían previsto viajar a Laredo para recuperar sus pertenencias y adelantar los trámites correspondientes. Su hija manifestó que la pérdida dejó a la familia devastada y sin respuestas suficientes sobre las circunstancias de la muerte.
Durante una conferencia de prensa, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró que su Gobierno brindará acompañamiento jurídico a los ciudadanos mexicanos que enfrenten dificultades en Estados Unidos, a través de la red consular. La mandataria también rechazó cualquier forma de discriminación y aseguró que su administración continuará respaldando a sus compatriotas.
El caso de Andrade no sería un hecho aislado. En Laredo, otro ciudadano mexicano, Félix Alcorta Rodríguez, de 63 años, falleció en junio mientras permanecía bajo custodia migratoria. Según la información divulgada por el ICE, el hombre fue encontrado inconsciente, aunque no se entregaron detalles concluyentes sobre la causa de su muerte.
Otros ciudadanos mexicanos también han fallecido durante detenciones migratorias en Estados Unidos. Entre las víctimas mencionadas en los reportes figuran jóvenes y trabajadores que llevaban años viviendo en ese país y se desempeñaban en sectores como la construcción, las lavanderías y los restaurantes. Algunos fueron detenidos cuando se dirigían a sus empleos o realizaban actividades cotidianas. Sus muertes han dejado familias, hijos y parejas que ahora exigen explicaciones.
Mientras avanzan las reclamaciones de los familiares y las gestiones diplomáticas de México, persisten las preguntas sobre las condiciones de atención y vigilancia en los centros de detención migratoria. Para la familia de Emiliano Andrade Covarrubias, el principal reclamo es esclarecer qué ocurrió durante sus últimos días bajo custodia y determinar si recibió la atención médica necesaria antes de morir.
