Este secuestro masio se dio en medio de una incursión armada en la parte alta del municipio, denunciaron organizaciones sociales.
Organizaciones defensoras de derechos humanos y la Alcaldía de López de Micay rechazaron una incursión de un grupo armado ilegal en la parte alta del río Micay, en el departamento del Cauca, que dejó como saldo la retención de ocho personas de la comunidad y la afectación a decenas de familias del territorio.
De acuerdo con una denuncia pública emitida por la Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano «Francisco Isaías Cifuentes» y la Comisión de Derechos Humanos del Movimiento Étnico y Social del Pacífico (MESPA), los hechos ocurrieron el pasado 3 de julio en la comunidad de San Antonio, perteneciente al Consejo Comunitario San Joc, en jurisdicción del municipio de López de Micay.
Según el documento, hacia las 5:30 de la tarde un grupo de aproximadamente 35 hombres armados ingresó al caserío identificándose, presuntamente, como integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN). La información corresponde a la denuncia de las organizaciones sociales y no constituye una atribución oficial por parte de las autoridades.
Las organizaciones señalan que, una vez en el lugar, los hombres armados reunieron a los habitantes del Consejo Comunitario y procedieron a decomisar los teléfonos celulares y demás medios de comunicación que tenían los pobladores, dejándolos incomunicados.
La denuncia también indica que los hombres armados habrían hurtado alimentos y otros elementos de tiendas y establecimientos comerciales de la comunidad. Posteriormente, retuvieron a 40 personas, a quienes obligaron a transportar los víveres y productos sustraídos mientras se desplazaban por la zona.
De acuerdo con el reporte, alrededor de las 3:00 de la madrugada del día siguiente fueron liberadas 32 de las personas retenidas. Sin embargo, ocho habitantes permanecen desaparecidos y, hasta el momento, se desconoce su paradero, situación que mantiene en alerta a las comunidades de la región.
Ante estos hechos, la Alcaldía de López de Micay emitió un comunicado en el que expresó su rechazo por los actos de violencia registrados en la comunidad de San Antonio y manifestó su preocupación por la situación de las personas retenidas.
«La Alcaldía López de Micay rechaza enérgicamente los hechos de violencia ocurridos en la comunidad de San Antonio», señala el pronunciamiento oficial, en el que además advierte que la retención de ocho personas vulnera sus derechos fundamentales y genera angustia entre las familias del municipio y de la vecina costa pacífica caucana.
La administración municipal hizo un llamado para que los retenidos sean liberados de manera inmediata y solicitó garantías para proteger su vida e integridad. Asimismo, pidió a las autoridades competentes intensificar las acciones que permitan su pronto regreso a sus hogares.
«Exigimos su liberación inmediata y el respeto por su vida e integridad», indicó la Alcaldía, al tiempo que reiteró su compromiso con la defensa de los derechos humanos, la protección de la vida y la construcción de un territorio en paz.
Por su parte, la Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano y MESPA solicitaron la intervención urgente de las instituciones del Estado y de los organismos nacionales e internacionales encargados de la protección de los derechos humanos, con el fin de verificar la situación de las personas retenidas y brindar acompañamiento a la comunidad afectada.
Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre operaciones de búsqueda ni han confirmado oficialmente la autoría de los hechos denunciados por las organizaciones sociales. Entretanto, la incertidumbre persiste entre los habitantes de San Antonio, quienes esperan la pronta liberación de las ocho personas cuyo paradero sigue siendo desconocido. El caso vuelve a poner de manifiesto la compleja situación de orden público que enfrenta la región del río Micay, donde la presencia de grupos armados ilegales continúa generando riesgos para la población civil.
