Desplazamiento interno en Colombia se duplicó en el 2021: Comisión Interamericana de Derechos Humanos


Este 30 de septiembre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por el incremento  del desplazamiento interno forzado en Colombia, e hizo un llamado al Estado a adoptar medidas integrales para prevenir las causas que generan este fenómeno  así como a garantizar la protección y la seguridad de las personas afectadas.

Señala la Comisión que aunque el Estado se esfuerza para hacer frente al  desplazamiento forzado  a través de medidas como:  la Política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana, que tiene por objeto el fortalecimiento de la policía y la articulación con las fuerzas militares para contribuir a la seguridad y convivencia en regiones donde actúan grupos armados organizados;  la «Estrategia de Protección para poblaciones vulnerables» (ESPOV); y 3) el «Sistema de Alertas Tempranas las Fuerzas Militares y la Policía Nacional se advierte que el desplazamiento  forzado masivo  en el país aumenta significativamente.

Y es que según el informe sobre Tendencias golbales deDesplazamiento de la ONU para los refugiados  (ACNUR), Colombia sigue reportando el número más alto de personas desplazadas internas en todo el mundo, un total de 8,3 millones de personas a finales de 2020.

Asimismo, conforme a la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), entre enero y agosto de 2021, la cantidad de personas desplazadas internas en el país aumentó en un 135%, en comparación con el mismo periodo de 2020.

En particular, las cifras indican que en este periodo más de 57.100 personas habrían sido desplazadas en 110 eventos de emergencias masivas, cuya causa principal fueron las amenazas directas por parte de grupos armados al margen de la ley

En la misma línea, según cifras de la Defensoría del Pueblo,  durante el primer semestre de este año, se habrían presentado 102 eventos de desplazamiento masivo, donde 44.290 personas se movilizaron de manera forzada. Al respecto, la Defensoría señaló que se duplicó el número de eventos de desplazamiento interno, en comparación con el año anterior.

De acuerdo con la OCHA, la mayoría de las situaciones de desplazamiento masivo tuvieron lugar de forma recurrente en los municipios:

Roberto Payán y Magüí (Nariño), Argelia (Cauca), Cáceres e Ituango (Antioquia), Buenaventura (Valle del Cauca) entre otros de los departamentos de la costa pacífica y la zona noroccidental del país.

Asimismo, la sociedad civil manifestó su preocupación por los desplazamientos ocurridos en los municipios de:

Santa Rosa, departamento de Bolívar, y Litoral de San Juan, en el departamento de Chocó. De igual forma, se tomó nota de las denuncias efectuadas por las organizaciones de la sociedad civil sobre las situaciones de desplazamiento sucedidas en Buenaventura, entre los meses de enero y marzo de 2021, y que habría afectado a aproximadamente 3.625 personas.

La CIDH observa con preocupación la magnitud del desplazamiento individual y familiar, el cual, de acuerdo con las organizaciones de la sociedad civil, si bien por su naturaleza es de difícil registro, termina afectando a una mayor cantidad de personas que los desplazamientos masivos.

Esto es particularmente relevante en el caso de personas con liderazgo social que tuvieron que desplazarse de sus territorios por amenazas. De igual manera, organizaciones de la sociedad civil informaron que personas con liderazgo social cuya función es reclamar territorios pertenecientes a familias y comunidades desplazadas, se enfrentan a diversos actos de violencia, incluyendo el asesinato de las mismas.

Por otra parte, y pese a los esfuerzos estatales destacados, organizaciones de la sociedad civil también informaron que la respuesta no sería adecuada atendiendo la dimensión del fenómeno; además, no garantiza una efectiva protección de derechos a las víctimas de desplazamiento interno.

Asimismo, respecto de la atención de las causas que dan origen al fenómeno, se recibió información sobre los escasos avances en la implementación del Acuerdo de Paz, especialmente, en los componentes que procuran mitigar las causas estructurales de la violencia a través de la sustitución de cultivos de uso ilícito (PNIS) y de desarrollo económico con enfoque territorial (PDET).

Las organizaciones civiles  denunciaron la expansión de grupos armados al margen de la ley  que amenazan y expulsan a la población local de sus territorios; la reducción del presupuesto para la atención de contingencias; la ausencia o insuficiencia de la asistencia a las víctimas, y la realización de retornos inmediatos sin análisis de riesgo y garantías de retorno seguro.

Según la Defensoría del Pueblo  los colectivos mayoritariamente afectados por este fenómeno son  las comunidades étnicas indígenas y afrodescendiente (en el 59% de los casos) y la población campesina.

La CIDH también toma nota del impacto diferenciado del desplazamiento interno sobre las mujeres. En este sentido, una vez que las mujeres fueron desplazadas se enfrentan también a necesidades y problemas específicos derivados de su condición de mujer.

Finalmente, tal como fue realizado en el marco del Informe Verdad, Justicia y Reparación: Cuarto Informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia, la CIDH reitera que el Estado debe realizar diversas acciones en la materia, tales como:

Adoptar las medidas necesarias para prevenir el desplazamiento forzado, con perspectiva de género y enfoques diferenciados;

Implementar las medidas pertinentes para garantizar protección y seguridad a las personas que retornan a los territorios de los cuales fueron desplazadas, incluyendo el desminado de los territorios; y

Avanzar en la judicialización de los casos de desplazamiento forzado, a fin de contribuir con su visibilización.

En tal sentido, la CIDH urge al Estado de Colombia a redoblar sus esfuerzos para la formulación e implementación de políticas públicas que transformen efectivamente las causas estructurales de la violencia en el país, mediante acciones integrales que garanticen tanto el derecho a la vida, la seguridad y a la justicia, como el acceso a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de esta población.

En este sentido, hace un especial llamado al Estado para fortalecer las medidas dirigidas a dar cumplimiento integral del Acuerdo de Paz, en el entendido que éste constituye una herramienta idónea para enfrentar las causas estructurales de la violencia en el país. Asimismo, reitera su voluntad para colaborar en este proceso y pone a disposición del Estado y la sociedad civil sus mecanismos de cooperación técnica.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actuar como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan a sus países de origen o residencia.

Comentarios en Facebook