El aspirante de ultraderecha enfrenta cuestionamientos por centrar buena parte de su discurso en descalificar y señalar a sus adversarios políticos, en lugar de priorizar la discusión sobre propuestas de gobierno.
Colombia avanza hacia la segunda vuelta presidencial en medio de un ambiente político marcado por la confrontación y la polarización. Más que una disputa entre proyectos de gobierno, la campaña parece haberse convertido en una batalla donde el adversario político es presentado como una amenaza que debe ser derrotada, un fantasma que hay que derrotar. El tono predominante ha dejado en segundo plano la discusión programática —de hecho, los dos aspirantes con mayor votación aún no han protagonizado un debate directo— para dar paso a discursos cargados de señalamientos personales y acusaciones.
Desde el inicio de su candidatura, Abelardo de la Espriella, quien obtuvo la mayor votación en la primera vuelta, dejó clara su postura frente a la izquierda. Durante el lanzamiento de su campaña aseguró que enfrentaría a ese sector político como un “enemigo acérrimo” y prometió combatirlo utilizando todos los mecanismos a su alcance.
Las declaraciones del candidato presidencial y de su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, han sido objeto de cuestionamientos en distintos espacios periodísticos. En entrevistas concedidas a medios nacionales, ambos fueron interrogados sobre el tono utilizado durante la campaña, especialmente después del discurso pronunciado tras conocerse los resultados electorales, donde De la Espriella lanzó fuertes calificativos contra el presidente Gustavo Petro, a quien señaló con expresiones ofensivas y acusaciones directas. Del mismo modo, ha mantenido constantes ataques verbales contra Iván Cepeda, su contendor en segunda vuelta, a quien vincula reiteradamente con grupos armados ilegales y estructuras criminales.
Sin embargo, ni De la Espriella ni Restrepo consideran necesario moderar el discurso. Ambos han defendido la dureza de sus intervenciones argumentando que la coyuntura política exige firmeza frente a lo que consideran amenazas para el país. Para ellos, las circunstancias justifican un lenguaje confrontacional.
Lejos de suavizar su postura, el aspirante presidencial ha reforzado su narrativa en los últimos días. Entre sus anuncios recientes se encuentran posibles denuncias judiciales contra quienes considera responsables de irregularidades en el manejo de recursos públicos, así como gestiones internacionales orientadas a solicitar sanciones migratorias y financieras contra personas a quienes relaciona con prácticas ilegales durante la campaña.
Las críticas hacia este enfoque apuntan a que conceptos distintos —como clientelismo, corrupción electoral, militancia política o vínculos criminales— terminan siendo presentados dentro de una misma narrativa. La estrategia comunicativa parece centrarse en instalar la idea de que el adversario político representa una estructura delincuencial, incluso proyectando escenarios de ruptura institucional en caso de una eventual transición de poder.
El endurecimiento del lenguaje político genera preocupación en distintos sectores. Por un lado, dirigentes y simpatizantes de izquierda advierten sobre la posibilidad de enfrentar un escenario de persecución política si resultan derrotados en las urnas. Por otro, aumenta la inquietud sobre las consecuencias que esta confrontación pueda tener en una sociedad históricamente afectada por la violencia política.
Mientras tanto, Iván Cepeda ha mantenido un perfil bajo desde los resultados electorales, aunque recientemente reaccionó a través de redes sociales tras la difusión de una imagen instalada cerca de Armenia, en la que aparece representado siendo sometido físicamente por su rival político. En su pronunciamiento, el candidato insistió en que las diferencias ideológicas pueden expresarse con contundencia dentro de la democracia, pero advirtió que ningún debate político debería cruzar la línea hacia la intimidación, el odio o cualquier forma de violencia, ya sea simbólica o física.
En una campaña donde los adversarios políticos han terminado etiquetándose mutuamente como enemigos del país —unos acusados de fascistas o mafiosos y otros señalados de guerrilleros o criminales—, la escalada del lenguaje confrontacional termina generando riesgos para todos los sectores. Tras el asesinato del entonces precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay el año pasado, sectores de oposición responsabilizaron al presidente Petro por lo que consideraron una narrativa de permanente confrontación, recordando sus frecuentes señalamientos contra críticos a quienes calificó de nazis o paramilitares. Hoy, sin embargo, el discurso más agresivo parece provenir del otro extremo político, con Abelardo de la Espriella utilizando términos como “narcoterroristas” para referirse a sus opositores.
Para el profesional Juan Carlos Rodríguez Raga, académico especializado en opinión pública y profesor de Ciencia Política, la polarización en Colombia no suele concentrarse tanto en las políticas públicas concretas, sino en la percepción sobre quién representa al poder. Según explica, gran parte de la confrontación gira alrededor de la idea de enfrentar a las élites o a quienes son vistos como los responsables históricos de los problemas del país. Lo que anteriormente representaban las élites económicas y políticas para el petrismo, ahora adquiere nuevas expresiones en un escenario donde, según advierte el investigador, sobresale un fenómeno diferente: un endurecimiento particularmente fuerte del discurso contra la izquierda, con potenciales consecuencias sobre la violencia política.
La asociación entre sectores de izquierda y estructuras criminales no constituye un fenómeno nuevo en Colombia. Esa narrativa dejó profundas consecuencias décadas atrás, particularmente durante la violencia sufrida por militantes y dirigentes de la Unión Patriótica. Sin embargo, los temores frente a que el lenguaje electoral incentive nuevas expresiones de violencia política tampoco son exclusivos del contexto colombiano. En Estados Unidos, por ejemplo, persiste el debate sobre el impacto que tuvo la retórica utilizada por Donald Trump contra opositores políticos y críticos, especialmente tras una campaña marcada por hechos violentos protagonizados tanto por simpatizantes radicalizados como por personas que consideraban su regreso al poder una amenaza. Los atentados contra figuras políticas, ataques a dirigentes regionales y el incremento de discursos justificando acciones violentas han alimentado esa preocupación.
A pocas semanas de la segunda vuelta presidencial, Colombia enfrenta la posibilidad de elegir a un candidato que ha construido parte importante de su discurso alrededor de la promesa de judicializar a quienes considera responsables de los problemas del país. Más allá de lo jurídico, la disputa electoral parece jugarse también en el terreno emocional, donde el miedo, la indignación y el deseo de castigo ocupan un lugar cada vez más visible dentro de la conversación pública.
