Decenas de miles de personas, 25.000 según la Delegación del Gobierno, marcharon entre la Puerta del Sol y el Congreso convocadas por el Sindicato de Inquilinas. Cerca de un millar de manifestantes montó tiendas de campaña en la plaza, en una imagen que evoca el 15-M.
Madrid volvió a ver tiendas de campaña en la Puerta del Sol. Lo que empezó ayer por la tarde como una protesta por el derecho a la vivienda terminó, bien entrada la noche, con un millar de personas instaladas en el kilómetro cero y dispuestas a quedarse sin fecha de salida. La escena trajo a la memoria la acampada del 15-M de 2011, que sacudió el país. Esta vez, el detonante tiene nombre y rostro: Maricarmen Abascal.
La anciana, de 87 años, pelo corto y movilidad reducida, fue desalojada en camilla de su vivienda el miércoles, en un barrio del centro de la capital, a instancias de un fondo buitre. En pocos días, su imagen ha condensado el malestar de miles de vecinos de Madrid y de otras ciudades españolas golpeadas por la crisis habitacional. Por eso, cuando a las 18.30 un camión elevó en su parte trasera una fotografía gigante de la mujer ante una Puerta del Sol repleta, la multitud respondió con un grito unánime: «¡Vergüenza!». Era la misma palabra que habían coreado los jóvenes que el miércoles intentaron, sin éxito, frenar el desahucio.
Solo después de ese momento se puso en marcha la columna, convocada por el Sindicato de Inquilinas, que avanzó hacia el Congreso de los Diputados. Encabezaba el recorrido una pancarta con un mensaje directo: «No más Maricarmen». A su paso se sucedían las consignas: «Fuera rentistas de nuestros barrios», «Fuera, buitres, de nuestros barrios». Entre la multitud, una mujer sostenía un cartel que recordaba cuántas historias parecidas hay detrás de la protesta: «Yo también soy Maricarmen: me desahuciaron en 2019».
Si el caso de la anciana encendió la mecha, el combustible venía de mucho antes. Lo explicaba Ángel, un tinerfeño de 22 años que prefiere omitir su apellido para evitar problemas en la empresa donde trabaja. Paga 500 euros por una habitación y se considera afortunado, aunque sabe que esa suerte es frágil: cualquier día pueden subirle el alquiler. «Por eso solo unos pocos pueden permitirse el lujo de no venir aquí a protestar», razonaba. «Maricarmen podría ser nuestra abuela, o nuestra madre, o, si me apuras, nosotros». Para él, la verdadera amenaza para su generación es la vivienda, «no la invasión de la que hablan en Ceuta». Y la tiene presente a diario: «Todos los días encuentro folletos de fondos buitre en los buzones de mi casa. Yo los quito, claro, pero la amenaza sigue».
El perfil de los manifestantes fue diverso. Abundaban los jóvenes que agitaban con rabia las llaves de sus pisos contra unos alquileres que, denuncian, les roban la vida, y los activistas que reclamaban okupar viviendas vacías. Pero también desfilaron familias con niños, cuarentones con casa propia que se solidarizaban con las generaciones siguientes, jubilados inquietos por el encarecimiento imparable de las rentas y propietarios preocupados por el porvenir de hijos y nietos.
Entre estos últimos estaba Víctor Díez, de 69 años, vecino de Pozuelo y dueño de su vivienda. Recorrió todo el trayecto por una convicción: «Soy de los que piensan que la vida tiene que estar por delante del negocio». En la misma línea se expresaba María Antonia Organero, de 67 años, que exigía que el derecho constitucional a la vivienda «se haga efectivo de una vez, blindándolo». Para ella, lo ocurrido con Maricarmen es un fracaso colectivo: «Hemos fallado todos ahí, aunque el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid tienen más culpa, que conste».
Las responsabilidades políticas ocuparon buena parte de los cánticos. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, fue blanco de una consigna que ya se ha hecho famosa: «El ático de Ayuso, para Maricarmen». El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, fue señalado por no haber hecho nada para evitar el desalojo. Tampoco se libró el Gobierno de Pedro Sánchez: «¡¿Dónde está el Gobierno progresista?!», se escuchó.
Los carteles completaban el retrato del enfado. Algunos mostraban las fotografías de Ricardo Alonso Fernández y Fernando Alonso Fuentes, propietarios de Urbagestión, la inmobiliaria que dejó en la calle a la anciana. Otros eran más contundentes, como el que acompañaba una imagen de Maricarmen con la frase «Esto tiene que arder», o el que advertía: «¿Acaparas casas? Pues armaremos barrios». Se repetía el sencillo «Así no», y una joven portaba un mensaje sin matices: «No toleramos un desahucio más».
Para muchos asistentes, lo sucedido el miércoles es un anticipo de lo que puede tocarles. Vanessa García, de 42 años, vive en Pinto con un contrato de alquiler que vence en 2031. Un fondo buitre ya ha adquirido el edificio, lo que pone en riesgo su permanencia y la de sus vecinos. «Si no pagamos 350.000 euros por el piso, cuando acabemos el contrato se quedarán con la casa», lamentaba.
Otros ya han sido expulsados. Marta Ortega, profesora de 26 años, nació en La Latina, pero tuvo que mudarse a Moratalaz, empujada por la proliferación de pisos turísticos. «Mi madre vive rodeada de turistas, los vecinos de toda la vida ya se han ido», relataba.
La portavoz del Sindicato de Inquilinas, Alicia del Río, definió el desahucio de Maricarmen como «un punto de inflexión y un punto de no retorno». La jornada pareció darle la razón. Por sorpresa, la marcha no se disolvió al llegar al Congreso: volvió sobre sus pasos hasta la Puerta del Sol, escenario de tantas movilizaciones, y allí se quedó.
Hacia las once de la noche, alrededor de un millar de personas permanecían en la plaza, donde se habían levantado una veintena de tiendas de campaña. Los acampados, que no se han fijado fecha de salida, invitaron a sumarse a quien quisiera. Como hicieron los indignados hace más de quince años, pretenden hacerse fuertes en el corazón de Madrid. «Va por Maricarmen», explicaba Blanca Martínez, una de las participantes, «pero va por todas, porque nos están asfixiando con los precios de alquiler, los fondos buitre y los rentistas».
