El dirigente político fue acusado de ejecutar de forma irregular un contrato de más de 2.590 millones de pesos para la ampliación de la pista del aeropuerto de López de Micay.


El exgobernador del departamento del Cauca y congresista Temístocles Ortega pelear ahora por su inocencia luego de las graves acusaciones ante la Corte Suprema de Justicia por presuntas irregularidades en un contrato de más de 2.590 millones de pesos para la ampliación de la pista del aeropuerto de López de Micay, uno de los municipios más pobre del Cauca.

Este señalamiento judicial se dio después de que el poderoso político caucano terminara como designado para ocupar una curul de Cambio Radical en el Senado. Luego, el alto tribunal dio trámite a la acusación contra Ortega por su presunta participación en los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros y falsedad en documento privado.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, Ortega Narváez al parecer celebró el Contrato No. 1040 de 2014 sin cumplir varios requisitos legales esenciales en el proceso precontractual.

Uno de los principales cargos que ahora enfrenta se dio porque “no se realizaron los estudios de suelo correspondientes”, y que los documentos presentados como supuestos estudios de suelo “pueden afirmarse con probabilidad de verdad que son falsos”.

También se le acusa de no haber presentado las memorias de cálculo estructural necesarias para el box culvert requerido para adelantar el proyecto, y de no contar con la licencia ambiental exigida para contratar la obra, como bien lo establece la ley.

“Los planos de diseños del box coulvert y el plano de estructura del pavimento, también fueron falseados para dar apariencia de legalidad a la etapa precontractual”, se lee en el documento de acusación.

El ente investigador señaló igualmente que el cumplimiento de estos requisitos fue respaldado por un oficio que “puede afirmarse con probabilidad de verdad que es falso”. Todas estas presuntas irregularidades ponen en duda la legalidad de la contratación y coloca al exgobernador y líder político en una situación comprometida ante las autoridades judiciales colombianas.

“Se ocasionó un detrimento patrimonial que, conforme al Informe Final de Auditoría de junio 2018, se fijó en cuantía de 2.509.356.409 pesos, representada en el valor del contrato de obra, derivado de las acciones y omisiones en el proceso contractual”, estableció  la Fiscalía.

Y es que esta acusación llega en un momento en que Temístocles Ortega Narváez se preparaba para asumir su curul en el Senado, luego de la renuncia de David Luna para preparar su candidatura presidencial.

Aunque Ortega no había logrado los votos suficientes en las elecciones parlamentarias de 2022, su nombre fue el siguiente en la lista que presentó partido Cambio Radical. Además, había sido nombrado por el presidente de la República Gustavo Petro como embajador de Colombia en Chile, un cargo que desempeñó hasta su regreso a la actividad política.  

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