A casi 30 días del devastador movimiento telúrico, habitantes de sectores críticos en el Valle y el Eje Cafetero aseguran que las promesas de ayuda oficial no han llegado, dejando la recuperación en manos de la solidaridad vecinal.
A un mes del fuerte terremoto que sacudió al país, las comunidades de Colombia se reconstruyen sin apoyo estatal, reflejando el profundo abandono institucional y la falta de respuestas efectivas por parte del Gobierno nacional encabezado por el presidente Abelardo de la Espriella.
En ciudades como Pereira y Cali, los habitantes, comerciantes y vendedores informales continúan removiendo escombros y sobreviviendo en albergues improvisados, mientras reclaman la ausencia de una ruta clara para la llegada de los recursos económicos destinados a la emergencia.
En la capital del departamento de Risaralda, el centro comercial y bancario intenta retomar su dinámica diaria entre edificaciones con daños parciales o totales. Las cifras oficiales indican que 10.000 viviendas sufrieron afectaciones, centenares de construcciones colapsaron y 40.000 personas quedaron en condición de vulnerabilidad. El alcalde Mauricio Salazar estimó que la reconstrucción de la ciudad costará 3.211 millones de dólares.
Este lunes 7 de septiembre, durante un recorrido por las calles de la ciudad, el gerente del Fondo Milagro para la Reconstrucción de la Gran Pereira, Jaime Uribe, constató los daños junto al mandatario local y el persistente reclamo ciudadano ante la falta de una política fija del gobierno nacional para la llegada de los recursos.
Frente a este panorama, la alcaldía destinó fondos propios para atender a 100 beneficiarios del sector informal, habilitó líneas de crédito comercial y puso en marcha la política local denominada «techos para las familias afectadas» para socorrer a 4.000 hogares.
Santiago de Cali atraviesa una situación crítica a casi un mes de la tragedia, que dejó 154 víctimas mortales, 14 desaparecidos y más de 45.000 afectados en la región. En los sectores más vulnerables de Chimancos —Altos de Santa Elena— y Chiminangos, alrededor de 800 familias permanecen en albergues improvisados bajo carpas y plásticos.
La crisis también golpea al emblemático edificio República de Venezuela, inmueble donado en el pasado por el Gobierno venezolano tras la tragedia de 1956, cuando la explosión de 7 carros cargados con 42 toneladas de dinamita dejó 4.000 muertos. Actualmente, varias familias han tenido que evacuar la edificación por temor a sus vidas ante la falta de subsidios de arrendamiento efectivos y diagnósticos de seguridad claros.
La ciudadanía y diversos congresistas del Pacto Histórico han cuestionado duramente al Ejecutivo nacional, calificando como un evento grosero la entrega simbólica de llaves de viviendas por parte del presidente Abelardo de la Espriella mientras los habitantes continúan bajo plásticos sin garantías para después de un subsidio temporal de 15 días.
Las críticas también alcanzaron al artista de reguetón Nicki Jam, quien recriminó al mandatario por utilizar los recursos enviados por él para hacer política con el drama de los damnificados, obligando a la población a subsistir únicamente gracias a la solidaridad de los colombianos.
