El Tribunal de Bogotá no aceptó cerrar el caso contra Álvaro Uribe por manipulación de testigos.
La justicia colombiana determinó que no debe cerrarse el caso contra el ex presidente Álvaro Uribe por manipulación de testigos y fraude procesal.
La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá negó la solicitud de la Fiscalía, que había insistido por tercera vez en que no hay material suficiente para llevar a juicio al ex mandatario y líder de la derecha colombiana.
Los magistrados han considerado, de manera unánime, que la entidad acusatoria debió adelantar más acciones investigativas y que hay “incertidumbres sustanciales” que imposibilitan acceder a la solicitud de preclusión.
“Existen vacíos probatorios que hacen que el tribunal no pueda llegar al nivel de conocimiento exigido para revocar la decisión de primera instancia”, expresó el magistrado Carlos Andrés Guzmán, encargado de leer la decisión del tribunal.
El caso se remonta a 2012, cuando Uribe presentó una denuncia contra el senador Iván Cepeda ante la Corte Suprema por un supuesto complot, con falsos testigos en cárceles, para involucrarlo con el paramilitarismo.
En 2018, el alto tribunal le dio una vuelta al caso: se abstuvo de procesar a Cepeda y, en cambio, abrió un proceso contra Uribe bajo la sospecha de que él y sus abogados manipularon testigos para que se retractaran de los señalamientos en su contra y acusaran al senador Cepeda de ser él quien los presionó para enlodar a Uribe.
El congresista, cercano al presidente Gustavo Petro, estuvo presente en la audiencia de este viernes en calidad de víctima en este proceso.
En el centro de la acción judicial está uno de los abogados del ex presidente, Diego Cadena, investigado por la Fiscalía por el mismo caso.
Supuestamente, Cadena le ofreció beneficios judiciales a varios ex paramilitares para que rectificaran las denuncias que habían realizado respecto a que, en los años noventa, un grupo paramilitar se conformó en una finca de la familia de Uribe.
Uno de esos testigos principales es Juan Guillermo Monsalve, a quien Cadena visitó en la cárcel en febrero de 2018. La defensa de Álvaro Uribe, en cabeza de Jaime Granados, sostiene que el ex mandatario no tenía conocimiento sobre las actuaciones de su abogado.
La justicia considera que aún no hay certezas sobre cómo se originaron las reuniones entre Cadena y Monsalve.
“No resulta claro si fue Monsalve el que buscó ser contactado por alguien cercano a Uribe. O si Uribe, a través de Cadena, tuvo tal iniciativa”, dijo el magistrado Guzmán.
Asimismo, los jueces se han referido a unas grabaciones que Monsalve realizó con un reloj espía durante los encuentros y que su esposa entregó a la Corte Suprema. “No se ha descartado que hubiera existido un documento o promesa de utilidad del testigo Monsalve para que declarara a favor”, agregó Guzmán.
El ex mandatario renunció a su curul en el Senado en 2020 para evitar que la Corte Suprema lo investigara.
El expediente pasó, entonces, a la Fiscalía, en cabeza de Francisco Barbosa, que ha hecho del caso un interminable proceso que se ha concentrado en buscar que se archive.
La entidad acusatoria ha fracasado en varias ocasiones en sus pedidos de preclusión, en los que señaló que Monsalve y Vélez no tenían credibilidad y que sus testimonios no se recogieron de forma adecuada. La última novedad del caso fue en mayo, cuando la juez 41 penal del circuito de Bogotá negó la posibilidad de precluir la investigación.
