Con 1.626 preguntas encima, MinAgricultura se queja de carga política pero no dice a quién le está entregando la tierra.
La cartera reportó 1.626 preguntas en menos de 11 semanas y advirtió sobre una presunta utilización abusiva del control político. Durante un debate en el Senado, Duvalier Sánchez e Iván Cepeda cuestionaron la gestión agraria del ministro Indalecio Dangond y exigieron explicaciones sobre la distribución de tierras y los recursos destinados al campesinado.
El Ministerio de Agricultura encendió la polémica al denunciar una supuesta sobrecarga de requerimientos de control político por parte del Congreso. Sin embargo, el debate que motivó parte de esas solicitudes también dejó sobre la mesa cuestionamientos de fondo sobre la reforma agraria, la protección de los campesinos y el manejo de predios vinculados a personas señaladas por presuntos nexos con el narcotráfico.
En un pronunciamiento divulgado el 27 de octubre, la cartera, dirigida por Indalecio Dangond Baquero, aseguró que recibió 30 citaciones a debates de control político y 124 derechos de petición o solicitudes de información durante sus primeros 75 días de gestión, con corte al 20 de octubre.
Según las cifras oficiales, las citaciones reunieron 378 preguntas, mientras que las solicitudes escritas sumaron otras 1.248. En total, el Ministerio contabilizó 1.626 preguntas y afirmó que debía atender un promedio superior a 21 por día calendario.
La entidad también señaló que 20 de las 30 citaciones provenían del Pacto Histórico. De las 124 solicitudes escritas, 61 correspondían a esa colectividad, equivalentes al 49,2 % del total.
Aunque el Ministerio reconoció que el control político es una función esencial de la democracia, advirtió que la frecuencia y concentración de los requerimientos podrían afectar su capacidad administrativa e incrementar la exposición a acciones judiciales, como las tutelas. Por ello, cuestionó que estos mecanismos pudieran estar utilizándose en contravía de su finalidad constitucional.
Durante el debate en el Senado, el congresista Duvalier Sánchez cuestionó al ministro por su visión del campesinado y por las decisiones presupuestales relacionadas con el sector rural.
Sánchez defendió el reconocimiento de los campesinos como sujetos de derechos y rechazó que se sustituyera esa denominación por la de pequeños empresarios del campo. Según argumentó, ambas expresiones no son equivalentes y el cambio podría desconocer la identidad y los derechos históricamente reconocidos a esta población.
El congresista también cuestionó la reducción de recursos destinados al sector agrario y advirtió sobre las consecuencias que podría tener para la compra y restitución de tierras. En su intervención, sostuvo que la política del Gobierno debía garantizar que las familias campesinas pudieran acceder a predios y desarrollar proyectos productivos.
“Se llaman campesinos y los vamos a hacer respetar”, afirmó Sánchez al cerrar su intervención.
El representante también señaló que el ministro no había respondido de manera suficiente a varios asuntos planteados en el cuestionario del debate, entre ellos la preparación frente al fenómeno de El Niño y las medidas para proteger a productores de sectores como el arrocero y el lechero.
Por su parte, el senador Iván Cepeda cuestionó que, a su juicio, el ministro no hubiera respondido las preguntas centrales sobre la distribución de predios, los bienes administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y posibles conflictos de interés relacionados con negocios de tierras.
Durante la sesión, Cepeda lanzó señalamientos sobre presuntos vínculos entre personas relacionadas con negocios inmobiliarios rurales y redes asociadas al narcotráfico. También cuestionó la situación de predios que, según expuso, podrían corresponder a baldíos de la Nación y reclamó explicaciones sobre quiénes se están beneficiando de las decisiones relacionadas con esas tierras.
“Ni una palabra, señor ministro, de a quién les están entregando las tierras”, sostuvo el senador durante su intervención.
Cepeda afirmó que las tierras destinadas a la política agraria debían beneficiar a campesinos y comunidades rurales, y no terminar, según sus acusaciones, en manos de personas relacionadas con actividades criminales. Además, anunció acciones legales para que se investiguen los hechos que denunció.
Estos señalamientos corresponden a las afirmaciones del congresista durante el debate y no constituyen, por sí solos, una demostración judicial de las presuntas irregularidades.
La controversia enfrenta dos asuntos que deben examinarse por separado: el volumen de solicitudes que debe atender el Ministerio y la obligación de sus funcionarios de responder por sus decisiones.
Las cifras divulgadas por la cartera permiten dimensionar la cantidad de preguntas recibidas, pero no demuestran por sí mismas que el control político se esté ejerciendo de manera abusiva. De igual forma, los cuestionamientos de los congresistas plantean asuntos sobre la política de tierras que requieren respuestas documentadas y verificación independiente.
Mientras el Ministerio saca cuentas de cuántas preguntas le hacen, en el Congreso le cobran las respuestas que no da: qué provocó la ira del ministro para atacar a Duvalier, qué pasa con los baldíos y, sobre todo, a quién le están entregando las tierras en Colombia.
Y como le gritó Duvalier en el atril: ¡Se llaman campesinos!
