Un total de 600 militares de la poderosa nación y de una división especializada en combate en alta montaña y selva practicarán en el istmo.
Según reveló The New York Times esta semana, el Ejército de EE.UU. ha desplazado centenares de efectivos para llevar a cabo maniobras de adiestramiento en Panamá, ejercicios que se replicarán más adelante en Honduras y Colombia. El contingente se alista para intervenir en misiones especiales dirigidas contra las organizaciones del narcotráfico, de acuerdo con las fuentes consultadas por el diario.
Esta acción se interpreta como un avance adicional en la llamada doctrina Donroe, un juego de palabras que resume la estrategia de Donald Trump orientada a rescatar los principios del presidente James Monroe sobre la hegemonía continental, vinculada a un intervencionismo acrecentado.
El envío comprende un total de 600 militares pertenecientes a la 10.ª División de Montaña. Un primer lote ya se encuentra en una base castrense ubicada en la selva panameña. Dichas tropas también tomarán parte en adiestramientos combinados junto a las fuerzas armadas de Colombia y Honduras. El aumento de la presencia militar estadounidense en la región ha vuelto a encender la polémica en torno al rol de Washington en Latinoamérica.
La Casa Blanca tiene definidos sus propósitos. A finales del año anterior, el Pentágono dio a conocer la actualizada Estrategia de Seguridad Nacional, en la que se enfatizaba: “Después de años de descuido, Estados Unidos reafirmará y pondrá en práctica la doctrina Monroe [que defendía el intervencionismo de EE.UU. en Latinoamérica] para recuperar su primacía”. Los responsables del Departamento de Defensa que redactaron el documento consideran indispensable retomar esa línea para conseguir “una recuperación juiciosa y firme del poder y las prioridades de Estados Unidos” y “para restablecer la preeminencia estadounidense en el hemisferio occidental”.
A partir de ese momento, Washington ha reorientado su atención. Y ha endurecido el tono hacia sus vecinos meridionales. Desde el verano pasado, las fuerzas armadas estadounidenses atacan con bombas embarcaciones sospechosas de narcotráfico en el Caribe, cerca de las costas de Venezuela, Ecuador y Colombia. A comienzos de año, Trump dispuso una intervención militar en Venezuela con el fin de apresar a Nicolás Maduro y derribar el régimen chavista desde el interior, elevando a Delcy Rodríguez a la presidencia. Semanas más tarde, elevó la presión sobre Cuba mediante un bloqueo energético más severo, hasta generar una crisis humanitaria. En el intermedio, ejerció presión sobre el expresidente colombiano Gustavo Petro y ofreció su respaldo al candidato de derecha Abelardo de la Espriella, quien conquistó el poder tras imponerse en los comicios de junio pasado.
Trump se involucró en las contiendas electorales de Argentina para apoyar a Javier Milei, y en Honduras, donde su preferencia por el conservador Nasry Asfura le proporcionó un aliado adicional. De manera gradual va construyendo una red de partidarios para ampliar su peso en la zona.
Además, el líder republicano suscribió el pasado marzo, en su club de golf de Doral (Miami), el establecimiento del denominado Escudo de las Américas, una asociación de ministros de Defensa del continente destinada a combatir el narcotráfico y a ejecutar operaciones militares coordinadas.
Poco después de la victoria electoral de De la Espriella en Colombia, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, afirmó que el nuevo presidente había dado luz verde a Washington para llevar a cabo operaciones militares conjuntas en suelo colombiano, aunque esa afirmación no ha trascendido de las palabras. “Colombia ya ha pedido que el Departamento de Guerra se incorpore a la lucha contra el narcoterrorismo, autorizando operaciones militares conjuntas para aniquilar terroristas y sus redes”, declaró durante una visita a la Ciudad de Panamá, donde comunicó la adhesión de Colombia al Escudo de las Américas.
Más allá de las alianzas políticas, la controversia sobre el despliegue militar gana intensidad tras saberse que las tropas enviadas a Panamá —y que cooperarán con los ejércitos de Colombia y Honduras— integrarán un nuevo mando destinado a operaciones en el hemisferio occidental, con cuartel general en Miami.
Hegseth ha inaugurado asimismo una oficina adicional en el Pentágono encargada de monitorear las acciones militares contra los cárteles de la droga en Latinoamérica.
La embajada de Estados Unidos en Panamá desmintió esta semana el reportaje de The New York Times, calificándolo de “categóricamente falso”. Según la misión diplomática, en el país centroamericano se hallan 120 militares estadounidenses realizando un curso de operaciones selváticas de dos semanas de duración. Al concluirlo, el 25 de octubre, retornarán a su base de Fort Drum, en Nueva York. La embajada precisa que el centro de instrucción opera desde hace más de un año, con personal panameño y estadounidense, y que los soldados se encuentran allí por invitación del Gobierno de Panamá. El embajador Kevin Marino Cabrera añadió que en el programa intervienen panameños y militares de otras nacionalidades.
John D. Feeley, antiguo embajador de EE.UU. en el istmo, aclara que no se trata de un único grupo, sino de cinco rotaciones de 120 soldados cada una. “Históricamente, Estados Unidos ha enviado pelotones de 30-40 hombres a la vez para entrenar”, comenta por mensaje de texto. “600 de una sola vez es descomunal; 120 representa un tamaño superior al habitual, pero no excesivamente exagerado”. Para el exdiplomático, de todos modos, la información deja abierta una interrogante central: “La pregunta más pertinente es qué hacen después del entrenamiento en Panamá”, se pregunta acerca de la posibilidad de contar con un contingente considerable preparado para operar en la profunda selva tropical.
En Colombia, el mayor de los tres países donde podrían adiestrarse esos efectivos —con miles de kilómetros de selva amazónica y la mayor producción mundial de cocaína—, la presencia de militares estadounidenses no resulta del todo excepcional. Actividades de asesoramiento o instrucción son factibles sin grandes obstáculos, aunque han generado discusiones en el pasado. La instalación de bases militares o la ejecución de operaciones directas por parte de fuerzas extranjeras exige la aprobación del Senado, y el debate ha girado en torno a qué acciones pueden realizarse sin ese aval previo.
El episodio más reciente ocurrió en 2020, cuando el entonces comandante de las Fuerzas Armadas, Luis Fernando Navarro, anunció la llegada al país de la Primera Brigada de Asistencia de Fuerza de Seguridad (SFAB, por sus siglas en inglés) para brindar asesoría táctica y “potenciar las operaciones contra el tráfico de estupefacientes”. Tras un recurso judicial que suspendió temporalmente su presencia, el Consejo de Estado determinó que la estancia temporal de militares foráneos para asesorar, adiestrar o capacitar —sin intervenir en operaciones, sin ejercer mando y sin portar armas— no constituye un tránsito de tropas. Por esa razón, la SFAB ha retornado en varias ocasiones.
Hasta el momento, el Ejecutivo no ha sometido ninguna solicitud al Congreso para las actividades que requieren su autorización, entre las cuales, en principio, no figura el entrenamiento. El propio Consejo de Estado comunicó que, durante el primer mes del actual Gobierno, no recibió ninguna petición de concepto relativa al ingreso o la participación de tropas extranjeras. Así lo recordó este jueves el opositor y vicepresidente segundo del Senado, Alejandro Ocampo, al presidente: “Usted no ha solicitado al Congreso autorización para que tropas extranjeras transiten por nuestro territorio”, escribió en X. La intervención del senador aludía precisamente a las declaraciones de Hegseth en agosto, cuando sostuvo que el presidente De la Espriella había autorizado “operaciones militares conjuntas”.
Todo ello se enmarca en un panorama más amplio, según explica Laura Bonilla, especialista en seguridad y subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación. Se refiere al Escudo de las Américas, la amplia coalición de naciones afines a Trump que ha comenzado a configurarse como una especie de alianza hemisférica. Aunque sus límites aún no están del todo definidos, en el plano operativo ya funciona la Coalición de las Américas contra los Cárteles, o A3C, destinada a combatir a las organizaciones del narcotráfico.
En ella participan 18 países de América Latina, entre ellos Colombia, Panamá y Honduras. La guerra contra las drogas impulsada por la Administración de Donald Trump ampara las medidas que Estados Unidos ha adoptado en la región, aunque estas tengan un carácter más militar que judicial o policial. Así lo ilustra, por ejemplo, el envío a comienzos de octubre de una cantidad todavía desconocida de drones Reaper a Colombia y Ecuador.
