Un día antes de que las Disidencias de las Farc firmara un acuerdo para la “protección de la población civil” en el inicio de negociaciones con el Gobierno nacional, su estructura Jaime Martínez retuvo a tres personas de una comunidad afro cerca a la ciudad de Buenaventura, Valle del Cauca.
Por eso la Oficina del Alto Comisionado para la Paz les exigió coherencia con los compromisos adquiridos y la liberación de los secuestrados a los integrantes de este grupo armado al margen de la ley.
“Exigimos a EMC FARC respetar la vida de Juan David Mosquera, Johan Valencia e Ismael Arroyo y su inmediata libertad en coherencia con Acuerdo de Respeto a civiles de ayer Al ELN y EMC FARC aplicar con rigor el DIH por la vida y libertades en territorio de Yurumangui”, expresó la oficina del comisionado de paz Danilo Rueda.
El secuestro de Mosquera, Valencia y Arroyo posiblemente fue ejecutado por la columna Jaime Martínez, correspondiente a la disidencias de las Farc al mando de alias Iván Mordisco, un día antes de la instalación de la mesa de conversaciones con el Gobierno de Gustavo Petro.
“Recordemos que ya casi se van a cumplir dos años (28/11/2021), desde que este mismos grupo armado Columna Jaime Martínez se llevó con vida Abencio Caicedo y Edinson Valencia y aún no los han regresado”, señaló el PNC al denunciar los hechos registrados el 15 de octubre de 2023.
De acuerdo con la información de la organización de comunidades negras, en la zona también se registran combates entre la guerrilla del ELN y la columna Jaime Martínez que ponen “en riesgo a la población civil y vulneran los compromisos asumidos en el marco de las negociaciones que adelantan con el Gobierno Colombiano”.
Esta acción delincuencial contradice los acuerdos firmados entre esa organización guerrillera y el Gobierno para la instalación de los diálogos de paz, cómo quedó planteado el pasado fin de semana.
Entre ellos se establece el cumplimiento del derecho internacional humanitario y en particular el Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra de 1949, el cual prohíbe la toma de rehenes y establece la protección de los civiles de las acciones del conflicto.
Las exigencias de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, un día después de la firma de los acuerdos, también se refiere a diferentes acciones que han puesto en riesgo a la población civil e incumplen el DIH, como los combates entre grupos armados en el departamento de Putumayo, al sur del país.
“A las FARC Segunda Marquetalia y al EMC FARC , el pueblo de Putumayo, les exige parar su confrontación armada aplicando las normas del DIH. Propuesta de tregua y corredores humanitarios como los ya realizados semanas atrás son una aplicación del DIH Escuchen a las comunidades ya”, señaló la OACP.
Y es que desde el 17 de octubre, luego de la instalación formal de la mesa de conversaciones, quedó en firme el cese al fuego bilateral, temporal de carácter nacional con impacto territorial, que según el acuerdo tiene el objetivo de “respetar la vida en todas sus formas, los derechos y las libertades de la población civil, el territorio y el ambiente”.
