Los asesinatos por los que fueron hallados responsables ocurrieron entre 2002 y 2006 en el noroccidente del departamento, en el caso de Dabeiba.
Los antiguos integrantes de la fuerza pública fueron declarados máximos responsables de asesinatos y desapariciones forzadas de civiles cometidos entre 2002 y 2006. Deberán cumplir sanciones de hasta seis años y medio mediante proyectos de reparación acordados con las víctimas.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) profirió una sentencia contra cinco antiguos integrantes del Ejército Nacional, a quienes encontró responsables de crímenes relacionados con ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas en Dabeiba y otros municipios del noroccidente de Antioquia.
La decisión judicial establece responsabilidades por 18 hechos criminales que dejaron 35 víctimas directas entre los años 2002 y 2006. Según las investigaciones, los civiles fueron asesinados y posteriormente presentados de manera ilegítima como integrantes de grupos armados muertos en supuestos enfrentamientos, una práctica conocida en Colombia como falsos positivos.
Los condenados son el coronel retirado Edie Pinzón Turcios; los mayores retirados Hermes Mauricio Alvarado Sáchica y Efraín Enrique Prada Correa; el sargento primero Jaime Coral Trujillo y el sargento segundo William Andrés Capera Vargas.
Las sanciones impuestas oscilan entre cinco años y medio y seis años y medio de restricciones efectivas de derechos y libertades. Durante ese periodo, los responsables deberán participar en nueve proyectos restaurativos diseñados con la intervención de las víctimas y las comunidades afectadas.
Entre las obligaciones establecidas por la JEP se encuentran obras de infraestructura comunitaria, construcción de caminos y puentes, actividades de desminado humanitario, recuperación de espacios públicos, intervenciones artísticas y siembra de cultivos agrícolas.
También deberán contribuir a la búsqueda de personas desaparecidas y participar en iniciativas de reparación en distintos territorios de Antioquia. Los proyectos tienen un cronograma de ejecución que se extenderá desde diciembre de 2026 hasta octubre de 2034.
Uno de los componentes centrales de la sentencia será la intervención integral del cementerio Las Mercedes, en Dabeiba, lugar donde fueron ocultados cuerpos de personas asesinadas y desaparecidas en el marco de estos crímenes.
La JEP informó que, gracias a los aportes de verdad realizados por los comparecientes, se logró recuperar 77 cuerpos de víctimas de desaparición forzada. De ese total, 18 han sido identificados y 17 entregados dignamente a sus familiares.
Este proceso ha permitido que algunas familias conozcan finalmente el destino de sus seres queridos y puedan adelantar los actos de despedida y sepultura que durante años les fueron negados.
Para la JEP, la decisión representa un avance en el esclarecimiento de los crímenes cometidos contra la población civil y en el reconocimiento de las responsabilidades de quienes participaron en estos hechos.
El magistrado ponente, Juan Ramón Martínez Vargas, calificó la sentencia como una respuesta judicial histórica frente a la tragedia que vivieron las comunidades de esta región antioqueña.
La jurisdicción explicó que las sanciones propias contempladas en el modelo de justicia transicional no equivalen a la ausencia de castigo. Se trata de medidas que exigen reconocimiento de responsabilidad, contribuciones a la verdad y trabajos restaurativos bajo condiciones verificables.
La decisión también se produce en medio de las discusiones sobre el futuro institucional y financiero de la JEP, así como de las iniciativas políticas y legislativas que buscan modificar o poner fin a su funcionamiento.
Dabeiba, uno de los casos emblemáticos de falsos positivos
El expediente de Dabeiba es considerado uno de los procesos más representativos de las ejecuciones extrajudiciales conocidas como falsos positivos, una práctica criminal en la que civiles fueron asesinados y presentados como bajas legítimas en operaciones militares.
En sus investigaciones, la JEP estableció tres patrones de criminalidad. El primero estuvo relacionado con el asesinato de campesinos señalados arbitrariamente de tener vínculos con organizaciones insurgentes, en un contexto de relaciones entre agentes estatales y estructuras paramilitares.
El segundo patrón involucró a personas que no pertenecían a la región y que fueron trasladadas mediante engaños desde lugares como Medellín y Turbo para posteriormente ser presentadas como resultados operacionales del Ejército.
El tercer mecanismo consistió en ocultar los cuerpos de las víctimas mediante desapariciones forzadas y su inhumación en cementerios municipales, especialmente en Las Mercedes, de Dabeiba, y en el cementerio de Ituango.
Con esta sentencia, la JEP avanza en el esclarecimiento judicial de uno de los episodios más dolorosos del conflicto armado colombiano, mientras las familias de las víctimas esperan que las medidas ordenadas se traduzcan en verdad, reparación y garantías de no repetición.
