La violencia en esta zona rural de El Tarra ha provocado el desplazamiento de familias y afectaciones a viviendas e infraestructura comunitaria. Un habitante de la región cuestionó la respuesta del Gobierno Nacional y reclamó mayor atención en salud, educación y garantías para la población campesina.
La situación humanitaria en el corregimiento de Filo Gringo, en el municipio de El Tarra, Norte de Santander, continúa generando preocupación entre las comunidades del Catatumbo, en medio de los enfrentamientos, ataques con drones, bombardeos y desplazamientos que han afectado a cientos de familias.
Una de las dimensiones de esta crisis fue expuesta por un habitante de la región, entrevistado por Colombia Informa bajo reserva de identidad, quien aseguró que la población de Filo Gringo pasó de aproximadamente 3.483 habitantes antes del recrudecimiento del conflicto, en enero de 2025, a entre 500 y 600 personas en la actualidad. El testimonio atribuye esta reducción principalmente al desplazamiento provocado por la violencia.
Según el relato, los ataques y las confrontaciones también han dejado graves afectaciones en la infraestructura de la población. Entre los lugares afectados se encuentran viviendas, puestos de salud, escenarios deportivos y otros espacios comunitarios que, de acuerdo con el entrevistado, hacían parte de la vida cotidiana de los habitantes.
La situación también habría generado consecuencias en la atención médica. El habitante explicó que, cuando una persona resulta herida, inicialmente se intenta atenderla en la zona, pero las condiciones de seguridad en las vías dificultan los desplazamientos hacia otros municipios. Según su testimonio, los habitantes han optado por acudir hacia El Tarra y posteriormente a Ocaña, en lugar de desplazarse hacia Tibú.
A las dificultades de acceso a los servicios básicos se suma el desplazamiento de numerosas familias. De acuerdo con la entrevista, los espacios habilitados inicialmente por las autoridades para recibir a personas desplazadas solo permitieron estadías temporales, después de las cuales muchas familias tuvieron que buscar por cuenta propia viviendas en arriendo, pese a no contar con los recursos económicos suficientes.
El impacto, según el testimonio, no es únicamente material. El habitante también describió una profunda afectación emocional entre quienes permanecen en la región, especialmente ante el temor generado por el sobrevuelo de aeronaves y drones. Aseguró que algunas personas experimentan angustia incluso al escuchar estos aparatos, debido a que los relacionan con posibles ataques.
El entrevistado también denunció amenazas y señalamientos contra dirigentes comunales. Según afirmó, algunos líderes han sido acusados de supuestos vínculos con organizaciones armadas ilegales, señalamientos que rechazan y que, en su opinión, buscan desacreditar el trabajo comunitario que desarrollan en el territorio.
Uno de los episodios relatados durante la entrevista fue el ataque contra la vivienda de uno de los dirigentes. El habitante aseguró que un artefacto explosivo cayó en una habitación de su casa y provocó importantes daños materiales. En ese momento, según su relato, se encontraba viviendo allí junto con su madre, una mujer de 77 años.
La preocupación también se extiende al futuro económico de las familias campesinas. El entrevistado manifestó su rechazo a eventuales fumigaciones aéreas y advirtió sobre los posibles impactos que estas podrían tener sobre cultivos de pancoger, fuentes de agua y ecosistemas. Sostuvo que en la región existen cultivos de cacao, maíz, caña y otros productos lícitos que hacen parte de la economía campesina.
En medio de este panorama, el habitante cuestionó que la respuesta estatal esté concentrada principalmente en acciones militares y reclamó mayor atención para sectores como salud, educación, vivienda y protección de los derechos humanos. La frase que resume su posición fue contundente: “Este gobierno no anuncia nada bueno en salud o educación; solo habla de guerra”.
Las declaraciones corresponden al testimonio de un habitante entrevistado por Colombia Informa y reflejan una de las posiciones existentes sobre la situación del Catatumbo. Por su parte, el Gobierno Nacional sostiene públicamente una agenda que también incluye políticas sociales, de salud y educación. En julio de 2026, el presidente Gustavo Petro afirmó que su administración había ampliado los equipos básicos de salud y aumentado la inversión en educación pública.
Mientras persiste la confrontación armada y continúan los desplazamientos, las comunidades del Catatumbo enfrentan el desafío de permanecer en sus territorios en medio de condiciones de seguridad cada vez más complejas. Para los habitantes, la demanda central sigue siendo recuperar las condiciones que permitan vivir, trabajar y acceder a servicios básicos sin que la violencia determine el futuro de sus familias.
