El titular del Ministerio Público reiteró que las pesquisas contra el exasesor argentino avanzarán sin interferencias de ningún funcionario público.
Roger Mariaca, fiscal general del Estado de Bolivia, alertó a los empleados gubernamentales y de otras instituciones que si tratan de interferir en las pesquisas contra Fernando Cerimedo -el argentino que fue consejero del presidente Rodrigo Paz- deberán “atenerse a las consecuencias”.
“Para esos altos funcionarios del Ejecutivo o de cualquier institución pública del Estado, que de alguna u otra manera quieran trancar esta investigación, quieran hacer seguimiento a mis fiscales de materia en Santa Cruz y en Bolivia, que se atengan a las consecuencias”, declaró Mariaca durante una conferencia de prensa.
Por su parte, la máxima autoridad del Ministerio Público garantizó que seguirá monitoreando la actuación de los fiscales departamentales y de materia; sin embargo, también se les brindará garantías para realizar su trabajo. Además, enfatizó que la investigación no cesará.
La autoridad afirmó en una conferencia de prensa: “Nada nos va a parar para investigar este hecho y que sepan, somos independientes y valientes para llevar adelante esta investigación como cualquiera que hay dentro del territorio nacional”.
Asimismo, corroboró que actualmente existen tres procedimientos abiertos contra Cerimedo.
En el primer caso, Cerimedo está acusado formalmente de feminicidio en grado de tentativa contra su expareja Nadia Beller y por este delito está en prisión preventiva en Palmasola.
El segundo proceso es por el crimen de violencia familiar, y Cerimedo ya ha presentado su testimonio informativo desde la cárcel de Palmasola, acompañado de su defensa técnica.
Por último, el tercer caso se activó debido al delito de enriquecimiento ilícito y por el que ya se ha emitido una orden de aprehensión en su contra.
En esta última etapa, fue exactamente Nadia Beller la que denunció a Cerimedo como el «presidente en las sombras» del país y lo acusó de haber hecho tratos con respecto al oro y al combustible junto con el presidente Paz y su círculo cercano, que incluía a la primera dama, Bibi Urquidi.
En esa línea, la Fiscalía llevó a cabo varios registros de propiedades que estarían relacionadas con el argentino.
