Gobernador del Magdalena se comprometió a cumplir sentencia a favor de pescadores de la zona.
Amparados por una sentencia de la Corte Constitucional, un grupo de pescadores en Santa Marta, tienen derecho al mínimo vital para realizar sus labores en el parque Tayrona; sin embargo, el cumplimiento de esta sentencia no se ha producido, por lo que la actual administración departamental se comprometió a cumplir con el mandato.
En un documento enviado a la magistrada del Tribunal Administrativo María Victoria Quiñonez, el gobernador del Magdalena Carlos Caicedo y su equipo de trabajo se comprometieron a cumplir la sentencia T-606 de 2015 a favor de los pescadores de Santa Marta, que realizaban sus labores en el parque Tayrona, quienes tienen derecho a una compensación económica para su mínimo vital.
“Entendemos las vicisitudes presentadas en las audiencias desarrolladas con ocasión de la Sentencia T-606 de 2015, en las que no se ha logrado evidenciar el avance que usted ha requerido pero es de conocimiento público la sobrecarga de tareas y funciones de emergencia que la pandemia ha generado en las entidades territoriales, en este caso para la Gobernación del Magdalena el reto no es menor dado que el 86% de la población vive del día a día, así debemos concentrar todos nuestros esfuerzos y recursos para que el aislamiento social preventivo pudiera cumplirse a cabalidad y salvaguardar la vida de los magdalenenses”, indicó el gobernador Caicedo a la Magistrada Quiñonez.
“Igualmente, el documento, en más de cuatro años no había llegado a estructurarse y en este gobierno logramos consolidarlo, estando a la fecha en proceso de suscripción quedando pendiente de la firma de tres de las 11 entidades que deben suscribirlo” concluyó el mandatario local.
Asegura Caicedo que su administración no evidenció alguna coordinación técnica del gobierno anterior para impulsar y facilitar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por las otras entidades involucradas en el acatamiento de la sentencia.
“Es de anotar que de acuerdo a la sentencia, en las vigencias 2016-2017 durante seis y siete meses respectivamente, no se dio cumplimiento a lo ordenado frente al pago mensual de la ayuda económica transitoria de seguridad alimentaria, con lo cual se desconoció el mínimo vital de los pescadores beneficiarios, de otra parte, no se ejecutó ningún proyecto de compensación a los pescadores, debido a la incapacidad técnica que mostró la administración pasada en la formulación y ejecución de los proyectos, debiendo devolver los recursos que no lograron ser ejecutados”, señaló la administración departamental en el documento enviado a la magistrada.
“La información que brindó como disponible el gobierno saliente está lejos de cumplir con los requisitos de la sentencia, lo cual no nos exime la responsabilidad de cumplir a cabalidad con la orden impartida, pero teniendo en cuenta las responsabilidades de como entidad territorial y de servicio público debemos honrar, estamos en el en el proceso de rigor para poder llevar a cabo finalmente un proceso organizado responsable con los beneficiarios”, manifestó el gobernador Carlos Caicedo.
