Sectores críticos de la administración cuestionan las decisiones presupuestales y advierten que mientras aumenta el monto global de recursos, se reducen las partidas destinadas al deporte, el SENA, el campo, el ambiente y las iniciativas de paz.
Una fuerte controversia política se abrió alrededor del manejo de los recursos públicos, luego de que sectores críticos de la administración de Abelardo de La Espriella cuestionaran la decisión de reducir las asignaciones destinadas a programas relacionados con el deporte, la formación para el trabajo, el desarrollo rural, la protección ambiental y la construcción de paz.
La discusión parte de una aparente contradicción: mientras el presupuesto general presenta un incremento, algunos sectores considerados fundamentales para el desarrollo social y económico de las comunidades recibirían menos recursos. La situación ha generado cuestionamientos sobre cuáles son las prioridades que están orientando la distribución del dinero público.
Entre las áreas señaladas se encuentran el deporte, el SENA, el campo, el ambiente y los programas relacionados con la paz. Para quienes cuestionan las decisiones, se trata de sectores que tienen un impacto directo sobre jóvenes, comunidades rurales, trabajadores, emprendedores y territorios que enfrentan históricamente dificultades para acceder a oportunidades.
El recorte al deporte, particularmente, genera preocupación por sus efectos sobre escuelas de formación, escenarios deportivos y procesos dirigidos a niños y jóvenes. De igual manera, cualquier disminución de recursos para formación técnica y capacitación puede limitar oportunidades para quienes buscan incorporarse al mercado laboral o fortalecer sus iniciativas productivas.
En las zonas rurales, la discusión adquiere otra dimensión. Los recursos destinados al campo y al medio ambiente están relacionados con proyectos productivos, asistencia a comunidades campesinas, conservación de ecosistemas y acciones para enfrentar problemáticas que afectan directamente a los territorios.
También existe preocupación por los recursos destinados a la paz, especialmente en regiones donde persisten conflictos sociales y armados y donde las comunidades reclaman mayores oportunidades, inversión social y presencia efectiva del Estado. Para los sectores críticos, disminuir estas partidas mientras aumenta el presupuesto requiere una explicación clara frente a la ciudadanía.
La controversia se resume en una frase que ha comenzado a circular entre los cuestionamientos a la administración: “Eso no es austeridad: es gobernar contra la gente”. La afirmación refleja la posición de quienes consideran que el problema no está únicamente en cuánto dinero tiene disponible el Estado, sino en las prioridades establecidas al momento de distribuirlo.
El debate queda ahora abierto sobre las razones que llevaron a modificar estas asignaciones y sobre los efectos que los recortes podrían tener en los sectores afectados. La ciudadanía y los representantes de estas áreas esperan conocer con mayor detalle las cifras, las justificaciones oficiales y el destino de los recursos en el nuevo presupuesto.
Por otro lado, el gobierno sostiene que el incremento de $37,4 billones para el pago del servicio de la deuda es resultado de “la estrategia irresponsable de endeudamiento del gobierno pasado que acumuló vencimientos de deuda de corto plazo, cuyas tasas fueron más elevadas”.
Lo contradictorio es que eso mismo hará el gobierno de Abelardo: pagar deuda vencida con más deuda cara. Endeudarán al país en $239 billones para pagar $155 billones de deuda vencida, a tasas elevadas del 12,5% en promedio. La misma irresponsabilidad del Gobierno Petro.
El déficit fiscal para 2027 pasa de 6,7% del PIB, —que estimaba el gobierno anterior en el presupuesto devuelto— a 9,4% del PIB con el nuevo presupuesto propuesto. Incluso más de lo que estimaba el mismo Carf.
El problema de fondo es que el país cayó en el círculo vicioso del endeudamiento: se endeuda para pagar y paga para endeudarse. El pago de la deuda y los intereses crecen mucho más que la economía, lo cual es insostenible.
Cada peso adicional del presupuesto que se destina a pagar la deuda es un peso menos para la inversión pública productiva, la única que puede lograr que la economía crezca por encima de sus obligaciones y sacarnos de este círculo vicioso.
Para lograrlo es necesario cambiar el paradigma imperante de la política fiscal, que prioriza el pago de la deuda por encima de todo, incluidas las necesidades actuales del país. Se asume que la deuda es intocable e innegociable, lo que la hace impagable.
Se debe renegociar la deuda, solicitar condonaciones o ampliar plazos con el fin de liberar recursos para la inversión pública, orientada a desarrollar capacidades productivas, integrar tecnología e innovación, con metas claras de empleo y producción. No hay otra forma de avanzar.
