Con esta decisión del Gobierno quedaron clausurados los últimos procesos heredados de la administración de Gustavo Petro.
Las últimas mesas y espacios sociojurídicos heredados de la administración de Gustavo Petro quedaron formalmente terminados este 11 de septiembre. El Gobierno anunció un giro hacia el sometimiento a la justicia y el fortalecimiento de la ofensiva contra las organizaciones armadas.
El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella oficializó este viernes 11 de septiembre el cierre de los últimos escenarios de diálogo y acercamiento que permanecían vigentes de la denominada ‘paz total’, política bandera de la administración de Gustavo Petro para negociar con grupos armados y estructuras criminales.
La decisión se concretó mediante nuevas resoluciones que terminaron los espacios sociojurídicos que todavía permanecían activos en Buenaventura y Quibdó, con lo cual el actual Ejecutivo dio por cerrado el último capítulo institucional de las negociaciones heredadas del anterior Gobierno.
El propio mandatario confirmó la determinación a través de un mensaje publicado en X, en el que aseguró que su administración cumplió la promesa de desmontar la estrategia de negociación. El cierre se produjo después de que, durante las primeras semanas de su mandato, fueran expedidos diferentes actos administrativos para desmontar progresivamente las mesas y mecanismos creados durante el cuatrienio anterior.
Entre los procesos que quedaron sin continuidad se encuentran los espacios establecidos con diferentes estructuras de disidencias de las antiguas Farc, entre ellas el Estado Mayor de Bloques y Frentes, además de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y el Frente Comuneros del Sur. También fue terminado el proceso de diálogo que se mantenía con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
El desmonte también alcanzó los espacios de conversación sociojurídica establecidos con organizaciones como las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, estructuras criminales de Medellín y el Valle de Aburrá, así como los procesos que permanecían abiertos en Buenaventura y Quibdó.
Otro de los mecanismos afectados fue la Zona de Ubicación Temporal del Valle del Guamuez, en Putumayo, creada durante la administración anterior para facilitar un proceso de tránsito hacia el sometimiento y la reincorporación de integrantes de estructuras armadas. El Gobierno actual decidió poner fin a este esquema.
La Casa de Nariño justificó el cambio de rumbo bajo el argumento de que el Estado no debe mantener instrumentos institucionales que puedan terminar favoreciendo la continuidad de actividades criminales. La nueva administración sostiene que quienes realmente quieran abandonar las armas deberán hacerlo mediante los mecanismos establecidos por la justicia.
El Ejecutivo también advirtió que las organizaciones que persistan en acciones violentas contra la población civil serán enfrentadas por la Fuerza Pública, utilizando las herramientas legales disponibles y priorizando la recuperación del control territorial.
El cierre de las negociaciones marca un cambio radical frente a la estrategia desarrollada durante el gobierno de Gustavo Petro, que abrió diferentes canales de diálogo con guerrillas, disidencias y estructuras de crimen organizado. La fragmentación de varios de estos grupos y la continuidad de las confrontaciones terminaron dificultando el cumplimiento de los objetivos planteados inicialmente.
A este balance se suma el componente económico. Un consolidado de la Consejería Comisionada de Paz, obtenido por El Tiempo mediante un derecho de petición, estableció que entre agosto de 2022 y junio de 2026 se ejecutaron 125.174 millones de pesos relacionados con los procesos de negociación y acercamiento.
De ese total, 107.572 millones de pesos correspondieron a negociaciones con grupos armados al margen de la ley, mientras que otros 17.601 millones fueron destinados a conversaciones con estructuras criminales urbanas de alto impacto. Entre los principales gastos de las negociaciones estuvieron el transporte aéreo y las medidas de protección, que conjuntamente representaron cerca de 43.180 millones de pesos.
Con las resoluciones expedidas durante las últimas semanas y las decisiones conocidas este 11 de septiembre, el Gobierno de De La Espriella da por concluida la ‘paz total’ como estrategia de negociación y abre una nueva etapa basada en el sometimiento a la justicia y la acción de la Fuerza Pública frente a las estructuras armadas que continúen operando en el país.
