Los grandes medios de comunicación y el candidato Abelardo se lanzaron a una carrera frenética por validar un resultado preliminar que carece de toda fuerza jurídica.
Por Mauricio Reyes Rojas, tomado de Colombia Informa
La jornada de votación para la segunda vuelta presidencial estuvo plagada de profundas irregularidades, agravadas por el afán desmedido de la burguesía y sus aparatos de propaganda por erigir el preconteo como una verdad absoluta.
Incluso a la luz de las propias normas de la legalidad burguesa, el único facultado para declarar un ganador, una vez culminados los escrutinios municipales, departamentales y nacionales, es el Consejo Nacional Electoral (CNE). Solo después de surtir rigurosamente estas etapas, la institución expide la credencial que acredita al vencedor de la contienda.
Entonces, ¿cuál es el afán de los monopolios mediáticos y de los sectores reaccionarios por instalar una matriz de opinión que induce al error a las mismas instituciones que juran defender? ¿Acaso su pretendida “patria milagro” consiste en pisotear las formas de su propia democracia liberal para salvaguardar sus intereses de clase?
El objetivo es diáfano: propinar un golpe mediático. Buscan instalar a un presidente de facto en el imaginario colectivo sin que se agoten los procedimientos legales. Tras la primera vuelta, los medios clausuraron el debate político; para ellos, lo único crucial ahora es el reconocimiento ciego de unos datos provisionales.
La estrategia de los medios y su candidato consiste en implantar el preconteo como la etapa definitoria del proceso, mientras desacreditan sistemáticamente el escrutinio real. Vimos desfilar por las pantallas a analistas, ONG amaestradas y funcionarios del CNE, la Registraduría y la Procuraduría; los interpelaron con un único fin: obligarlos a pronunciarse y alinearse con el supuesto ganador. Aunque las instituciones del Estado mantuvieron una prudencia calculada, los analistas del establecimiento salieron a reconocer el resultado.
Conviene refrescar la memoria histórica: en contiendas anteriores, el escrutinio permitió recuperar casi un 2 % de los votos que, de manera conveniente, resultaron «embolatados» en el preconteo. En un escenario donde la distancia aparente entre Abelardo e Iván Cepeda es de apenas un 0,95 %, descuidar esta fase equivale a entregar la plaza sin pelear. El proceso de escrutinio ante jueces y notarios no es un trámite trivial; las impugnaciones posibilitan una revisión meticulosa de las actas y del material electoral. Es allí donde se resuelven las inconsistencias y se validan los votos reales.
En una Colombia alienada por la inmediatez y la visión facilista que impone el capitalismo, pretenden vendernos la idea de que todo está consumado y que la “patria milagro” se materializa mágicamente luego de la elección. Un contraejemplo claro es Perú, cuyas autoridades electorales asumieron públicamente que la verificación minuciosa tardaría un mes antes de declarar a un ganador formal.
En las mesas y puestos de votación, tras el cierre de las urnas, la presión y el acoso contra los jurados fueron evidentes. Fui testigo de cómo los funcionarios de la Registraduría y los transmisores de datos exigían una celeridad sospechosa en la entrega de las actas E-14, mientras los resultados ya se cocinaban en los sets de televisión. Las discrepancias entre el E-14 de transmisión y el de los delegados evidencian un mecanismo de fraude que las élites han perfeccionado durante décadas.
