Habitantes del sur del Cauca alertan sobre posibles daños a los ríos, riesgos para la salud y afectaciones sociales.
La defensa del agua y la protección del Macizo Colombiano reúnen a habitantes de Almaguer y de otros municipios del sur del Cauca en una audiencia pública comunitaria, convocada para visibilizar las afectaciones ambientales y sociales que, según denuncian las comunidades, estarían relacionadas con la expansión de la minería ilegal en esta región.
Durante el encuentro, los participantes exponen sus preocupaciones por la posible contaminación de ríos y quebradas, los riesgos para la salud de la población, el deterioro de los ecosistemas, las situaciones de orden público y los desplazamientos forzados que pueden afectar a las familias asentadas en los territorios donde se desarrollan estas actividades.
La audiencia busca abrir un espacio de participación para que campesinos, líderes sociales y habitantes del Macizo Colombiano expongan sus denuncias y reclamen respuestas de las instituciones responsables de la protección ambiental, la seguridad y el control de las explotaciones mineras. La defensa del agua ocupa un lugar central en las intervenciones, debido a la dependencia de numerosas comunidades rurales de las fuentes naturales para el consumo humano y las actividades agrícolas.
Las inquietudes de los participantes tienen antecedentes en denuncias presentadas por organizaciones sociales del sur del Cauca. En julio de 2026, representantes del Comité de Integración del Macizo Colombiano (CIMA) advirtieron sobre posibles afectaciones derivadas de la actividad minera en municipios como Almaguer, Bolívar, Santa Rosa, La Vega y Patía.
En ese momento, Guido Rivera, integrante del CIMA y coordinador de la Red de Derechos Humanos en el Cauca, señaló que la presencia de maquinaria pesada y dragas en sectores de los ríos San Jorge y Marmato generaba preocupación por sus posibles consecuencias para los ecosistemas y los sistemas de abastecimiento de agua de las comunidades.
Estas denuncias han puesto sobre la mesa la necesidad de verificar las condiciones en las que se desarrollan las explotaciones, determinar sus impactos y establecer responsabilidades cuando se comprueben daños ambientales.
La preocupación no se limita a la calidad del agua. Las comunidades también advierten sobre las consecuencias sociales que puede generar la expansión de estas actividades, especialmente cuando coinciden con escenarios de inseguridad, presiones sobre los habitantes y dificultades para ejercer control sobre los recursos naturales.
El territorio donde se desarrolla esta discusión tiene una importancia ambiental que trasciende las fronteras del Cauca. El Macizo Colombiano es reconocido por su riqueza hídrica y por ser el lugar de nacimiento de importantes ríos del país, entre ellos el Cauca, el Magdalena, el Patía, el Caquetá y el Putumayo.
En Almaguer, las fuentes de agua incluyen los ríos Marmato, Humus, Ruiz y Blanco, además de numerosas quebradas que abastecen acueductos veredales. Por ello, cualquier afectación comprobada sobre estas corrientes puede tener consecuencias para el consumo doméstico, la producción agrícola y el equilibrio de los ecosistemas locales.
En abril de 2026, el Ministerio de Ambiente informó sobre la firma del Pacto de Paz y Convivencia con la Naturaleza para el Ordenamiento Territorial alrededor del Agua y la Biodiversidad, un acuerdo con participación de comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas que busca fortalecer la protección del Macizo y la gobernanza ambiental.
La audiencia pública representa una oportunidad para poner en conocimiento de las autoridades las preocupaciones de los habitantes y solicitar medidas de prevención, vigilancia y seguimiento ambiental. Entre los asuntos que requieren atención están la verificación de posibles vertimientos contaminantes, la evaluación de los efectos sobre las fuentes hídricas y la protección de las comunidades que denuncian presiones o riesgos asociados a la actividad minera.
La defensa del territorio también plantea el desafío de coordinar acciones entre las autoridades ambientales, las entidades mineras, los organismos de control y las administraciones locales, con participación de las comunidades que conocen de primera mano las transformaciones que experimenta la región.
Los asistentes insisten en que la protección del agua debe asumirse como una prioridad para garantizar la salud, la permanencia de las familias campesinas y el futuro productivo del Macizo Colombiano. El propósito es que las denuncias expuestas no se queden únicamente en el escenario de la audiencia, sino que se traduzcan en respuestas institucionales y acciones verificables para proteger los recursos naturales del sur del Cauca.
