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La SIC abre investigación al Programa de Alimentación Escolar (PAE).
Presunta corrupción en el Programa de alimentación Escolar, acuerdos previos en los contratos del PAE en el Cauca por más de 50 mil millones de pesos habrían provocado la investigación.
Este 26 de julio de 2023, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) abrió investigación contra tres asociaciones que participaron en seis procesos de contratación del PAE en el departamento del Cauca. La investigación pretende esclarecer si tres asociaciones —Asipcom, Asopopayán y Asotambo— y cinco personas naturales habrían incurrido en irregularidades para la adjudicación de los procesos al dividirse los procesos y las zonas.
Durante la etapa preliminar de la investigación, las tres asociaciones presuntamente habrían obtenido un acuerdo restrictivo de la competencia (colusión). Esto se habría hecho con el objetivo de aumentar injustamente sus posibilidades de ganar los contratos, en perjuicio de otros proponentes y también afectando los objetivos originales del PAE. Estas acciones podrían haber perjudicado la competencia justa y equitativa e impactado de manera negativa la transparencia y la efectividad del programa, informó la SIC.
Así mismo, la SIC mencionó que «la gobernación del Cauca presentó la denuncia ante la SIC en un proceso de selección del PAE. A partir de la información suministrada, Superindustria desarrolló actividades investigativas que sugieren que la presunta colusión no se habría limitado al proceso de selección denunciado, sino que se habría replicado en cinco procesos de contratación adicionales, que en total suman más de 50 mil millones de pesos» .
Al momento, la investigación no constituye una decisión definitiva. Las personas investigadas deberán formular argumentos de defensa y la decisión tendrá lugar después de que se desarrolle toda la investigación administrativa, informó la SIC.
Estos son los Procesos de contratación que adelantó la gobernación del Cauca en el marco del PAE en el departamento:
• Licitación Pública No. 09 de 2017, cuyo presupuesto oficial fue de $ 13.135.908.000.
• Licitación pública No. 08 de 2018, cuyo presupuesto oficial fue de $10.881.838.000.
• Licitación pública No. 09 de 2019, cuyo presupuesto oficial fue de $15.697.471.000.
• Selección abreviada No. 01 de 2019, cuyo presupuesto oficial fue de $1.211.314.000
• Selección abreviada No. 02 de 2019, cuyo presupuesto oficial fue de $2.479.977.000.
• Licitación pública No. DC-SED-LP-342, cuyo presupuesto oficial fue de 2020 $14.700.246.660.
Es fundamental que las autoridades realicen una investigación minuciosa y objetiva para determinar responsabilidades y garantizar que los recursos destinados al PAE sean utilizados adecuadamente en beneficio de los estudiantes y la comunidad, además de implementar medidas necesarias para prevenir futuras irregularidades.
Por contratos con influencers, Procuraduría formula cargos contra jefe de Prensa de la alcaldía de Cali
Por contratos con influencers, Procuraduría formula cargos contra jefe de Prensa de la Alcaldía de Cali
Luz Marina Cuéllar Salazar, jefa de Comunicaciones de la Alcaldía de Santiago de Cali, enfrenta un nuevo escándalo con la formulación de cargos por parte de la Procuraduría General de la Nación, entidad que la acusa de haber incurrido en presuntas irregularidades en contratos celebrados con influenciadores. La funcionaria habría firmado contratos con personajes públicos que tienen gran presencia en redes sociales para publicitar la gestión de la Alcaldía. Sin embargo, según el ministerio público, estos creadores de contenido no fueron las personas idóneas para llevar a cabo esta labor, pues al parecer estas personas no cumplían con los requisitos para la prestación de dichos servicios.
Además, el ente de control indicó que Cuéllar pudo haber omitido los requisitos que debían cumplir los creadores de contenido para desarrollarlo en plataformas sociales y validó documentación que no cumplía con las especificaciones.
Dentro de los requisitos, los contratistas debían tener conocimiento y experiencia previa en creación, difusión y divulgación de contenido en redes sociales, incluso debían demostrar que eran profesionales preparados y certificados por alguna institución de educación superior, el cual que no fue cumplido por los contratistas.
«La funcionaria pudo incurrir en falta disciplinaria al avalar los documentos presentados por contratistas, sin que se ajustaran a lo exigido en los estudios previos, en los que se especificó que se debía tener conocimiento certificado para crear, difundir y divulgar el material que se publicaría», señaló la Procuraduría.
Por todo lo anterior, la Procuraduría indicó que; la jefe de Comunicaciones posiblemente quebrantó los principios de responsabilidad y de selección objetiva, y mientras se desarrollan las investigaciones para identificar su responsabilidad en los señalamientos, calificó las presuntas conductas como «faltas gravísimas cometidas a título de culpa gravísima».
Cabe recordar que no es la primera vez que se pone en tela de juicio la transparencia en la adjudicación de contratos con la oficina de comunicaciones de Cali: la Personería también formuló cargos a la jefa de comunicaciones por irregularidades de la misma índole. Igualmente, en 2021 fue investigada por el ministerio público por un contrato que se entregó a creadores de contenidos y en el que se invirtieron 59 millones de pesos. Hasta el momento, la funcionaria no ha emitido ninguna explicación sobre estos hechos que desacreditan nuevamente a la administración de Jorge Iván Ospina.
Después de casi un año, integrantes de la «Primera Línea» recuperaron su libertad
Después de casi un año, integrantes de la «Primera Línea» recuperaron su libertad
En un giro inesperado, varios jóvenes del Valle del Cauca y otras regiones del país, detenidos en el paro nacional de 2021 por presuntamente pertenecer a la «Primera Línea», fueron dejados en libertad por vencimiento de términos en sus procesos judiciales.
Los jóvenes de este movimiento social, protagonista en el estallido social hace dos años, fueron arrestados en medio de enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública durante las protestas que tuvieron lugar en el país. Los manifestantes fueron acusados de delitos como: tortura, secuestro, homicidio, hurto y daño en bien ajeno, por los que permanecieron detenidos en centros penitenciarios de Jamundí, Palmira, Pereira y Popayán. Sin embargo, la Fiscalía no logró presentar pruebas contundentes que demostraran su participación en los delitos que se les imputaban, lo que llevó a que el plazo establecido para la presentación de cargos expirara.
El Juzgado Tercero Municipal de Garantías de Buga concedió la libertad de varios jóvenes presuntos integrantes de este movimiento social, entre ellos Karina Reyes Varela, Daniela Idrobo y Jorge Luis Gordillo Coronado, quienes se encontraban recluidos en la cárcel de Jamundí acusados de los delitos de secuestro agravado. Este mismo Juzgado ordenó la liberación de Epifanio Domínguez Ríos, John Deivid Castillo Murillo y Víctor Alfonso Tascón González, que también fueron señalados de los mismos delitos y estaban presos en el centro penitenciario de Palmira.
Imagen sacada de internet
Otros jóvenes liberados por el Juzgado Quinto Municipal de Tuluá fueron: Carlos Julio Calero y Cristian David Granadas Sánchez, recluidos en la cárcel de Pereira, el primero sindicado de supuestamente cometer delitos de fabricación, tráfico, porte y tenencia de armas de fuego y homicidio agravado, mientras que el segundo era acusado de daño en bien ajeno, tentativa de homicidio, hurto y secuestro simple. Por último, también recuperó su libertad Miguel Ángel Gonzalo Pérez, que permanecía en la cárcel de Popayán por daño en bien ajeno, tentativa de homicidio, hurto, secuestro simple y tortura.
Luego de 333 días sin que la Fiscalía General de la Nación comprobará su culpabilidad en los delitos, e incluso, hasta el 23 de julio de 2023, día en el que los juzgados ordenaron las liberaciones, no se había llevado a cabo ni un solo juicio en contra de los implicados.
Esta situación ha generado una profunda división de opiniones en la comunidad. Mientras algunos ven la liberación de los jóvenes como un triunfo para los derechos humanos y la garantía de un debido proceso, otros la consideran una medida que podría dejar impunes actos de violencia y alteración del orden público.
Reforma educativa no incorporará el grado 12 en los colegios del país
Reforma educativa no incorporará el grado 12 en los colegios del país
El Ministerio de Educación emitió aclaración respecto a la polémica que causó el borrador de la reforma de educación dada a conocer este 20 de julio. En uno de sus artículos el texto insinuaba que el sistema de educación secundaria del país se extendería en un grado más; es decir, los estudiantes de bachillerato no culminarían su educación media en el onceavo grado (11°), sino en un duodécimo grado (12°).
El artículo 16 del documento preliminar de la reforma dictó lo siguiente: «el Estado consolidará un sistema de articulación entre la educación media y superior, que propenda por el acceso progresivo de los estudiantes a esta última, lo que podrá incluir el grado duodécimo (12°)». Esto generó molestia en algunos estudiantes y padres de familia en el país, pues en un principio se pensó en la posibilidad de que hubiera cambios en el modelo de educación media colombiano.
Ante las especulaciones relacionadas al proyecto de ley estatutaria del Ministerio de Educación, que busca que la educación sea tenida en cuenta como un derecho fundamental para todos los jóvenes del país, el ministerio aclaró que hay malinterpretación del texto. Óscar Sánchez, viceministro de esa cartera, señaló: «No estamos diciendo que en Colombia el bachillerato vaya a dejar de terminar en el grado 11. No se va a extender un grado más el bachillerato, pero existe la articulación de la educación media con la superior (…) ahí se puede ir avanzando parte de la educación superior».
En este orden de ideas, lo que quiere lograr esta proposición es que los estudiantes reciban formación en educación superior al tiempo que cursan el bachillerato, tal y como se ve en algunas instituciones educativas del país que tienen alianzas con centros educativos superiores como el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), con el que en sus últimos años de colegio los jóvenes pueden tener una formación técnica a la vez con el bachillerato. Esto les proporciona a los estudiantes la posibilidad de recibir una doble titulación, o sea una certificación del bachillerato y otro técnico laboral.
Lo mismo ocurre con las escuelas normales superiores que forman a sus estudiantes con énfasis en preparación de docentes, lo que puede ser beneficioso para ellos, puesto que al momento de terminar el bachillerato pueden conseguir oportunidades laborales en escuelas primarias o jardines infantiles.
«Lo que queremos es fortalecer la articulación entre la educación media con la universitaria, sea que los colegios o escuelas implementen un grado para que los estudiantes empiecen a tomar materias universitarias, esto de acuerdo con los convenios que hagan con las instituciones de educación superior», señaló el funcionario del ministerio de educación.
Con esta estrategia, el ministerio de educación le apunta a que sea oficializado este método de educación en todas los colegios públicos y privados del país, y para esto se están llevando a cabo pilotos de este proyecto para beneficiar a los estudiantes colombianos, empezando en colegios de Soacha que han hecho convenios con la Universidad de Cundinamarca; el objetivo es que los estudiantes que están cursando los últimos grados de educación secundaria puedan cursar materias cuyos créditos sirvan para acceder a esta Universidad y puedan homologarlos e iniciar semestres adelantados en alguna carrera profesional.
Así mismo, la jefa de la cartera, Aurora Vergara, manifestó que se están adelantando conversaciones con organizaciones estudiantiles para sacar adelante una reforma educativa equitativa que beneficie a todos los estudiantes de Colombia.
«Desde el Ministerio hemos abierto y liderado diferentes espacios para escuchar, conocer y recibir los comentarios, observaciones, sugerencias y propuestas que nos han permitido hacer un ejercicio robusto de construcción colectiva. En suma, se han adelantado diálogos permanentes por la educación superior regionales, acompañamiento a asambleas populares estudiantiles y encuentros con todos los actores de la vida universitaria. Las diversas voces y aportes serán tenidos en cuenta porque buscamos consolidar una ley de educación superior que ofrezca las mejores oportunidades para todas y todos los colombianos», finalizó la funcionaria.
Secretario y Subsecretario de educación de Cali bajo la lupa de la Personería por presuntas irregularidades en el PAE
Secretario y Subsecretario de educación de Cali bajo la lupa de la Personería por presuntas irregularidades en el PAE
La Personería de Santiago de Cali formuló pliego de cargos contra el Secretario de Educación, José Darwin Lenis Mejía, y el Subsecretario de la misma cartera, Mario Hernán Colorado, debido a posibles irregularidades en la contratación y vigilancia del Programa de Alimentación Escolar (PAE), en instituciones educativas de Cali en 2022.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, se presume que los funcionarios al parecer no vigilaron la calidad del servicio que suministraba el operador de entrega de alimentos, con los que se busca proporcionar un complemento en la alimentación de los estudiantes de los centros educativos públicos del distrito, con el fin de promover la permanencia y evitar el ausentismo y deserción escolar.
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Estas presuntas irregularidades denunciadas por rectores y coordinadores de planteles educativos de la ciudad, podrían comprometer la transparencia y eficiencia en la ejecución del programa de alimentación escolar, por esta razón el pliego de cargos formulado implica posibles responsabilidades en la contratación y su funcionamiento. Dichas irregularidades se evidencian en un informe realizado por la Dirección Operativa del Ministerio Público, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la entidad, que demostró las inconsistencias en las entregas de alimento por parte del Consorcio Luz del Valle, operador que se encargaba de entregar los alimentos en los colegios y escuelas del distrito capital para el 2022.
A estos señalamientos, el Secretario de Educación de Cali respondió lo siguiente: «No hay ninguna irregularidad de nosotros en la contratación, lo que sucedió en enero del 2022, fue unas entregas inadecuadas del operador Luz del Valle y nosotros en menos de un mes procedimos a generar la sanción de $ 70 millones y terminar de forma anticipada el contrato, para garantizar a los niños, niñas y jóvenes la prestación adecuada del servicio».
Así mismo, el funcionario aseguró que se llevaran a cabo «las medidas de defensa técnica, administrativa y jurídica para demostrar que la Secretaría de Educación siempre ha actuado para el beneficio de las comunidades educativas y la protección de los derechos de los niños, niñas y jóvenes».
Por otro lado, es importante señalar que no es la primera que el operador Luz del Valle es cuestionado por incumplimientos y mala calidad del servicio suministrado a través del PAE: en marzo de 2022, el concejal Juan Martín Bravo denunció al consorcio por irregularidades de esta misma índole en las que venía incurriendo desde el año 2020 y, pese a esto, seguía siendo contratada para proveer alimentación a los estudiantes de las instituciones educativas de la ciudad.
«En el año 2020 lo hizo a través del consorcio Sin Fronteras, cuyas manipuladoras denunciaron incumplimientos de pago y mala calidad en el servicio; en el año 2021 lo hizo como representante del consorcio Alimentando Cali, que presentó incumplimientos y tuvo demandas por no pagarles a los acreedores», señaló en su momento el concejal Bravo.
Por ahora el programa se encuentra en manos de 4 consorcios; Unión Temporal Proyectando Futuro 2023, Consorcio Valle Solidario 2023, Unión Temporal Nutriendo Cali 2023 y la Fundación Acción por Colombia. Estos son los operadores a los que se les adjudicó los contratos para llevar alimentación a los niños, niñas y jóvenes de las instituciones educativas de Cali, contratos en los que se invirtieron $ 67.554 millones y que benefician a 92 instituciones públicas de la ciudad, con un total de 162.000 los favorecidos con el PAE en la capital del Valle.
Ordenan captura de 5 militares por posible fraude en nómina de soldados de Batallón en Cali
Ordenan captura de 5 militares por posible fraude en nómina de soldados de Batallón en Cali
La Corte Penal Militar emitió orden de captura contra cinco militares implicados en presuntos actos de corrupción en los que, al parecer, realizaron maniobras irregulares para apropiarse indebidamente de parte del salario de los soldados Batallón de Policía Militar de Cali.
Según las investigaciones, se descubrió un posible esquema en el cual los militares involucrados manipulaban los registros de nómina y los pagos correspondientes a los soldados del Batallón #3 de la Tercera Brigada en Cali, Valle del Cauca. A través de prácticas fraudulentas desviaban parte del sueldo destinado a los soldados que prestaban su servicio en la unidad militar en 2019. Los uniformados implicados en este caso son: el coronel Omar Arciniegas Pinilla, el mayor David Contento Giraldo y los tres suboficiales Edwin Palacios Ángulo, Javier Ballesteros Vargas y Jefferson Amaya Arias. Estos últimos ya rindieron indagatoria y un juez de la justicia especial militar les dictó medida de detención en centros carcelarios militares del país.
Por otro lado, el coronel Arciniegas se encuentra as activo en las fuerzas militares y actualmente ejerce como comandante del Comando Específico del Oriente, con base de operaciones en San José del Guaviare, mientras que el Mayor Contento Giraldo fue retirado del Ejército Nacional de Colombia.
La Corte Penal Militar, encargada de juzgar delitos cometidos por miembros de las fuerzas militares, ha actuado en consonancia con los hallazgos de la investigación y ha emitido la orden de captura contra los cinco militares involucrados. Estos individuos serán llevados ante la justicia para responder por los posibles delitos de peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y prevaricato por acción. Finalmente, se espera que este caso siente un precedente en la lucha contra la corrupción y promueva una cultura de responsabilidad y honestidad entre los miembros de las fuerzas armadas colombianas.
Nueva jefe de prensa de la Presidencia, María Paula Fonseca, tendrá que mejorar la comunicación del Gobierno con el país
Nueva jefe de prensa de la Presidencia, María Paula Fonseca, tendrá que mejorar la comunicación del Gobierno con el país
En las últimas horas se conoció que María Paula Fonseca Gómez será la nueva jefa de prensa del Gobierno Petro, esto tras la salida de Germán Gómez Polo, quien ocupó el cargo hasta junio del presente año. La decisión ha generado polémica en la opinión pública debido a las opiniones que ha compartido la nueva integrante del gabinete del poder ejecutivo colombiano en su perfil social de Twitter.
Dichas opiniones han generado diversos comentarios en redes sociales, ya que en sus publicaciones ha salido a relucir su postura política: en algunas, la periodista expresa de manera muy directa su apoyo a la gestión de la actual administración de Gustavo Petro y también algunos de sus tweets muestran puntos de vista disruptivos respecto a los medios de comunicación tradicionales y la labor que actualmente ejercen los periodistas en el país.
Por otro lado, según la información publicada en la página web del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), Fonseca obtuvo su título de Comunicadora social–Periodista de la Universidad Javeriana y es magíster en Comunicación Política de la Universidad de Los Andes. Cuenta también con una amplia experiencia laboral en medios de comunicación como CM& y Canal Capital, al igual que se ha desempeñado en el área de comunicación del Concejo de Bogotá. Es de reconocer que la comunicadora cuenta con una destacada trayectoria en el campo. Incluso, hasta el momento se desempeña como jefa de prensa del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social del Gobierno Nacional, todos estos méritos que debieron ser tenidos en cuenta para hacerla apta para el cargo.
Sin embargo, esto se ha visto empañado por el surgimiento de las publicaciones de la profesional en comunicación y, teniendo en cuenta la relación que ha tenido el actual gobierno con los medios de comunicación, el desafío que asumirá de coordinar y dirigir la estrategia de comunicación de la Presidencia de la República con el país es demandante.
Otra de las cosas que se le reprochan a la profesional, es su relación con Holman Morris, líder destacado dentro del partido político Colombia Humana, por lo que algunos presumen que esta cercanía pudo ayudar a Fonseca para ser elegida en el importante cargo del Gobierno. En su currículum muestra que ha trabajado para Morris Producciones y Comunicaciones y que en 2016 trabajó en la Fundación Contravía, ambas organizaciones creadas por el excandidato a la Alcaldía de Bogotá y sub gerente de RTVC.
Hay quienes piensan que no es la indicada para el cargo y ser el canal para una mejor comunicación del gobierno de Petro con la gente. Por ahora se espera que la profesional asuma el cargo oficialmente, puesto en el que se enfrentará al reto de mantener una comunicación clara y transparente con la prensa y los colombianos. Su labor será fundamental para difundir las políticas y acciones del gobierno, así como para responder a las interrogantes y preocupaciones de los ciudadanos.
Con huelga de hambre detenidos en el Paro Nacional 2021 claman por justicia y libertad
Con huelga de hambre detenidos en el Paro Nacional 2021 claman por justicia y libertad
El miércoles 28 de junio varios jóvenes que permanecen privados de la libertad en la cárcel de Palmira anunciaron huelga de hambre que ya completa 10 días y con la que piden atención del Gobierno Nacional. Estos jóvenes fueron detenidos por su participación en el Paro Nacional del 2021 y con este acto intentan llamar la atención del gobierno actual para que escuche sus reclamos y solucione sus condiciones jurídicas. Dicho acto de protesta se puso en marcha el 1 de julio de 2023 y se inició por varios motivos, entre ellos la vulneración de sus derechos y la garantía de sus procesos judiciales.
Aunque el gobierno actual hizo un primer acercamiento para resolver esta problemática en una reunión realizada el 5 de julio, todavía no se ha instalado la mesa de diálogo requerida por los manifestantes. Los jóvenes privados de la libertad de la colectividad «Jonathan Sabogal» denunciaron, ante todo, montajes y persecuciones judiciales por parte de la Fiscalía General de la Nación, en cabeza de Francisco Barbosa, pues ellos consideran que hay «evidentes entrampamientos que involucran falsos testimonios, inflación punitiva, dilaciones procesales, enmarañamiento de los procesos penales, entre otros, que hacen parte del acecho jurídico para mantenerlos presidiarios», fue lo que señaló dicho colectivo.
De igual manera, señalaron al gobierno del expresidente Iván Duque de no resolver su situación jurídica, lo que es el factor causante de que sus procesos estén estancados.
Otro de los requerimientos del grupo —que fue atendido en el primer acercamiento y en el que participaron la Consejería para la Juventud, delegados del INPEC de las subdirecciones de salud y educación— fue una revisión a las condiciones de salud de los prisioneros. Debido a que esta se veía afectada por la deshidratación y notable decaimiento, dos de los manifestantes desistieron de la huelga de hambre al no haber consumido ningún alimento durante una semana.
Como último pedido, los manifestantes piden que se les considere como actores políticos y no armados, al igual que se continúe con los diálogos como los que se sostuvieron en agosto de 2022, en los que participaron los ministerios de Justicia e Interior, congresistas y organizaciones de derechos humanos, diálogos que iban por buen camino, pero que 10 meses después no muestran avance alguno.
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«El 2021 viene a ser, entonces, un episodio más de esa espiral de la historia de lucha social, cuyo eje concéntrico se resume en la sistemática política antisocial del Estado que se reaceita a cada sucesión del gobierno, anteponiendo a toda posibilidad de resolución el recurso de la violencia estatal», manifestaron los detenidos en huelga.
Cabe destacar que cuatro de los detenidos fueron liberados este 6 de julio por vencimiento de términos. Mientras tanto, los que quedan privados de la libertad en dicha cárcel continúan con la esperanza de que sus peticiones sean escuchadas.
Alerta amarilla por fenómeno del niño en 4 municipios del Valle
Alerta amarilla por fenómeno del niño en 4 municipios del Valle
Autoridades del Valle del Cauca lanzaron alerta ante la inminente llegada del Fenómeno del Niño que podría golpear fuertemente a algunos municipios del departamento, lo que llevó al Valle a elevar a amarilla la alerta por el fenómeno climático que tiene un 96% de probabilidad de afectar principalmente a cuatro municipios del Valle.
Esto, de acuerdo con las declaraciones del subgerente operativo de Acuavalle, Alexander Sánchez Rodríguez, quien señaló que las regiones que se verían afectadas con la intensa temporada de calor son: Ansermanuevo, Vijes, Yotoco y San pedro.
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Como consecuencia de esto, se prevé que las fuentes hídricas que abastecen los acueductos de dichos municipios se vean afectadas, por lo que el servicio de agua potable podría ser racionado.
«Nuestras fuentes superficiales que abastecen los acueductos, en el caso de Acuavalle, sobre todo en algunos municipios, van a afectarse y seguramente nos van a llevar a unos posibles racionamientos de agua en esos municipios», advirtió el representante de Acuavalle.
Así mismo, señaló que la empresa que suministra el líquido vital adelanta medidas de control para minimizar el impacto y garantizar el uso del agua a los pobladores de los municipios.
«Sobre estos municipios hemos iniciado internamente, para estos suscriptores y para estos municipios, unas jornadas de trabajo que permitan ir avanzando en el tiempo y minimizar al final si se presentan los racionamientos programados, como vamos a abastecer a estos suscriptores de estos municipios», finalizó.
De igual manera, la Gobernación del Valle hizo un llamado a la ciudadanía a hacer un uso adecuado del líquido vital para que todos los ciudadanos tengan acceso a este durante la sequía que se avecina. Por ello, la secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Nazly Fernanda Vidales, recomendó que «hay que hacer conciencia en la ciudadanía para ahorrar mucho el agua y no desperdiciarla. Con esta sequía tiende a que se disminuya el caudal hídrico, por ende, muchos de los acueductos se pueden ver afectados por la disminución del agua».