Jorge Iván Ospina reveló que intermediarios y presuntos funcionarios de la entidad estarían cobrando comisiones para destrabar desembolsos represados a prestadores de salud.
La reciente intervención de Nueva EPS ha vuelto a encender las alarmas sobre posibles actos de corrupción dentro del sistema de salud colombiano.El agente interventor Jorge Iván Ospina reveló la existencia de presuntas maniobras irregulares vinculadas con el pago de obligaciones pendientes a clínicas, hospitales y proveedores médicos en diversas regiones del país.
La denuncia pone en evidencia una problemática que afecta directamente la transparencia y el correcto funcionamiento de una de las entidades más relevantes en la prestación de servicios de salud.
Durante una entrevista con 6AM W de Caracol Radio, Ospina confirmó que ha detectado indicios claros de la participación de intermediarios externos, quienes estarían ofreciendo acelerar los desembolsos represados a cambio de recibir comisiones sobre los recursos adeudados. Estas prácticas no solo perjudican la gestión financiera de la EPS, sino que también comprometen la confianza pública en el sistema de salud y ponen en riesgo la adecuada atención de los usuarios.
El agente interventor detalló que algunos abogados estarían fungiendo como enlaces entre las instituciones prestadoras de salud y funcionarios de la EPS para facilitar el trámite de pagos millonarios. De acuerdo con sus declaraciones, las ofertas de estos intermediarios incluirían porcentajes sobre las sumas pendientes, configurando un esquema irregular que manipula el flujo de recursos públicos destinados a la atención médica. Este tipo de maniobras representan una vulneración grave de los principios de legalidad y eficiencia que deben regir la administración de fondos públicos.
Ante esta situación, Ospina también advirtió que detrás de estas actuaciones podría existir colaboración desde el interior mismo de la entidad. Señaló que sería difícil ejecutar este tipo de operaciones sin apoyo desde las oficinas regionales o incluso desde dependencias del nivel central de la aseguradora, lo que deja abierta la posibilidad de responsabilidades internas. Este aspecto complica aún más la crisis que atraviesa la Nueva EPS, pues implica posibles vínculos internos en prácticas corruptas que afectan la gestión.
En relación con las evidencias recabadas, el interventor manifestó que hay elementos preliminares que respaldan las sospechas detectadas durante la revisión administrativa. El equipo encargado de la intervención trabaja actualmente en la consolidación de pruebas con el propósito de presentar denuncias formales ante los organismos competentes en los próximos días. Esta medida busca no solo sancionar a los responsables, sino también implementar mecanismos que impidan la repetición de estos actos en el futuro.
Es importante recordar que Nueva EPS se encuentra bajo medida de intervención forzosa desde abril de 2024, cuando la Superintendencia de Salud asumió su administración debido a múltiples dificultades financieras y administrativas. Cabe señalar que esta medida fue aplicada poco después de decisiones similares contra otras EPS como Sanitas, la cual fue posteriormente retirada de mercado un año después por la Corte Constitucional, y la solicitud de retiro de Sura. Estos antecedentes manifiestan la crisis latente en el sector asegurador de salud en Colombia.
Las denuncias también están relacionadas con los efectos financieros negativos que sufrió la Nueva EPS durante el último trimestre de 2025. Según explicó Ospina, en ese periodo la entidad enfrentó embargos cercanos a los 2,5 billones de pesos, lo que deterioró considerablemente su capacidad de pago y afectó el funcionamiento de toda la red de servicios. Este impacto económico comprometió especialmente la entrega de medicamentos y el cumplimiento de acuerdos con proveedores del sector salud, generando retrasos y dificultades en distintos puntos de atención del país.
La crisis de liquidez alteró el cronograma previsto para responder a las deudas acumuladas, dificultando la normal operación de la EPS e impactando negativamente en la calidad del servicio para los beneficiarios. Ante este panorama, el funcionario hizo un llamado urgente a clínicas, hospitales y empresas proveedoras para que reporten cualquier intento de cobro indebido o intermediación sospechosa. Su objetivo es identificar a los responsables y adelantar las denuncias correspondientes “pronto”, fortaleciendo así la lucha contra la corrupción en este ámbito.
