JEP acepta el sometimiento de 23 integrantes de la Fuerza Pública por casos de ejecuciones extrajudiciales.
La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, aceptó el sometimiento de 23 integrantes de la fuerza pública, quienes estarían posiblemente implicados en casos de desapariciones forzadas y asesinatos presentados como bajas en combate, situaciones registradas en Ocaña, Norte de Santander, durante el 2008.
Teniendo en cuenta el registro de la resolución 1076 de 2023, que fue emitida por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas del tribunal de paz, señaló que entre enero y agosto del 2008, varios jóvenes fueron trasladados por tierra desde el municipio de Soacha, Cundinamarca, hasta Ocaña, donde al parecer fueron ejecutados extrajudicialmente por integrantes de la Brim-15.
En concreto corresponde a los casos de los jóvenes Julio César Mesa Vargas, Jhonatan Orlando Soto Bermúdez, Diego Alberto Tamayo Garcerá, Víctor Fernando Gómez Romero y Jader Andrés Palacios Bustamante.
Además, nueve de los comparecientes que fueron aceptados en el tribunal fueron asociados por los hechos ocurridos en el corregimiento de Otaré, donde fueron asesinados Daniel Alexander Martínez, Diego Armando Giraldo y el menor de edad Jaime Estiven Valencia Sanabria.
Los integrantes de la fuerza pública incluidos en esta decisión son: los mayores (r) Carlos Gilberto Rodríguez Mora y Henry Mauricio Blanco Barbosa; los cabos segundos (r) Richard Amando Jojoa Bastidas y Ricardo Coronado Martínez; el cabo primero Manuel Ángel Zorrilla Agamez.
También los soldados profesionales (r) Ricardo Eliud González Gómez, José Orlando González Ceballos, Nixon Arturo Cubides Cuesta, Mauricio Cuniche Delgadillo, José Adolfo Fernández Ramírez, Pedro Johan Hernández Malagón, Efrén Galvis Guzmán, Ramón Alfonso Horta Palacios, Eider Andrés Guerrero Andrade, Juan Jaramillo Moreno, Kevis Alberto Jiménez Escalante, José Alexander Lamprea Polo, Luis Alirio López, Ferney Grijalba López, Jhonn Anderson Díaz Ortega, Jhon Jairo Muñoz Rodríguez, Medardo de Jesús Ríos Diaz y Dairo José Palomino Ballesteros.
Así las cosas, los caos por los cuales los ex integrantes de Ejército fueron aceptados ante el tribunal se suma el patrón macro criminal que ya había sido acordado en el sub caso Norte de Santander, que investiga casos de asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por parte del agentes del Estado.
Hay que resaltar, que en el caso Norte de Santander, 10 militares retirados, entre ellos el brigadier general (r) Paulino Coronado, y un civil, ya reconocieron sus responsabilidad por la comisión de falsos positivos en la región del Catatumbo, fueron incluidos en la Resolución de Conclusiones emitidas por la Sala de Reconocimiento en octubre del 2022.
