Por supuestas irregularidades en la adquisición de insumos de asepsia con ocasión de la emergencia sanitaria fueron judicializados el alcalde de Candelaria y un contratista
Con las posibles anomalías se habría generado un detrimento de 23 millones de pesos al erario del municipio y se habría violado el principio de selección objetiva por falta de idoneidad
La Fiscalía General de la Nación judicializó a Jorge Eliécer Ramírez Mosquera, alcalde de Candelaria (Valle del Cauca) y al contratista Alexánder Chacón, por incurrir presuntamente en actos de corrupción durante 2020 año de la pandemia
El ente acusador les imputó cargos tanto al funcionario como al contratista el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso homogéneo y sucesivo, y peculado por apropiación, en calidad de coautores, debido a que celebraron dos contratos en los cuales se habría violado el principio de selección objetiva por falta de idoneidad.
La investigación evidenció posibles inconsistencias en los contratos No. 203-13-11-002 del 27 de marzo de 2020, por $88.847.732 millones; y el No. 203-13-11-003 del 14 de mayo de 2020, por $74.723.289 millones; celebrados entre la alcaldía de Candelaria y Alexánder Chacón, como representante legal de la firma C.A.C. Químicos, cuyo objeto era el suministro de insumos de asepsia para el personal de la administración municipal, por el Covid-19.
Se determinó que, para el momento de la suscripción del primer contrato, las actividades registradas en Cámara de Comercio por parte de C.A.C. Químicos no guardaban ninguna relación con el objeto contractual, y la firma no era idónea para ejecutarlo.
Con relación al segundo contrato, los investigadores establecieron que entre las actividades a desarrollar estaba el suministro de los insumos y realizar la transformación de insumos (alcohol); sin embargo, señalaron que “ a la alcaldía de Candelaria le hicieron una donación de alcohol que se encontraba en un 70% de concentración, lo que significa que este no requería del ítem de transformación; este servicio hubiera sido necesario si el alcohol lo hubieran donado a una concentración de 99.6% o más”.
A raíz de las inconsistencias presentadas, se habría generado un detrimento de $23.000.000 al municipio.
