Juzgado envió al corrupto Andrés Felipe Arias a terminar de pagar su condena en la casa!
Unas por otras… Mientras a Álvaro Hernán Prada la Corte Suprema de Justicia lo llama a juicio por querer torcer testigos a favor del expresidente e investigado Álvaro Uribe Vélez, un juzgado de penas le concede libertad condicional a otro pupilo del señor de la finca
Este martes 23 de agosto el Juzgado Segundo de ejecución Penas le concedió la casa por cárcel al corrupto y condenado exministro de agricultura del gobierno Uribe, Andrés Felipe Arias.
El juzgado confirmó que el exministro y exprecandidato presidencial del Centro Democrático, condenado a 17 años de prisión por el desvío de dineros del programa AGRO INGRESEO SEGURO a favor de personas adineradas y no a los campesinos del país , tiene arraigo familiar en Colombia y que habría cumplido con las tres quintas partes de la condena al estar detenido más de seis años.
“Se probó el arraigo, buen comportamiento, y redenciones por trabajo y estudio” del exfuncionario durante su reclusión en la Escuela de Caballería del Ejército en Bogotá» señaló el juzgado
Es de recordar que «Uribito» como es conocido el ex jefe de cartera de agricultura, fue condenado por los delitos de peculado a favor de terceros y contrato sin el cumplimiento de requisitos legales, por el programa AGRO INGRESO SEGURO, programa que él mismo inventó y que se trató de una línea de crédito del Gobierno para entregar préstamos o subsidios con bajas tasas de interés para el desarrollo agropecuario, pero del que solo se beneficiaron sus amigos, los amigos de sus amigos y en últimas los más poderosos del país.
Y con el nivel de cinismo que caracteriza a los corruptos, Andrés Felipe Arias se empeña en asegurar que es inocente, pese a la cantidad de pruebas que existen en su contra, y que dieron resultado a la condena.
También hay que recordar que desde el momento de la condena el uribismo, en cabeza de Álvaro Uribe, a intentado sacarlo de la cárcel, y fue así como le lanzó un salvavidas en el Congreso para que con una reforma legal retroactiva se permitiera un nuevo juicio para Arias y de ésta forma impugnar la decisión legal.
El beneficio de prisión domiciliaria está condicionado con una caución de cinco salarios mínimos legales vigentes y de ahora en adelante tendrá que demostrar buena conducta
Arias gozaba del privilegio de estar pagando su condena, desde el 2019, dentro de la Escuela de Caballería, a pesar de que la justicia ordenó su detención en un centro penitenciario.
La gestión de Arias como ministro estuvo envuelta por los escándalos de Carimagua y los hechos de corrupción ocurridos durante el programa Agro Ingreso Seguro.
Por estos últimos hechos fue investigado por la Procuraduría y por la Fiscalía. El 19 de julio de 2011 la Procuraduría lo encontró culpable, destituyéndolo e inhabilitándolo por 16 años para ejercer cargos públicos.
El 3 de julio de 2014 la Corte Suprema de Justicia lo halló culpable por los delitos de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado a favor de terceros por lo cual el 17 de julio lo condenó a 17 años y 4 meses de prisión.
El 21 de mayo de 2020, La Corte Constitucional de Colombia decidió a favor de Andrés Felipe Arias una tutela interpuesta por él, y ordenó a la Corte Suprema de Justicia tramitar en una sala especial la impugnación contra la sentencia condenatoria, en favor a su derecho a la doble conformidad.
UN POCO DE HISTORIA
En 2008 Arias estuvo en medio de una controversia política después de que la unidad investigativa del periódico El Tiempo en su edición del 9 de febrero reveló una información según la cual el predio Carimagua ubicado en Puerto Gaitán de propiedad de la Nación y que estaba destinado para atender a familias desplazadas por la violencia iba a ser entregado a empresarios en concesión y por muy bajo precio por parte del Ministerio de Agricultura que había hecho los trámites para cambiar la destinación del predio y otorgárselo a los latifundistas.
Edgardo Maya alertó sobre la irregularidad de la situación mientras que Arias argumentó que dichos predios no eran productivos para los campesinos que no tenían los recursos para explotarlos, afirmación que desmintió el senador Jorge Robledo al revelar que los predios sí eran productivos y rentables para los campesinos.
Después de varios debates que lideraron los senadores Cecilia López y Jorge Robledo, el gobierno revocó la licitación forzado por las denuncias de la Procuraduría General sobre la ilegalidad del proceso, pues en su concepto «No sólo se vulneró los derechos a la verdad, la justicia y a la reparación de estas personas, sino que impidió que recibieran la mínima atención del Estado».’
Finalmente, el gobierno nombró una comisión de expertos que en mayo del mismo año concluyó que el predio debía ser asignado a un proyecto productivo entre familias desplazadas y empresarios privados.
Como resultado, las 17 mil hectáreas de la hacienda Carimagua, se destinarían a un proyecto de siembra de caña de azúcar y sorgo dulce para la producción de etanol con la participación de la petrolera estatal colombiana Ecopetrol y los hogares desplazados podrían terminar como accionistas propietarios del proyecto con el derecho de usufructuar la tierra y de participar de las ganancias que genere la sociedad que tendría una duración de 50 años.
La Junta Directiva de Ecopetrol aprobó la propuesta del gobierno con la que se descartó la convocatoria de una licitación para seleccionar el socio privado de los desplazados en el proyecto. Sin embargo, el senador Robledo señaló: ‘»Es el mismo perro con distinto lazo; es el mismo proyecto plutocrático de siempre, sólo que con otra envoltura. Es otra versión del modelo malayo, que en últimas consiste en que los pobres del campo a lo máximo a lo que pueden aspirar es a ser peones o aparceros de algún patrón”.
Agro Ingreso Seguro (AIS)
Su programa estrella «Agro Ingreso Seguro» creado para «promover la productividad y competitividad, reducir la desigualdad en el campo y preparar al sector agropecuario para enfrentar el reto de la internacionalización de la economía»‘ habría favorecido a prestantes familias del Magdalena y del Valle del Cauca.
El escándalo se hizo público cuando se supo que una de las beneficiarias del programa era una exreina de belleza colombiana, la señora Valerie Domínguez, así como su novio, su cuñada y sus suegros; sólo entre la familia Dávila Jimeno sumaron subsidios por $2.200.000.000 por conceptos de «riego y drenaje».
Posteriormente se conoció que las tierras pertenecían a Juan Manuel Dávila Jimeno, suegro de la señora Domínguez, quien fraccionó sus fincas para arrendárselas a su propia familia y así recibir más subsidios de los permitidos por la ley ($400.000.000 por cada beneficiario). Uno de los consultores que conoce el programa dijo «Lo de los Dávila es una vergüenza. ¿Cómo le regalan plata de todos los colombianos a una de las familias más poderosas de Magdalena? Es inaudito».
Al verse envuelta en medio de la polémica por ser una figura pública, la señora Domínguez renunció al subsidio.
A la postre, el gobierno ordenó la devolución de los dineros, sólo luego de que se desatara el escándalo y ante las evidentes «argucias» que habían utilizado para apoderarse de más subsidios, como el caso de la familia Dávila Jimeno. Pero lo cierto es que únicamente procede la devolución voluntaria de los recursos al erario, es decir que no hay forma de obligar a los beneficiarios del subsidio a devolver los dineros recibidos.
Entre las otras prestantes familias beneficiadas por los subsidios, están los Vives Lacoture, Lacoture Dangond y Lacoture Pinedo, todas familias de amplia trayectoria política en el Caribe Colombiano. En el Valle del Cauca, María Mercedes Sardi de Holguín, prima del exministro del interior Carlos Holguín Sardi recibió más de 200 millones de pesos por el mismo concepto.
Arias ha respondido ante todos estos cuestionamientos argumentando que todos los beneficiarios del programa son gente honesta, sin problemas con la justicia y que era falso que la mayoría de beneficiados fueron aportantes a la campaña del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Sin embargo, el periodista Daniel Coronell, y un artículo del diario El Espectador refutaron dichas afirmaciones.
La Procuraduría formuló pliego de cargos contra Arias y contra el exministro Andrés Fernández, por «aparentes desvíos de subsidios destinados a campesinos pobres, que favorecieron a acaudalados hacendados». También resultaron afectados 9 funcionarios del Ministerio de Agricultura
La Procuraduría General de la Nación dictó sentencia frente al caso de AIS, sentenciando a Arias a una destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos por 16 años. Del mismo año la justicia colombiana lo envía al centro de reclusión del Cantón Norte por el caso AIS.
