La despedida del presidente de Ecopetrol fue con allanamiento a la compañía por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.


A un días de su retiro de la presidencia de Ecopetrol, Felipe Bayón fue sorprendido el miércoles 29 de marzo por la llegada de un grupo de peritos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) para adelantar una visita de inspección a las instalaciones de Ecopetrol en Bogotá.

La diligencia terminó en allanamiento y en el que se realizó el decomiso de celulares y computadores de los directivos de la compañía estatal, algunos de ellos próximos a dejar sus cargos.

Los funcionarios de la SIC llegaron buscando pruebas de presuntas actuaciones irregulares por parte de ejecutivos de la compañía, corrupción en direccionamiento de contratos y prácticas restrictivas de la competencia.

Entre los asuntos investigados se encuentra un contrato cuyo objeto es la prestación del servicio de helicópteros para transportar personal técnico que realiza las tareas de mantenimiento al oleoducto Caño Limón – Coveñas. En esa contratación se habría favorecido la permanencia del actual proveedor Helistar por encima de sus competidores, dejando de lado mejores condiciones económicas y operativas.

Al parecer, la superintendencia quiere aclarar estos indicios de prácticas restrictivas a la libre competencia.

Entre otros de los temas de interés de la SIC estarían posibles contratos amañados en la compra de vehículos blindados y supuestas prácticas de abuso de posición dominante de Ecopetrol en contratos de producción de petróleo y de una posible integración empresarial con otra compañía pequeña del sector, integración que Ecopetrol no había informado a las autoridades.

A través de un comunicado, la SIC señaló que ante la difusión de información que estaría relacionada con la realización de visitas administrativas en la sede de Ecopetrol no se pronunciará en detalle del proceso, ya que existe la reserva legal que cobija las actividades que realiza en el marco de la etapa preliminar de sus actuaciones administrativas como lo establece el artículo 13 de la Ley 155 de 1959.

«Esa reserva legal ampara, entre otras actividades, la realización de visitas administrativas, la información obtenida en esas diligencias y la práctica de declaraciones. En consecuencia, por mandato legal, la Superintendencia de Industria y Comercio no puede realizar pronunciamientos al respecto», señala el comunicado de la entidad.

A través de un comunicado de prensa, Ecopetrol señaló que desde el 29 de marzo la petrolera «se encuentra atendiendo en sus oficinas de la ciudad de Bogotá una visita administrativa de la Delegatura para la Protección de la Competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)».

Ecopetrol finaliza el comunicado manifestando toda su «colaboración con la Superintendencia en las gestiones que realiza para proteger la libre competencia, y se abstiene de suministrar públicamente detalles de la visita administrativa para preservar la reserva legal a la cual están sometidas estas actuaciones».

Este allanamiento se da previo y durante la Asamblea ordinaria de Accionistas de Ecopetrol y a pocas horas de que Felipe Bayón deje la presidencia de la compañía.

De comprobarse las irregularidades contra la libre competencia, habría millonarias multas que podrían ascender hasta 100.000 millones de pesos para las empresas del grupo y hasta 2.000 millones para los directivos que encuentren culpables.

 

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