La ex ministra del deporte, Isabel Urrutia, enfrenta un juicio por presunta corrupción.


La Fiscalía General radicó ante la Corte Suprema de Justicia un escrito de acusación en contra de la ex ministra del deporte, María Isabel Urrutia, por varias irregularidades bajo su administración.

Y es que según la investigación de la Fiscalía, la ex funcionaria de gobierno aprovechó sus últimos días y horas en el cargo para firmar en tiempo récord más de 100 contratos por prestación de servicios, solo por beneficiar a personas recomendadas anteriormente.

Según el documento presentado ante la Sala Especial de primera instancia, Urrutia habría firmado un total de 104 contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.

“Ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia se adelantará, en los próximos días, la audiencia de acusación en contra de Urrutia Ocoró, por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales”, estableció el comunicado.

Las irregularidades parten de que esta cascada de contratos se hizo en un lapso corto de 4 días, entre el 2 y el 6 de marzo, presuntamente desconociendo los requisitos legales.

Esto sumado a que estas actuaciones de la exministra eran favores políticos, ya que “pretendían garantizar la continuidad laboral de referidos suyos o personas afines, de tal manera que no les fueran terminados los contratos con su salida del Ministerio del Deporte”, indicó la Fiscalía.

Tras la presentación de este escrito de acusación en contra la exministra María Isabel Urrutia, se espera que en los próximos días la sala penal del Alto Tribunal adelante la audiencia por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

Cabe recordar que, en la pasada audiencia, la exministra María Isabel Urrutia no aceptó el cargo imputado por la Fiscalía, razón por la cual debe responder en juicio por este delito.

En paralelo a la investigación del acusador, la Procuraduría también indaga sobre la presunta responsabilidad de Urrutia en la firma de los contratos. El órgano de control también ordenó la recopilación de pruebas documentales y testimoniales, con el propósito de establecer las conductas disciplinarias irregulares, porque al parecer los contratos fueron celebrados nuevamente en aparente desconocimiento de las normas de contratación pública.

Comentarios en Facebook