La exministra de Minas, Irene Vélez, será cónsul de Colombia en Londres.
La profesional llegaría en reemplazo de Marisol Rojas Izquierdo, cuyo nombramiento en ese cargo fue anulado por el Consejo de Estado.
En la Casa de Nariño y la Cancillería preparan la designación de Irene Vélez Torres, exministra de Minas y Energía, como nueva cónsul de Colombia en Londres.
Así las cosas, la exfuncionaria asumiría el cargo de Marisol Rojas Izquierdo, cuyo nombramiento fue anulado por la Sección Quinta del Consejo de Estado. En este nuevo rol, Vélez llegaría a la capital inglesa para apoyar la labor diplomática que, como embajador, desarrolla el exsenador del Pacto Histórico Roy Barreras desde mayo del 2023.
Hay que recordar que Vélez dejó el gabinete de Gustavo Petro en julio del año 2023 en medio de varias polémicas, entre esas una investigación por la presunta salida irregular de su hijo del país, pues aparentemente el menor no cumplía con los requisitos exigidos por Migración Colombia. A esto también se sumó el escándalo por un contrato que el Gobierno le otorgó a su esposo, Sjoerd van Grootheest.
Además, la gestión de Vélez generó todo tipo de controversias, especialmente por su postura contra la exploración y explotación de hidrocarburos. De hecho, por este tema tuvo que enfrentar dos intentos de moción de censura en el Congreso: durante su primer debate, 132 representantes negaron la moción de censura y 24 la votaron favorablemente. En el segundo, 57 senadores la negaron y 16 la apoyaron.
Sin embargo, la funcionaria del gobierno de Gustavo Petro es una profesional ampliamente reconocida por su alta preparación académica, muestra que su labor en el exterior estaría relacionada directamente por sus habilidades, talentos y conocimiento. Por eso hay que indicar que Irene Vélez es filósofa de la Universidad Nacional y tiene una maestría en Estudios Culturales, así como un doctorado en Geografía Política.
Antes de llegar al gobierno de Petro se desempeñó como líder social ambiental, especialmente en temas relacionados con la minería. Al ahondar en su hoja de vida académica, la elección de Gustavo Petro cobra sentido de nuevo. El trabajo intelectual de Vélez está relacionado con el lado oscuro de las formas tradicionales de explotar esos recursos. De forma específica, su trabajo académico está relacionado con el conflicto de la tierra, el despojo de comunidades vulnerables y las inequidades sociales.
En 2008, Irene Vélez obtuvo su título de maestría en Estudios Culturales de la misma universidad. Su tesis se dedicó a las mujeres de la comunidad indígena Murui que habitan en Bogotá. Los Murui —mal llamados uitoto— son una etnia originaria de la Amazonia colombiana, cuyos integrantes han sobrevivido catástrofes como la extracción de caucho, el conflicto internacional entre Colombia y Perú, y el despliegue de los grupos armados ilegales sobre las selvas.
Para adelantar su doctorado en Geografía Política, la investigadora eligió la Universidad de Copenhague, en Dinamarca. De ahí que obtuvo su título en 2014 con una tesis sobre el desplazamiento y el despojo en Colombia; de forma específica, el flagelo que sufren las comunidades afrodescendientes del alto Cauca, región donde nació Francia Márquez, vicepresidenta de Colombia.
Además, la nueva cónsul de Colombia en Londres es profesora titular de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Valle, una de las instituciones públicas de educación superior más importantes del país. También ostenta el grado de investigadora senior ante el Ministerio de Ciencias.
De igual forma es investigadora Fulbright, editora asistente del importante journal Geoforum, dedicado a la geografía humana, y copresidenta de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, LASA. Además, recientemente culminó dos posdoctorados en la Clemson University , Estados Unidos, y el Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra.
Su producción académica ha ahondado en temas relacionados con la contaminación por mercurio en contextos mineros, así como los impactos del uso de químicos como el glifosato sobre los cultivos, el despojo del agua y de la tierra en distintas fronteras extractivas, la soberanía alimentaria en contextos rurales y étnicos, la violencia estructural presentada en muchos entornos y la paz ambiental como dimensión imprescindible de la transición en el Post-Acuerdo de paz.
