OEA: Las personas electas por voto popular solo pueden ser sancionadas por sentencias de jueces.


Sigue la polémica por las decisiones que en los últimos días ha tomado la procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, quien ha destituido e inhabilitado a alcaldes y congresistas elegidos por voto popular.

En la tarde de este jueves 1 de junio, en el marco de la visita a Colombia del Secretario General, la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) se conoció un comunicado de esta organización relacionado precisamente con esas decisiones.

La OEA resalta que de la normativa internacional vigente, materializada en los tratados internacionales de Derechos Humanos, y especialmente en la Convención Americana de Derechos Humanos, así como la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se desprende que los mandatos constitucionales de autoridades electas solamente pueden ser interrumpidos en función de sentencias de jueces penales.

La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) refleja lo establecido en el artículo 23 de la Convención, que establece parámetros para el ejercicio de los derechos políticos.

La jurisprudencia de la CorteIDH, además, afirma que la materialización de los derechos políticos afianza el Estado de Derecho en el Hemisferio.

De esta forma la OEA hace un llamado inmediato a la procuradora Cabello: » Es imprescindible que todos aquellos órganos del Estado que no sean jueces penales, incluidos los órganos de control administrativo, se abstengan de realizar actos que vayan en contra de este principio, que hace a la esencia del funcionamiento democrático y del Estado de Derecho.

Es de anotar que este mismo 1 de junio un grupo de congresistas del Pacto Histórico se reunieron con el  Secretario General de la OEA, Luis Almagro, a quienes le expusieron la necesidad de la presencia de organismos internacionales debido a la participación desproporcionada  en política tanto del Fiscal General de la Nación como de la Procuradora. 

«Para los congresistas la actuación de los jefes de estos entes de control van en contravía  de normas internacionales en materia de derechos humanos y  garantías de derechos políticos para los elegidos por voto popular y para los electores», señaló el senador   del partido de gobierno Pedro Suárez Vacca 

Hasta el cierre de esta nota la Procuraduría no se ha pronunciado. 
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