La Sociedad de Activos Especiales confirmó que continúa el proceso de comercialización del inmueble Tito’s Bolos, mientras avanza la diligencia de desalojo programada tras decisiones judiciales que respaldaron las actuaciones sobre el predio.
El proceso de comercialización del inmueble conocido como Tito’s Bolos, ubicado en la ciudad de Barranquilla, continúa avanzando pese a las diferentes acciones judiciales interpuestas por ocupantes del predio para intentar frenar su subasta y entrega material.
El bien, ubicado en la Carrera 51 B No. 94-110, sector San Rafael, y registrado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 040-110570, se encuentra actualmente bajo administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad encargada de gestionar activos vinculados a procesos de extinción de dominio.
De acuerdo con la información entregada por la SAE y por Activos por Colombia, las decisiones adoptadas por diferentes despachos judiciales han respaldado la continuidad del proceso de comercialización del predio, rechazando las solicitudes que buscaban suspender las actuaciones administrativas relacionadas con el inmueble.
Las controversias alrededor de Tito’s Bolos surgieron luego de que una congregación religiosa ocupara el lugar y presentara acciones judiciales argumentando presuntas vulneraciones a derechos fundamentales, buscando detener tanto el desalojo como la subasta del activo.
Sin embargo, la SAE explicó que, en cumplimiento de la Resolución No. 372 del 9 de marzo de 2026, se ordenó ejercer directamente las facultades de policía administrativa para lograr la entrega real y material del bien al Estado, razón por la cual ya fue notificada formalmente la diligencia de desalojo.
Según lo establecido por las autoridades, el procedimiento se desarrollará el próximo 7 de mayo de 2026 a partir de las 8:00 de la mañana, siguiendo los lineamientos legales vigentes y con acompañamiento institucional.
La directora de seguimiento y control de liquidaciones de la SAE, Constanza Jiménez Calderón, aseguró que la medida busca evitar mayores afectaciones económicas al patrimonio público.
“Este desalojo obedece a la necesidad de frenar un detrimento patrimonial de más de 2.200 millones de pesos en cánones de arrendamiento sin pagar y otros incumplimientos derivados del contrato inicial firmado con el hoy ocupante irregular”, explicó la funcionaria.
Desde la SAE indicaron además que el proceso de comercialización del inmueble hace parte de la estrategia de recuperación y administración eficiente de activos del Estado, garantizando el respeto por las decisiones judiciales, el debido proceso y las actuaciones administrativas establecidas por la ley.
Entretanto, Activos por Colombia reiteró que la subasta del predio continúa vigente y que todas las actuaciones rel
