Comunidades indígenas desplazadas por los paramilitares y demandadas por los militares, no es TNT es Colombia


Este nueve de marzo fueron liberados los militares retenidos por la Guardia Indígena en Chocó luego, del desplazamiento, el 8 de marzo por los paramilitares de 17 familias, 62 personas, del resguardo indígena Quebrada Borbollón

Los militares fueron entregados a la comisión de la Defensoría del Pueblo y se encuentran en buenas condiciones físicas y psicológicas.

Los nueve militares fueron retenidos el 8 de marzo por la Guardia Indígena de la comunidad Consuelo Bajo en la vía Quibdó – Medellín, luego de la incursión paramilitar que produjo el desplazamiento y dejó dos heridos de la comunidad

La liberación de estos militares se dio según, el comandante de la Séptima División del Ejército, general Juvenal Díaz, luego de negociaciones adelantadas con delegados de la Defensoría del Pueblo, la Iglesia católica y líderes sociales. Los militares, serán sometidos a exámenes médicos y psicológicos para descartar cualquier situación.

El general Eduardo Zapateiro, comandante del Ejército Nacional, señaló que los militares hacen parta de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán y fueron abordados por los indígenas en la vía Quibdó – Medellín y ratificó que para el ejército se trata de un secuestro:

“Es un secuestro cuando alguien detiene a los soldados en esas labores que son constitucionales. Somos respetuosos de sus situaciones especiales que manejan los indígenas y por eso le di órdenes al general Juvenal para que fuera personalmente a manejar esta situación con el gobernador indígena”.

Sin embargo, el gobernador del resguardo indígena El Consuelo en el Carmen de Atrato (Chocó), Alfonso Queragama, se pronunció ante los hechos y aseguró, a RCN Radio, que no se trata de un secuestro. Además, cuestionó la forma de actuar de los militares en esa región del país, tras las denuncias de las comunidades nativas sobre atropellos cometidos por parte de la fuerza pública.

“Esto no es secuestro. La verdad es que mientras que el coronel del Chocó habla del secuestro, ellos nunca se pronuncian de las heridas que han causado a la Guardia Indígena y eso sí no se dice”, indicó el líder indígena.

El Gobernador indígena fue uno de los heridos que dejó el enfrentamiento que se presentó, así mismo el líder de la comunidad aclaró que los militares retenidos estaban persiguiendo a la población desplazada.

“Para nosotros no es fuerza pública quienes persiguen a la población desplazada, ahí no se presentó enfrentamiento en el resguardo ni en la comunidad, solamente hubo un tiroteo entre el grupo desconocido con la Guardia, la verdad es que no se tuvo combates”, explicó al medio.

“Ellos amanecieron en la casa sin estar amarrados. Con el apoyo de la Personería se les brindó comida y colchonetas a los soldados y nos dijeron que había amanecido bien”, confesó.

El Comandante explicó que los soldados si se encontraban en una misión y no detrás de la población desplazada, como afirmó Queragama.

“Aquí se monta toda la operación militar con toda la inteligencia y cuando están cerca a la ubicación de estos bandidos, dos indígenas entran donde se encuentra la tropa observando. Salen de ahí gritando hacia el Cabildo y se escuchan unos disparos de arma corta como una especie de advertencia. El sargento procede a llamar al comandante del batallón a decirle que los habían detectado, le comunican que se retire hacia la carretera porque ya no tenía propósito la operación y evitar problemas con los indígenas”, contó.

Respecto a la situación jurídica, Mateus manifestó que el Ejército demandará a las comunidades indígenas que estuvieron involucradas en esta desagradable situación.

“Esto se constituye en un delito, no hay ninguna norma que le permita a las autoridades indígenas retener personas contra su voluntad y menos funcionarios públicos. Pensamos con nuestros jurídicos que acá se configura el delito de secuestro, asonada, violencia contra servidor público y estamos revisando tortura. Vamos a poner las denuncias ante la Fiscalía General de la Nación”, puntualizó.

La retención tendría relación con el desplazamiento de 17 familias de la comunidad Consuelo Bajo, este 8 de marzo, tras la incursión de estructuras armadas al margen de la ley.

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