«Los crímenes cometidos en la Represa de Urrá cometidos por las AUC tenían el fin específico de controlar alimentos»: Mancuso en la JEP


Este lunes 15 de mayo se llevó a cabo la tercera Audiencia Única de Verdad en la Jurisdicción Especial para la Paz de Salvatore Mancuso, quien se conecta desde los Estados Unidos para demostrar ante el alto tribunal que actuó como punto de conexión entre la Fuerza Pública y los paramilitares.

En esta tercera jornada de diligencia judicial, Mancuso respondió sobre alianzas entre funcionarios, civiles, paramilitares y Fuerza Pública, la tercera práctica criminal paramilitar identificada por la JEP en el norte del país.

La diligencia se llevó a cabo en Montería, Córdoba, con presencia de víctimas de esta región en calidad de oyentes. Fue presidida por el magistrado Pedro Díaz, junto con las magistradas Heydi Baldosea y María del Pilar Valencia de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas.

Durante el inicio de la audiencia, Orlando Triana, víctima del paramilitarismo, entregó su testimonio de las acciones de los paramilitares en la Represa de Urrá, Córdoba, donde se registraron hostigamientos y desplazamientos a líderes comunitarios y gremiales.

Frente a este testimonio  sobre los crímenes cometidos en la Represa de Urrá, el excomandante del bloque norte de los paramilitares los reconoció y señaló que tenían un fin específico: controlar la alimentación.

«Hacíamos censos con el Ejército para controlar la alimentación. Asesinamos a campesinos y líderes indígenas señalados por las instituciones del Estado».

De igual forma, aseguró que era cierto que los hombres bajo su mando ejecutaban homicidios y se resguardaban tanto en la Policía como en la base militar de Tierralta: «Compartíamos inteligencia de manera conjunta. Es cierto que en operaciones como la de Tierradentro estábamos mezclados», dijo Mancuso.

Sobre asesinatos y desapariciones presentadas como bajas en combate por agentes del Estado reconocidos por el capitán (r) Daladier Rivera Jácome, uno de los 11 imputados por la Sala de Reconocimiento en el Subcaso Norte de Santander #Caso03, Mancuso indicó que: «al teniente Daladier Rivera, a principios de octubre de 1999, en Campo Giles, Tibú, se le entregaron tres guerrilleros muertos en combate por las autodefensas y fueron presentados por el Ejército como si fueran miembros de autodefensas».

Sobre varias masacres paramilitares cometidas en Tibú, Norte de Santander, en 1999, Mancuso señaló que ahí hubo coordinación con la Fuerza Pública: «en todas estas acciones hubo coordinación tanto con Policía como Ejército. Los pobladores pueden dar fe que convivíamos».

En relación a 14 masacres en la región de Montes de María, Bolívar, entre 1999 y 2001, Mancuso dijo: «efectivamente tuvimos coordinación en casi todas estas operaciones». En seguida, pasó a mencionar varios nombres de mandos del Ejército involucrados.

Mancuso detalló que para las coordinaciones de las masacres: «esos lazos, elementos de contacto y canales de comunicación [con mandos del Ejército] fueron dejados abiertos para que los comandantes [paramilitares] que teníamos sobre la zona lo hicieran directamente».

Se conoció durante esta audiencia que para la realización de las masacres del Aro y La Granja se tuvo un año de coordinación antes de la operación.

Sobre la masacre de Pavarandó, en el Urabá chocoano en 1998, Mancuso afirmó que «esto se hizo con la Brigada 17 con el comandante de la brigada, para ese momento; ya no estaba Rito Alejo, no recuerdo con exactitud. Pero sí hubo coordinaciones y se trabajó conjuntamente».

En ese sentido y con respecto a las acciones conjuntas con Fuerza Pública, Mancuso dijo que «eran acciones que hacían parte de un plan de lucha contra la guerrilla en ese momento. (…) Hicimos operaciones grandes entre Ejército y autodefensas, como mil hombres de un lado y mil del otro. Había un plan coordinado. Es imposible mover mil hombres en una zona si no hay un plan coordinado con la Fuerza Pública».

Otro tema que referenció Mancuso fue el tráfico de armas para las autodefensas: «Los fusiles que se trajeron fueron por compra directa a una fábrica Arsenal, que nunca se ha investigado. Allí participaron el capitán Rojas y Humberto Ágredo».

De estas relaciones entre Fuerza Pública (Ejército y AUC), Mancuso dejó bien claro que «había una solidaridad de cuerpo [en Justicia Penal Militar]. Intentaban desvirtuar cualquier tipo de prueba porque a nosotros se nos pedía que actuáramos para que esas pruebas, que podían implicarlos, no salieran a la luz pública». Con razón la verdad siempre estuvo bajo las sombras y el silencio sepulcral.

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