Los grupos armados ilegales controlan la vida de la población: Human Rights Watch. Ejecuciones, trabajo forzado y reclutamiento infantil en Arauca (Colombia) y Apure (Venezuela) son pan de cada día según la organización internacional
Los Grupos armados ilegales imponen su ley en una amplia franja de la frontera entre Colombia y Venezuela, a ambos lados, donde amenazan a los habitantes con castigos que van desde multas o trabajos forzados hasta la muerte, alertó este miércoles un informe de Human Rights Watch (HRW), en el que se concluye que los grupos armados en ambos lados de la frontera imponen una serie de normas asociadas con las leyes que habitualmente sancionan y hacen cumplir los gobiernos. Estas normas incluyen toques de queda; la prohibición de delitos como la violación sexual, el robo y el homicidio; y la reglamentación de actividades cotidianas como la pesca, el pago de deudas y hasta el horario de cierre de bares. En algunas zonas, los grupos prohíben usar cascos a quienes circulan en motocicleta para que los miembros de los grupos armados puedan verle el rostro a las personas que circulan. Los grupos extorsionan prácticamente a todos los residentes para quitarles dinero.
«Los residentes en Arauca y Apure viven con miedo, ya que los grupos armados reclutan a sus hijos e imponen sus propias reglas, amenazan a los residentes y castigan a quienes desobedecen, incluso con asesinatos o meses de trabajo forzado en los campos», dijo el director ejecutivo para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, en un informe de 69 páginas que será presentado hoy en Bogotá y en el que se advierte que esto es parte de la estrategia de estos grupos para controlar la vida social, política y económica de Arauca y Apure, y que casi siempre quedan en la impunidad.
Human Rights Watch también ha recibido señalamientos creíbles de homicidios perpetrados por grupos armados en Apure, aunque las autoridades venezolanas no han divulgado estadísticas confiables ni completas sobre las muertes ocurridas allí.
Los grupos armados en Arauca y Apure también castigan a los residentes con trabajo forzado. Los obligan a trabajar sin recibir pago alguno, a veces durante meses, en actividades como agricultura, limpieza de caminos o cocinando en los campamentos de los grupos armados, que suelen estar en Venezuela. En el informe se lee el siguiente testimonio: “Acá se hace lo que ellos dicen, o uno se muere”, nos dijo una residente que se desplazó de su vereda tras ser amenazada por un grupo armado. “Las reglas son… no se le puedo hablar al Ejército, no se puede salir tarde en la noche. Y si no las cumplimos, el objetivo o la pena es muerte”.
HRW señala que si bien las autoridades colombianas han intentado contrarrestar el poder de los grupos armados, la impunidad sigue siendo la norma y la protección para los residentes es insuficiente. Hasta septiembre, la Fiscalía General de la Nación de Colombia había obtenido condenas en apenas ocho casos de homicidio cometidos en Arauca desde 2017, de un total de más de 400 que estaban bajo investigación. Ninguno de los condenados eran miembros de grupos armados. Las autoridades tampoco habían condenado a miembros de grupos armados por otros delitos como violación sexual, amenazas, extorsión, reclutamiento de menores, desplazamiento forzado o el delito penal de “desaparición forzada” en casos cometidos desde 2017.
La investigación de Human Rights Watch sugiere que es improbable que la situación en Arauca mejore si el gobierno colombiano sigue enfocando su estrategia en enviar militares, sin al mismo tiempo fortalecer el poder judicial, reforzar la protección de la población y adoptar medidas para asegurar un acceso adecuado a oportunidades económicas y educativas y a servicios públicos. A su vez, la implementación de planes de desarrollo local conocidos como “Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial” (PDET) —en especial aquellos vinculados con el fortalecimiento del poder judicial, la protección de líderes comunitarios y la provisión de oportunidades económicas y educativas— podría contribuir a contrarrestar el poder de los grupos armados y prevenir violaciones de derechos humanos en Arauca.
