Luis Fernando Velasco, a responder ante la contraloría por presuntas irregularidades en la construcción de viviendas en Mocoa, Putumayo.

El ente de control abrió un proceso de responsabilidad fiscal por irregularidades en dos contratos para la construcción de viviendas que serían destinadas a los damnificados por la avalancha registrada en 2017.


A raíz de las irregularidades evidenciadas en la ejecución de dos contratos de obra que tenían por objeto la construcción, en Mocoa, Putumayo, de 909 viviendas que hacían parte del proyecto Sauces II, la Contraloría General de la República abrió un proceso de responsabilidad fiscal en cuantía total de $ 24.315 millones.

Según el ente de control fiscal, se han detectado irregularidades en el manejo de fondos públicos por parte de seis exdirectores de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos, UNGRD. Tres de ellos  hacen parte del gobierno de Gustavo Petro.

Se trata del exdirector de esa entidad y ahora ministro del Interior, Luis Fernando Velasco; Olmedo López, quien estuvo a cargo de dicho organismo desde marzo de 2023 hasta febrero de este 2024, y Javier Pava, quien también fue director de la UNGRD desde el 17 de agosto de 2022 hasta marzo de 2023.

Asimismo, están vinculados como señalados responsables Fernando Carvajal Calderón, en calidad de director de la UNGRD, desde el 28 de abril de 2022 hasta la fecha del hallazgo fiscal; Eduardo José González, director de la UNGRD desde el 10 de agosto de 2018 hasta el año 2022; Gerardo Jaramillo Montenegro, director encargado de la entidad desde el 07 de febrero de 2020 hasta la fecha del hallazgo; y Juan Carlos Orrego Ocampo subdirector general de la UNGRD, desde el 25 de septiembre de 2018 hasta el 15 de enero de 2020.

El Consorcio Mocoa 2019 integrado por Arquitectos Ingenieros Contratistas, Aicon S.A.S; Constructora Muraglia S.A. y la Corporación Ambiente Colombia, también fue vinculada a la investigación.

Las irregularidades evidenciadas por el ente de control tienen que ver con la ejecución de dos contratos de obra, que tenían por objeto la construcción de 909 viviendas que hacían parte del proyecto Sauces II; Uno para la construcción de 436 viviendas y el segundo para la construcción de otras 473.

Tales contratos se derivan del Convenio Interadministrativo N.º 9677 PPAL001- 217-2017 Proyecto Sauces II, celebrado en el marco de la Declaratoria de Emergencia, como consecuencia del déficit de vivienda para los damnificados de la trágica avalancha que se produjo en la capital del Putumayo el 31 de marzo de 2017.

Por estas irregularidades, la entidad determinó un daño inicial por la suma de $ 18.566’888.997, los cuales, no se ven reflejados en la ejecución de las viviendas que aún no han sido entregadas.

Adicionalmente, la Contraloría señala que como consecuencia de la no entrega oportuna de las viviendas que integran el Proyecto Sauces II, se ha causado, un detrimento patrimonial, por la prolongación en el pago de subsidios que se han tenido que continuar reconociendo a los damnificados beneficiados con este proyecto. Este daño está estimado inicialmente en la suma de $5.748.316.667.

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