Luis Miguel Ávila, exfuncionario de laURT en el gobierno Duque habría efectuado presuntos cobros a cambios de contratos en la unidad. 

Luis Miguel Ávila, exfuncionario de la Unidad de Restitución de Tierras  en el gobierno Duque habría efectuado cobros a cambios de contratos.

La corrupción heredada del gobierno Duque sigue apareciendo. A través de su cuenta de Twitter, el actual secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga Franco, anunció que puso en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación un posible acto de corrupción en la Unidad de Restitución de Tierras por parte de Luis Miguel Ávila, exfuncionario de la unidad en el gobierno de Iván Duque. Según la denuncia de Idárraga, Ávila habría efectuado presuntos cobros a cambio de contratos en la unidad.

De acuerdo con la denuncian el exfuncionario de la  URT cobraba el 10% del salario a sus subalternos: » Son 16 transacciones por $3.923.000 que aportaron dos denunciantes, contratistas de la Unidad de Restitución cuando Luis Miguel Ávila trabajaba en esa entidad. He informado de esta conducta al director Germán Bula Escobar, para que tomen las medidas del caso. No toleraremos corruptos en el gobierno”, señalo el  secretario de Transparencia. 

“Toda vez que los funcionarios que estarían solicitando y recibiéndolos dineros de que tratan los hechos relatados en la denuncia anexa y las evidencias allí incluidas, estarían constriñendo a los contratistas para que estos tuviera que dar comisiones sobre sus honorarios, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria derivada ante la presunta falta de sus deberes como servidores públicos”, se puede leer en un documento que Idárraga envió al fiscal Francisco Barbosa.

El funcionario también anotó que estas conductas de Ávila fueron puestas en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación por la secretaria General de la Unidad de Restitución de Tierras, Jaqueline Campo.

Los testimonios de los denunciantes

“Entré a trabajar el 20 de enero en el grupo de financiera, entré con la condición de dar una cuota del 10 por ciento del valor del contrato, lo cual me pareció muy desagradable, pero terminé aceptándolo por la necesidad, ya que soy padre cabeza de familia. La persona que me dio entrada a mí y a varias personas con esa condición hacía parte de la coordinación, pero ya no se encuentra”, dijo uno de los denunciantes, según lo citan en Cambio.

Otro de los denunciantes, según se advierte en el documento allegado a la Fiscalía, cuenta que el 28 de octubre de 2021 fue contactado por Jesús Andrey Sapuy Parra, que le ofreció trabajo de archivador. Sin tener ni la experiencia ni el conocimiento en esta área, el denunciante aceptó el puesto y, el día de la firma del contrato fue abordado por Sapuy Parra para pedirle ‘una comisión’ sobre su sueldo:

“Llegando a firmar el día del contrato me aborda él mismo y me dice que para trabajar teníamos que dar una suma de dinero a unas personas, entre esas personas estaba el señor Luis Miguel Ávila Colorado. Yo, con mi necesidad, dije que sí”.

El denunciante advirtió, entonces, que en su primer pago, en diciembre de 2021, le pidieron un millón de pesos. Suma que aumentó en 2022, pues según denuncia le pidieron el doble: dos millones de pesos.

“Al año siguiente (2022) nos dieron el empleo, pero con las mismas condiciones, ya no era un millón, teníamos que pagarle al señor Luis Miguel Ávila dos millones de pesos, lo cual pagamos a cuotas de 250.000 pesos”.

El ciudadano también denunció que pese a la salida de Ávila de la Unidad de Restitución de Tierras, este les envió un mensaje a sus víctimas a través de Sapuy Parra: debían seguir pagando.

Esta practica miserable de quitarle el sueldo a los contratistas o subalternos se volvió común en todas las instancias del gobierno nacional , sin excluir gobernaciones, alcaldías , concejo y asambleas. Hoy muchos políticos viven de sus «honorarios» y de los sueldos de los demás, sin contar de las coimas que «ajustan»