La posible liberación de miles de presos llega tras años de encarcelamiento, denuncias de tortura y familias destrozadas por el régimen de excepción.
Cuatro años después del inicio del régimen de excepción impulsado por el presidente Nayib Bukele contra las pandillas, miles de familias continúan esperando noticias de sus seres queridos encarcelados. El anuncio gubernamental de una posible liberación de detenidos ha despertado una mezcla de esperanza, tristeza y desconfianza entre las madres que, desde hace años, buscan respuestas sobre la situación de sus hijos.
Un reportaje publicado este 19 de octubre por el diario español EL PAÍS y otros medios, recoge los testimonios de mujeres que han visto cómo sus hogares se desintegraron tras las detenciones. Para muchas, la posibilidad de que sus familiares recuperen la libertad representa una esperanza, pero también plantea una pregunta dolorosa: ¿qué encontrarán cuando salgan de prisión?
La política de seguridad salvadoreña comenzó a aplicarse en marzo de 2022, después de una escalada de homicidios atribuida a las pandillas. Desde entonces, las autoridades han detenido a más de 90.000 personas, según los balances citados por medios internacionales. Aunque el Gobierno defiende la estrategia por sus resultados contra las estructuras criminales, organizaciones de derechos humanos han denunciado detenciones arbitrarias, torturas, muertes bajo custodia y vulneraciones al debido proceso.
Una madre que perdió a sus dos hijos en medio del régimen
Entre los testimonios recogidos por la prensa está el de Gladis Álvarez, una mujer de 53 años cuyos dos hijos fueron capturados en 2022, acusados de colaborar con pandillas. La detención de ambos cambió radicalmente su vida y la de su familia.
Según relató, uno de sus hijos murió después de permanecer encarcelado durante aproximadamente un mes y medio. Su cuerpo fue entregado a la familia con lesiones que, de acuerdo con su testimonio, evidenciaban posibles actos de tortura. El caso fue presentado ante Naciones Unidas, según la organización salvadoreña Socorro Jurídico Humanitario.
Álvarez también contó que su esposo cayó en una profunda depresión tras las capturas y posteriormente falleció. Sus nueras se marcharon con sus hijos, por lo que la mujer terminó enfrentando sola las consecuencias de la tragedia familiar.
Su otro hijo continúa privado de la libertad y espera que su proceso judicial avance. Para ella, la posibilidad de una excarcelación llega después de años de sufrimiento y sin garantías de que la vida pueda reconstruirse.
Viajes, gastos y familias separadas
La situación de Mirna Urías refleja otra dimensión del drama. Cada quince días realiza largos desplazamientos para llevar alimentos y productos de higiene a su esposo y a su hijo, ambos encarcelados durante el régimen de excepción.
La mujer trabaja en labores agrícolas para reunir el dinero necesario para esos viajes y los paquetes que entrega en las cárceles. Los gastos afectan su economía, mientras la ausencia de sus familiares transforma las relaciones dentro del hogar.
Su esposo ya fue condenado a 30 años de prisión, de acuerdo con su relato al diario español, y su hijo espera una audiencia. Aunque quisiera tenerlos nuevamente en casa, teme que el tiempo transcurrido haya cambiado de manera irreversible sus vidas.
Otras madres comparten esa preocupación: algunos detenidos podrían recuperar la libertad sin encontrar a sus parejas, sin mantener el vínculo con sus hijos o sin contar con oportunidades laborales. A ello se suma el temor a que continúen bajo sospecha o vuelvan a ser detenidos.
Dudas sobre el plan de excarcelaciones
El anuncio de Bukele contempla una evaluación de casos para permitir la salida de una parte de los detenidos. De acuerdo con la información publicada por medios de comunicación internacionales, el mandatario habló de una comisión que revisaría expedientes y podría beneficiar a unas 5.000 personas, aunque sus declaraciones iniciales habían generado expectativas de un alcance mayor.
La propuesta ha provocado interrogantes entre abogados consultados por el periódico, quienes afirmaron no haber recibido información oficial sobre el funcionamiento de esa instancia. Los juristas también cuestionaron la base legal de un mecanismo que podría incidir en decisiones relacionadas con la libertad de personas condenadas o procesadas.
Según los abogados citados, las decisiones judiciales deben respetar los procedimientos establecidos en la legislación salvadoreña y las competencias de jueces, fiscales y defensores. La incertidumbre persiste entre las familias que desconocen si sus seres queridos serán incluidos en una eventual revisión.
El debate sobre las excarcelaciones se produce en medio de una discusión más amplia sobre los resultados y los costos humanos de la estrategia de seguridad de Bukele. El Gobierno atribuye al régimen de excepción la reducción de la violencia de las pandillas, mientras organizaciones defensoras de derechos humanos advierten sobre los riesgos de las detenciones masivas y los procesos colectivos.
Un reportaje anterior en varios medios de comunicación, publicado en mayo, documentó cómo grupos de madres comenzaron a organizarse para buscar información sobre sus familiares y reclamar respuestas a las instituciones. La organización colectiva se convirtió en una forma de acompañamiento frente a la falta de información y la incertidumbre penitenciaria.
Para estas mujeres, la eventual salida de sus hijos, esposos o hermanos sería una noticia esperada durante años, pero no eliminaría automáticamente las pérdidas económicas, la separación de los niños, el duelo ni las consecuencias emocionales del encarcelamiento.
La expectativa se mantiene, mientras las familias esperan conocer los criterios de selección y las condiciones de una posible liberación. En sus testimonios queda una preocupación común: recuperar la libertad puede ser el comienzo de una nueva etapa, pero no significa que el daño causado durante años de separación desaparezca.
