Cerca del 60 por ciento de los consultados —entre oficialistas, independientes y opositores— considera que la prioridad del próximo Gobierno debe ser recuperar el poder adquisitivo, afectado por la política económica del líder ultraderechista.


Un sondeo nacional de la consultora CEOP Latam, dirigida por Roberto Bacman, ha revelado que un 52 por ciento de los argentinos se identifican como opositores al Gobierno de Javier Milei. La investigación muestra un tablero político dividido donde el 32% se percibe oficialista y un 15.1 por ciento se define como independiente, consolidando una mayoría que rechaza el rumbo de la gestión libertaria de cara a las elecciones de 2027.

El bloque opositor reúne al 94 por ciento de los votantes de Sergio Massa en las elecciones generales de 2023, al 69 por ciento de quienes respaldaron a fuerzas alternativas, al 15 por ciento de los electores del macrismo y a un 18 por ciento de ciudadanos que eligieron al propio Milei, el fenómeno de «fuga de votantes propios».

Un 57.5 por ciento de toda la sociedad (incluyendo oficialistas, independientes y opositores) exige que el principal objetivo del próximo Gobierno sea la recuperación del poder adquisitivo, un área duramente golpeada por la política económica del presidente ultraderechista.

La corrupción (9 por ciento) o la meta de inflación a cero van a un plano secundario ante la necesidad de recuperar el ingreso. En el grupo puramente opositor a Milei, el reclamo de recomponer ingresos sube al 74 por ciento.

El sondeo muestra que el constante endeudamiento en los hogares representa un costo político directo, ya que un 99 por ciento de los críticos responsabilizan a la Administración de Milei por la acumulación de deudas de los hogares y un 97 por ciento exige la intervención del Estado para resolver la situación, un reclamo diametralmente contrario a la ideología libertaria de Milei, férreo enemigo de la gestión estatal.

En resultados relativos a otras áreas, un 62.6 por ciento prioriza la defensa de la soberanía nacional frente a un 33.5 por ciento que respalda una apertura irrestricta.

En el sector puramente opositor a Milei, la defensa de la soberanía argentina llega al 97 por ciento. En ese grupo, la privatización o extranjerización de recursos promovida por el Ejecutivo libertario genera un rechazo absoluto y un 97 por ciento sostiene que esa política «se pierde algo que debería quedar en manos argentinas»

La protección de la industria nacional registra un consenso general del 66.1% en la población y del 97% en la oposición, bloque que rechaza en un 97 por ciento la privatización o extranjerización de los recursos estratégicos frente a un 3 por ciento que prioriza el origen del capital si genera empleo.

De cara al escenario electoral de 2027, un 60.1 por ciento prefiere un cambio de rumbo político y económico: un 44 por ciento opta por un Gobierno de oposición en sentido contrario y un 16.1 por ciento busca una alternativa moderada que conserve aspectos actuales. Entre los independientes, el 58.5 por ciento exige una opción opositora moderada.

Un estudio divulgado días atrás, desarrollado por CEOP Latam, confirmaba el deterioro en la imagen del mandatario, situando la percepción negativa en 64.9% frente a un 35.1% de aprobación y marcando un saldo neto de -29.8 puntos, el registro más bajo de la gestión mileísta tras alcanzar picos de rechazo del 65% en agosto.

El 66% de los encuestados consideró que Milei no es patriota, configurando una grieta identitaria centrada en la pertenencia y el sentir nacional. En materia internacional, el 44.4 por ciento de los argentinos prefiere una política exterior cercana a Brasil y a la región, frente a un 25.8% que respalda la alineación con Estados Unidos de Donald Trump.

Sumado a quienes prefieren el no alineamiento, el rechazo al eje proestadounidense alcanza el 69.8 por ciento, mientras que el 68.6% de los participantes cree que al presidente no le importan las Islas Malvinas.

El vínculo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) profundiza el descontento, registrando una imagen negativa del 64.4 por ciento y un desacuerdo del 60.7 por ciento respecto a la cercanía del Ejecutivo con el organismo financiero.

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