¡Mayo de 2021 el mes que nunca debemos olvidar! 


El 28 de abril del 2021 fue una fecha significativa para el movimiento social y las expresiones populares en Cali y otras ciudades y capitales del país: a partir de ese día y durante aproximadamente mes y medio, las calles del país permanecieron bloqueadas por ríos de gente que a diario  se movilizaron  rechazando la Reforma Tributaria que el gobierno de turno adelantaba en su momento; aunque esa fue la gota que derramó el vaso, porque el descontento con el gobierno de Iván Duque fue lo que realmente movilizó a los colombianos. 

Sin embargo, sería mayo, el mes imborrable para Cali.

Dicha ‘Ley de financiación’, como le llamó el entonces Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla  a su propuesta de Reforma Tributaria, contenía una gran cantidad de tributos e impuestos cargados a las capas más bajas de la sociedad, entre esos el gravamen a varios productos de primera necesidad o de la canasta familiar. Un modelo tributario claramente regresivo para las clases trabajadoras que acarrearían los costos económicos que dejó la pandemia. 

En cuanto se conoció el contenido de la reforma en mención  se empezó a fraguar, entre el movimiento social de Cali y el país, un paro nacional indefinido que, en principio, superara los 3 – 4 días que duraron las manifestaciones iniciadas el 21 de noviembre de 2019 y que sirviera como ejercicio de presión para que la Reforma Tributaria no fuera implementada.

Casi dos meses duraron juventudes, organizaciones, sindicatos y ciudadanía en general en las calles. Sin embargo, la represión policial  y el tratamiento militar a la protesta social terminaron siendo la constante durante las jornadas.

Desde el mismo 28 de abril, comenzaron las avanzadas de la Fuerza Pública en su conjunto para repeler las protestas. Si bien fueron alrededor de 80 homicidios, en su mayoría atribuidos a agentes de la fuerza pública a nivel nacional, fue en Cali donde se evidenció una tragedia de mayores dimensiones.

El primer asesinado fue identificado como Jeisson García, de tan solo 13 años de edad, quien murió en el hospital Carlos Holmes Trujillo en el oriente de la ciudad, por varios impactos de bala. Homicidio atribuido al Escuadrón Móvil Anti Disturbio – ESMAD. 

Ese mismo día sería asesinado, por un patrullero de la policía,  Marcelo Agredo Inchima. El uniformado  luego de recibir una patada por la espalda de Marcelo, no lo pensó dos veces para desenfundar el arma y dispararle, por la espalda ,al joven de tan solo 17 años, a los ojos de varios vecinos del barrio Mariano Ramos -contiguo al punto de bloqueo Puerto Resistencia – y con el registro de las cámaras de seguridad. 

Con dos días de transcurrido el paro, ya se registraban alrededor de 6 muertos a nivel nacional, 4 de ellos en Cali.

Pasados 4 días de manifestaciones nacionales ininterrumpidas empezaba mayo, un mes en el que, tal y como había cerrado el anterior, no iban a parar las arremetidas de la fuerza pública y civiles para repeler las protestas. A medida que la indignación y el dolor crecían en los manifestantes, más se movilizaba  la gente en las calles.

Las velatones, la ‘Universidad pal barrio’, la olla comunitaria, jornadas artísticas, murales, clases de danza, las bibliotecas comunitarias y partidos de fútbol sobre las avenidas, eran parte del repertorio que contenía el Paro Nacional en Cali.

Sumado a ello, el ‘Día del trabajador’ le regalaba a la ciudadanía, volcada a las calles, un impulso para continuar el descontento popular: Un mar de gente volvió a marchar.

Desde de todos los rincones de la ciudad cientos de caleños se movilizaban en masa para llegar a la ‘Loma de la Dignidad’, cuyo nombre real es la Loma de la Cruz . Ese día se dieron atisbos del tratramiento militar que se agudizaría en Cali:

Helicópteros de la fuerza pública sobrevolaban el sector de manera amenazante e intimidante frente a la concrentración. 

Ese mismo primero de mayo, empezó la masacre. El primer asesinado fue Yeinson Andrés Ángulo, de 24 años de edad en el sector de Paso del Comercio convertido en ‘Paso del Aguante’, tal y como lo renombraron los manifestantes en su momento. 

El mismo día fueron asesinados Andrés Rodríguez, y Santiago Moreno Moreno, de 23 años, que fue asesinado en la manifestación que terminó en la ‘Loma de la Dignidad’.

El 3 de mayo se recuerda como una de las noches más tenebrosas para Cali y para la comuna 20  zona de ladera sector conocido como ‘Siloé’.

Luego de una ‘velatón’ en homenaje a las víctimas caídas hasta dicho momento, una avanzada coordinada entre el ESMAD, la Policía y GOES, acabaría con la vida de Kevin Anthony Agudelo, José Emilson Ambuila y Harold Antonio Rodríguez Mellizo. Este último recibió un disparo de fusil que le atravesó su rostro.  Además, el operativo, desplegado también en otros puntos de bloqueo, dejó alrededor de 20 heridos en el sector y 2 muertos más en otros sectores de la ciudad. 

Un día antes había sido asesinado Nicolás Guerrero, de 22 años de edad, en el sector de ‘Paso del Comercio’, luego de  que un disparo con arma de fuego impactara en su cabeza.

Testigos del caso aseguran que en el momento de los hechos solo se encontraba el ESMAD como representación de la fuerza pública.

El empleo de armas distintas a las de dotación fue una de las constantes por parte de este cuerpo policial y otros agentes del estado. 

Este episodio se conoció como la ‘Operación Siloé’ u ‘Operación Zapateiro’, momento en el que el Comandante del Ejército Nacional promete, públicamente, retomar el orden de la ciudad de Cali «en menos de 24 horas»

Todo el mes de mayo en Cali estuvo manchado por sangre y violaciones a los derechos humanos, en el proceder de la fuerza pública. El 23 de este mes, dos jóvenes manifestantes del punto de bloqueo en ‘Siloé’ aparecieron asesinados en la recta que conduce de Cali al municipio de Palmira. 

Testigos y amistades que se movilizaron hasta el lugar, manifestaron que las autoridades se negaban a entregar los cuerpos o permitir su reconocimiento. Les aseguraron que la muerte se atribuyó a un accidente de tránsito. Sin embargo, las actas de defunción, entregada posteriormente, arrojarían que fue producto de un homicidio. 

Al 28 de mayo, un mes después del inicio del llamado ‘Estallido Social’ ya el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz – INDEPAZ y  otras organizaciones sociales, reportaban alrededor de 57  homicidios, de los cuales  21 pertenecían a la capital vallecaucana. 

Angie Johanna Valencia de 24 años de edad, Jhon Wainer Escobar de tan solo 16, Javier Uribe y Luis Hernán Ladino, entre otros, fueron también víctimas fatales de la represión del Estado durante este mes. 

El día de conmemoración de un mes del Paro Nacional fue uno de los más agitados y con mayor cantidad de hechos violentos. La movilización principal, que terminó en la Universidad del Valle con demostraciones artísticas y reivindicaciones políticas, fue testigo de una escena de terror provocada por los habitantes del ostentoso barrio de Ciudad Jardín, al sur de la ciudad, quienes dispararon indiscriminadamente contra manifestantes y desplegaron todo un operativo militar en la ciudad, usurpando funciones públicas y atentando deliberadamente contra la vida de manifestantes en su mayoría jóvenes. 

Más de 20 heridos y un joven músico de la Universidad del Valle y del movimiento artístico surgido en el marco del paro, el ‘Cacerolazo Sinfónico’ fue aprehendido, retenido y torturado por civiles en aparente compañía de miembros de la Policía Nacional. El joven se encontraba registrando con su celular el accionar de los civiles de Ciudad Jardín, autodenominados en su momento ‘gente de bien’. 

Ese día, en el sector de SIloé, horas después, se conoció el homicidio de Michael Andrés Aranda, de 24 años de edad, y el de Sebastián Jacanamijoy, al rayar la noche,  estudiante de la Universidad del Valle e integrante de comunidad indígena de la ladera de la ciudad, mientras protestaba en el barrio Meléndez, en otra triste jornada de manifestaciones para Cali.  El 28 de mayo se registraron 7 homicidios en la ciudad.

Al día siguiente, 29 de mayo, se registró uno de los casos más tenebrosos y que dan cuenta del alcance de la Fuerza Pública a la hora de enfrentarse a un descontento popular.

Por el sector de Siloé contiguo a un reconocido almacén de cadena, que minutos más tarde se consumiría en llamas, miembros del ESMAD retuvieron a un joven que terminaba su extensa jornada laboral y se dirigía hacia su casa. No participaba de las protestas. Sin embargo, sin causa alguna, fue herido con arma de fuego por parte de los uniformados y pese a los intentos de rescate por parte de manifestantes, Daniel Sánchez, murió.

El cuerpo del joven de tan solo 16 años fue encontrado totalmente incinerado dentro del centro comercial por donde se movilizaba a la hora de su captura. El cuerpo, según familiares, mostraba signos de tortura y un disparo. Las autoridades atribuyeron el homicidio a las quemaduras que sufrió el cuerpo de Daniel. 

Finalizado el paro nacional, INDEPAZ registró un total de 80 homicidios a nivel nacional, de los cuales 44 fueron en Cali y 23 de ellos durante el mes de mayo. La regional sur occidente de la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes registró 84 en total a nivel nacional.

El Tribunal Popular en SIloé, instancia de justicia alternativa y popular surgida para condenar al Estado en su conjunto por su responsabilidad en los hechos del Paro Nacional, registró 18 hechos violentos que arrojaron 159 víctimas en total entre el 28 de abril y el 12 de junio del año 2021.

La organización Temblores y la Corte Interamericana de Derechos Humanos -CIDH, registraron 2.110 casos de violencia policial, 1.055 detenciones arbitrarias, 362 víctimas de violencia física, 443 intervenciones violentas a manifestaciones pacíficas, 113 casos de disparos con armas de fuego, 16 agresiones sexuales y 30 víctimas de agresiones oculares irreversibles. 

Aunque diferentes instancias, organizaciones y colectivos de abogados han hallado culpables a agentes del Estado y miembros de la Fuerza Pública en los hechos detallados en el presente artículo, solo hay 4 casos abiertos contra servidores públicos: El patrullero Wilson Orlando Esparragoza Corcho, acusado de acabar con la vida de Miguel Ángel Pinto en ‘Puerto Resistencia’; el Teniente Néstor Fabio Mancilla Gonzaliaz, comandante del Grupo de Operaciones Especiales – GOES; el coronel Edgar Vega Gómez, en su momento comandante operativo de la Policía Metropolitana de Cali y al patrullero Luis Ángel Piedrahita por haber acabado con la vida de Marcelo Agredo de 17 años en el barrio Mariano Ramos.

El Paro Nacional dejó lecturas que dan cuenta de la sociedad en la que vivimos: cientos de jóvenes encarcelados por protestar, muchos de ellos por falsos postivos judiciales, mientras de manera paralela no ha habido una sola reparación o señal de justicia por los autores de la masacre relatada.

El fragor de la lucha durante casi dos meses que sirvió para rechazar una reforma tributaria contraproducente para el país, refrendó aquella frase del candidato presidencial liberal

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