Emiliano Andrade Covarrubias murió en un centro de procesamiento en Laredo, Texas. Con él son 18 los mexicanos fallecidos en manos de la policía migratoria durante el segundo mandato de Donald Trump.
El Gobierno de México presentará una nueva denuncia ante las autoridades de Estados Unidos por la muerte de otro connacional bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). La presidenta Claudia Sheinbaum lamentó este lunes, en su conferencia de prensa matutina, la muerte del migrante en un centro de procesamiento de Laredo, Texas. Señaló que la atención médica que recibió el detenido durante su encierro será uno de los puntos centrales del caso.
“Este compatriota fue detenido en junio y la familia, lo que nos dijo, es que él sufría de diabetes e hipertensión y, probablemente, no tenía todos los medicamentos”, dijo la mandataria desde Palacio Nacional.
Con esta muerte suman 18 los mexicanos fallecidos bajo custodia del ICE desde que Donald Trump volvió a la Casa Blanca. Esta cifra se ha convertido en uno de los temas más delicados de la relación bilateral, en un momento en que Washington ha endurecido su política migratoria.
El congresista demócrata por Texas Henry Cuéllar confirmó al periódico The Texas Tribune que el fallecido se llamaba Emiliano Andrade Covarrubias y tenía 56 años. Según el legislador, la muerte se confirmó el sábado a las 10 de la mañana. Los guardias del Centro de Procesamiento Río Grande lo encontraron inconsciente durante una revisión de rutina.
Su hija, Estefani Andrade, de 29 años y ciudadana estadounidense, dijo al mismo diario que la familia iría al centro de detención este lunes para recoger las pertenencias de su padre. Por ahora, las autoridades estadounidenses no han informado públicamente la causa oficial de la muerte.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó el domingo en un comunicado que “solicitó a las autoridades estadounidenses una investigación pronta, exhaustiva y transparente” sobre lo ocurrido. La Cancillería recordó que el Gobierno de Sheinbaum “ha emprendido acciones diplomáticas y jurídicas, incluidas notas diplomáticas al Departamento de Estado, denuncias ante las autoridades competentes y gestiones para facilitar el acceso” de las familias de los migrantes a asistencia legal.
El caso de Andrade Covarrubias se suma a la batalla legal que el Gobierno mexicano ha intensificado por las casi 20 muertes de connacionales en manos de la policía migratoria estadounidense. En agosto, el canciller Roberto Velasco informó que hasta ese momento se habían presentado 20 denuncias ante autoridades de Estados Unidos y que solo cuatro habían recibido respuesta.
Además, la mayoría de esas respuestas han sido solo un trámite. Cuatro fiscalías estatales (Illinois, California, Texas y Florida) y cuatro fiscalías de distrito (Oxnard, San Bernardino, Chicago y Atlanta) se limitaron a acusar de recibido las denuncias. No han dado ninguna postura sobre el fondo de los casos.
La única respuesta de fondo vino de Florida, y no favoreció a la parte mexicana. El Ministerio Público local respaldó la actuación del ICE en el caso de Royer Pérez, un joven de 19 años y la víctima mexicana más joven de esta lista.
Pérez fue detenido en enero en el condado de Volusia, en el norte de Florida. Se le acusó de suplantación de identidad y de resistirse a la autoridad durante el arresto. Después fue trasladado a un centro de detención estatal, donde murió a pesar de los intentos por reanimarlo.
La versión inicial del ICE apuntaba a un suicidio. Sin embargo, un informe preliminar de la oficina forense local llegó a otra conclusión: se trató de un homicidio a manos de los guardias. Esa diferencia entre la versión oficial y el dictamen forense convirtió el caso en un ejemplo de las dudas que rodean las muertes bajo custodia migratoria. Aun así, la fiscalía estatal se puso del lado de la agencia federal.
La muerte de Andrade Covarrubias vuelve a poner en el centro del debate la atención médica dentro de los centros de detención migratoria. Según la información que su familia compartió con el Gobierno mexicano, el hombre padecía dos enfermedades crónicas, diabetes e hipertensión, que requieren tratamiento continuo y vigilancia constante. Sheinbaum dijo que probablemente no tenía todos los medicamentos que necesitaba. Esto será clave para determinar si hubo negligencia por parte de las autoridades que lo tenían bajo custodia.
El detenido llevaba unos tres meses en manos del ICE cuando murió. Para el Gobierno de México, este tiempo plantea preguntas sobre cómo se dio seguimiento a su estado de salud durante el encierro.
Mientras tanto, la red consular mexicana sigue atendiendo a las familias de las víctimas. Las autoridades de México insisten en que cada caso debe investigarse a fondo y que, si hay responsables, deben rendir cuentas. Por ahora, la mayoría de las denuncias presentadas no ha recibido más que un acuse de recibo.
