La Controlaría General de la República, abrió un proceso de responsabilidad fiscal, al encontrar irregularidades por más de 692 millones de pesos entre las bases de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil y el de las personas beneficiarias en el Registro Único de Víctimas.
En las investigaciones se conoció que habría pagos destinados a personas fallecidos, giros a personas no registradas y acreditación posterior a las indemnizaciones fueron algunas de las irregularidades por más de 692 millones, Está inspección se realizó durante el segundo semestre de 2021 para las vigencias de 2014 hasta el 2020.
De esta forma se establecieron 9 hallazgos administrativos, de los cuales 5 tienen posible connotación fiscal por $692.746.490,52, hay 8 con presunta incidencia disciplinaria, 7 son de carácter penal, 2 para solicitud de indagación preliminar por una cuantía estimada de $33.314.000, y 1 para proceso administrativo sancionatorio fiscal.
Ante esto el Contralor delegado para el posconflicto, Juan Carlos Gualdrón, dio a conocer que la Unidad de Victimas está realizando actos administrativos para legalizar los giros que se hacen a los bancos posterior a haber realizado la transacción del dinero, así mismo destaco que se constituye un hecho cumpliendo en términos de contrataciones público que afecto los recursos públicos que se hayan cumplido los requisitos o apropiaciones presupuestales previos.
Así mismo, se tiene evidencia de la deficiencia entre las bases de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil y el estado de las personas beneficiarias en el Registro Único de Víctimas. Dónde se identificaron que se habían realizado giros a personas fallecidas, reportadas a la Registraduría, antes de que se realizará la transacción.
El organismo de control realizará seguimiento a los recursos destinados a las personas sobrevivientes de hechos de violencia en el país, debido a que se encuentran en riesgo por las situaciones identificadas tras una actuación especial de fiscalización, que realizó la Contraloría Delegada para el Posconflicto y para la Inclusión Social.
De este modo, la investigación realizada por la Contraloría logró evidenciar que dichos pagos a los operadores bancarios fueron dirigidos a «beneficiarios fallecidos con anterioridad a la fecha de la transferencia».
